José Roberto Alejos Cámbara
En la columna pasada expliqué cuánto dinero se le dio a la Asociación de Dignatarios de la Nación, integrada por miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, y a cambio de qué. Cómo lo malgastaron, y cómo se limitaron a imponerles sanciones económicas después de un largo tiempo que le tomó a la Contraloría General de Cuentas elaborar el informe y sus hallazgos, el cual se hizo a solicitud de la Comisión Pesquisidora del Congreso de la Republica, presidida por Mario Taracena, por el caso que ellos mismos provocaron, viéndose obligado a incluir en la investigación este tema por la denuncia pública que este servidor presentara, respaldada por el también constituyente Víctor Hugo Godoy.
¿Cómo debió haber actuado realmente la Contraloría? Primero, verificar que estos fondos fueron dados a través de un convenio, y los fondos que se entregan de esa forma, deben ejecutarse en ese año y lo que no puedan ejecutar, devolverlo. En segundo lugar, debió verificar que esa Junta Directiva estaba autorizada por su Asamblea para firmar dicho convenio o, por lo menos, comprobar si efectivamente se celebró la Asamblea; informarse sobre cuántos constituyentes integran esa Asamblea y confirmar si fueron convocados, así como si hubo mayoría, si es que se realizó.
También se debió tomar en cuenta que los miembros de una asociación no pueden auto pagarse honorarios a menos que la misma les haya otorgado algún cargo administrativo o los haya autorizado a convertirse en consultores pagados.
¿Revisó la Contraloría que esos fondos no estaban contemplados en el presupuesto del Congreso de la Republica? Si la Junta Directiva autorizó un cambio de partidas internas, de qué rubro lo obtuvieron y si eso era legal. Es decir, la Contraloría en ningún momento estudió los delitos en que incurrió la Junta Directiva y mucho menos presentó una denuncia ante el Ministerio Público por dichos ilícitos cometidos.
Además de observar que la Contraloría no realizó la Auditoría si no es porque la solicitó la Comisión Pesquisidora, y que no llegó a la parte penal, lo que justifica el tiempo que se tomaron para entregar el informe, ya que tenían que encontrar cómo arreglarlo, quiero hacer la observación de porqué suceden esos hechos en este país.
Los Constituyentes, con toda la buena intención, creamos una asociación para cumplir con nuestro mandato de defenderla y divulgarla. La mayoría de Constituyentes, al observar que esta asociación no siempre era utilizada para esos fines, tomó la decisión de alejarse para no verse involucrados en las acciones enfocadas a otros fines que no eran precisamente defender y divulgar la Constitución. Es correcto que todos estos constituyentes decentes se alejaran, pero nadie presentó una denuncia ni tomó acciones para evitar que continuara ocurriendo.
En Guatemala, vemos que se cometen actos ilegales o por lo menos intentos de corrupción sin que se tomen medidas para detener esas prácticas y que las personas responsables paguen las consecuencias. Es mas fácil alejarse y no ser parte de ello. Esto sucede con el país. Las personas decentes simplemente prefieren apartarse, no hacer público lo que ven y menos presentar una denuncia. Esta apatía y falta de participación permite que los que se aprovechan de la situación continúen haciéndolo con tranquilidad.
Insisto, por lo menos entrémosle a la Reforma en materia de Justicia.
