Guatemala deberá construir más de 5 mil kilómetros de líneas de transmisión y alrededor de 200 subestaciones durante los próximos 18 años para responder al crecimiento de la demanda eléctrica y a los cambios en la matriz energética, advirtió Ana Beatriz Sánchez, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Transportistas de Electricidad (AGTE).
La representante del sector, quien participó en una reunión en la Comisión de Energía Eléctrica del Congreso para conocer los avances de la iniciativa 66-65, explicó que el sistema de transmisión ha permitido sostener el suministro eléctrico, pero en varias regiones del país la infraestructura ya opera cerca de su límite, por lo que resulta necesario acelerar las inversiones para ampliar la red.
En ese contexto, señaló que el país debe avanzar en dos frentes: mejorar las condiciones de las licitaciones para atraer inversionistas y actualizar el marco legal para reducir los obstáculos que retrasan la construcción de las obras.
«Lo que se necesita es incrementar o acelerar el ritmo de las inversiones en infraestructura y realizar licitaciones con mayor frecuencia», afirmó Sánchez.
PIDEN APROBAR LA INICIATIVA 66-65
Sánchez también destacó la importancia de que el Congreso conozca y apruebe la iniciativa 66-65, Ley de Infraestructura Urgente para el Transporte de Energía, al considerar que la normativa contribuiría a resolver los problemas que actualmente retrasan el desarrollo de los proyectos de transmisión.
Según explicó, los cambios en la matriz energética y la creciente electrificación del país exigen actualizar las condiciones bajo las cuales se expande la infraestructura de transmisión, por lo que contar con un marco legal que agilice permisos y brinde mayor certeza jurídica resulta fundamental para ejecutar las inversiones que requiere el sistema.
I
INDE PROPONE CAMBIOS A LA INICIATIVA 66-65
El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) presentó una serie de observaciones al dictamen de la iniciativa de ley 66-65, Ley de Infraestructura Urgente para el Transporte de Energía, con el objetivo de fortalecer su viabilidad jurídica y facilitar la ejecución de los proyectos de transmisión.
Según la institución, el análisis se realizó desde una perspectiva constitucional y tomó en cuenta criterios derivados de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, así como aspectos relacionados con la normativa ambiental y el régimen de servidumbres de paso.
Como resultado, el INDE propuso modificaciones a entre nueve y diez artículos del dictamen, aunque señaló que los cambios más relevantes se concentran en los artículos 8, 9 y 10, por considerar que son los de mayor impacto para el desarrollo de la infraestructura.
En el artículo 8, la institución plantea precisar la naturaleza jurídica de la servidumbre legal, incorporando elementos técnicos que permitan delimitar su alcance sin modificar lo establecido en la Ley General de Electricidad.
Respecto al artículo 9, la propuesta busca simplificar los procedimientos para que los jueces puedan otorgar medidas cautelares de carácter preventivo, permitiendo a las empresas transportistas ingresar a los inmuebles donde se ubican las líneas de transmisión para realizar trabajos de operación y mantenimiento.
En cuanto al artículo 10, relacionado con la formalización de la servidumbre de paso, el INDE propone trasladar este procedimiento al ámbito judicial, en concordancia con lo establecido en el artículo 56 de la Ley General de Electricidad.
La institución también recomendó eliminar cuatro artículos del proyecto, entre ellos el artículo 12, que establece el arbitraje como mecanismo obligatorio para resolver conflictos entre transportistas y propietarios de los inmuebles.
A criterio del INDE, el Organismo Judicial ya cuenta con mecanismos que permiten resolver estas controversias sin generar costos adicionales para las partes.
Asimismo, propuso incorporar procedimientos que agilicen las notificaciones por edictos, la consignación y el pago previo, al considerar que son mecanismos que ya han demostrado su eficacia en otras normativas.
El INDE aseguró que las enmiendas fueron presentadas con el propósito de fortalecer el proyecto de ley y brindar mayor certeza jurídica a las inversiones necesarias para ampliar la red de transmisión eléctrica del país.
GOBIERNO PREPARA CAMBIOS A LA PET-4
Las propuestas del sector y los cambios que analiza el Gobierno fueron abordados este martes durante una citación en el Congreso de la República, a la que acudieron autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y el Administrador del Mercado Mayorista (AMM).
Durante la reunión, el ministro de Energía y Minas, Edwin Barrios, informó que la cartera trabaja en una serie de ajustes para hacer más competitiva la licitación del Plan de Expansión del Sistema de Transporte (PET-4), luego del escaso interés que despertó la PET-3.
Entre las modificaciones en análisis figura flexibilizar el tratamiento de los casos de fuerza mayor, establecer una metodología que permita reconocer las variaciones de costos durante la ejecución de las obras y revisar el esquema de garantías, uno de los principales señalamientos formulados por los potenciales oferentes.
Barrios enfatizó que las reformas deberán encontrar un equilibrio entre generar condiciones más atractivas para los inversionistas y resguardar los intereses del Estado.
«Hay que buscar los espacios para que los interesados se sientan motivados a participar, pero sin dejar desprotegido al Estado», afirmó.
Añadió que, de contar con el respaldo del Congreso, los cambios aumentarían las probabilidades de éxito de la próxima licitación.
Por su parte, el gerente del INDE, Armando Martínez, indicó que la institución analiza las lecciones aprendidas de los procesos anteriores para identificar mejoras que fortalezcan las futuras licitaciones y faciliten la participación de empresas interesadas, incluido el propio instituto.
En la misma línea, Ana Beatriz Sánchez, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Transportistas de Electricidad (AGTE), señaló que la PET-4 aún se encuentra en la fase de definición de proyectos y que las bases de licitación continúan en proceso de análisis entre el MEM y la CNEE.
Explicó que el sector ha presentado una serie de observaciones a las futuras bases de licitación, entre ellas una mayor flexibilidad en los plazos de ejecución, reglas más claras para los casos de fuerza mayor —incluidos los retrasos ocasionados por la tramitología—, una distribución más equilibrada de los riesgos y cronogramas de obra que respondan a la realidad de los proyectos.
