Juan José Narciso Chúa
En el año 2020, el presupuesto del Estado se elevó considerablemente para generar un conjunto de programas que contribuirían a paliar la crisis económica que se proyectaba sobre la economía en su conjunto, pero principalmente sobre las personas y empresas más vulnerables ante la situación del COVID-19.
Ciertamente, se incrementaba el gasto público como una medida que apuntaba a utilizar el gasto público como herramienta de reactivación económica y así se configuraron el Bono Familia, el Fondo de Crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas e igualmente se dotaron de recursos a ministerios claves para enfrentar la crisis de salud en su momento.
Sin embargo, los fondos que se adjudicaron han tenido una ejecución bajísima, no hubo una buena gestión de los mismos, con lo cual el Bono Familia, “amenaza” con otorgarse en su tercera entrega todavía a estas alturas del año, cuando realmente si el mismo se hubiera trabajado ordenadamente, los pagos del bono ya deberían de haber sido solventados.
En el caso del Fondo de Crédito, nunca hubo información precisa sobre la colocación de dichos recursos, con lo cual hoy se va a hacer uso de dichos fondos para otras cuestiones. Un amigo empresario me contaba que él asistió con otros empresarios a una reunión para conocer los requisitos para movilizar dichos recursos y el oficial a cargo enumeró cada uno de dichos requisitos y todos los empresarios que estaban ahí, salieron decepcionados, incluso uno, le espetó a la persona a cargo de presentar dicho proceso, que eso de los fondos era un fraude, pues resultaba prácticamente imposible acceder a los mismos.
Con ello todo el conjunto de programas, no tuvieron el destino, ni el uso, ni el impacto que la situación económica requería, con lo cual su resultado fue negativo.
Hoy, en el actual presupuesto para 2021, que fue aprobado anoche, se vuelve a hacer lo mismo, asignando recursos para la emergencia tanto del COVID-19 como las secuelas del Eta y el Iota, pero esta situación únicamente ha incrementado el déficit fiscal otra vez, con lo cual deja la situación macroeconómica en condiciones de extrema fragilidad, no sólo por el incremento de la deuda, pero fundamentalmente, peligra el hecho de que Guatemala no pueda hacer frente a los pagos del servicio de la deuda que se presentarán en los siguiente años.
Pero más allá de la cuestión macroeconómica, la opacidad que ha sido la característica de este Gobierno y varios anteriores, únicamente deja en seria duda si los fondos van a utilizarse en lo que efectivamente se planificaron o nuevamente van a ir a parar a “caletas” de funcionarios, diputados, magistrados, empresarios o jueces que se convertirán en los nuevos millonarios del país, a costa de los recursos que deberían de ser para beneficio de la población.
El déficit fiscal de acuerdo a los indicadores internacionales, todavía se encuentra dentro del umbral en relación con el PIB, pero se incrementa en relación cuando se mide con los ingresos fiscales, pero el gran peligro es que en un momento determinado Guatemala no pueda honrar los compromisos de la deuda pública, tanto en intereses como capital y comisiones, lo cual provocaría una seria crisis económica para el país, si se cae en default derivado de falta de pago de compromisos adquiridos con la emisión y colocación de bonos del tesoro para financiar el déficit fiscal.
El peligro es latente, la situación es cada vez más difícil para una enorme cantidad de personas que han sido y serán mayormente afectados con la presencia de los fenómenos climáticos de Eta y Iota y si se continúa con la poca transparencia, que desafortunadamente es la constante, la situación política y social se agudizará. ¿Hasta dónde y cuánto aguantará la sociedad?
