Por: Lic. Luis Fernando Bermejo Quiñónez
@BermejoGt
lfernandobermejo@gmail.com
Revisando datos y estadísticas sobre el proceso electoral en Estados Unidos pude constatar algo que me llamó la atención poderosamente. Resulta que en este ciclo eleccionario las “pequeñas contribuciones” de personas individuales, catalogadas como aquellas que son menores a USD$ 200, totalizaron USD$ 636,514,927 en donaciones para las campañas presidenciales. De dicha cifra USD$ 268,172,675 fueron recaudados por la campaña de Donald Trump y USD$ 368,342,252 fueron recaudadas por la de Joseph Biden. En ambos casos las “pequeñas contribuciones” constituyeron más del 35% del total recaudado por ambas campañas.
Menciono que me llamó poderosamente la atención lo anterior porque habiendo seguido de cerca el proceso electoral pude constatar que la recaudación de cantidades menores era realizada incluso por redes sociales como Twitter o incluso por mensajes de texto SMS e incluso usando otras plataformas electrónicas. La facilidad con la que se puede donar es sorprendente. Las donaciones podían realizarse a través de tarjetas de crédito o de débito llenando un formulario electrónico corto otorgando datos de identificación y haciendo declaraciones sencillas sobre el origen de los fondos. Aportar a un partido político o a una campaña es simple y fácil para el ciudadano que quiere hacerlo.
En total contraposición, en Guatemala nuestra Ley Electoral y de Partidos Políticos en su artículo 21TER literal c) manda a que todo “financista político”, cualquier donante, deba tener un libro contable de contribuciones en efectivo y en especie, dependiendo de lo que dona al partido político. Dichos libros deben ser autorizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el trámite debe ser efectuado en persona sin que exista una plataforma electrónica por el cual pueda obtenerse la autorización. De la misma forma, para llenarlos debe usarse un formato complicado. Por lo tanto, la persona que quiera donar Q 10.00 a una campaña política para un diputado distrital, o bien, la señora que quiera donar unos “chuchitos” o “tostadas” para un mitin político, tiene que acercarse al TSE central o, si tiene suerte, a su sede municipal o departamental y obtener su libro autorizado y luego contratar un asesor contable o legal para poder llenarlos. Lo anterior es innecesariamente complicado y contraproducente.
Digo que es innecesariamente complicado porque lo importante es que el financiamiento privado de la política sea transparente y lo anterior no se consigue obligando a los financistas a tener un libro contable. Los partidos políticos son los que deben tener los controles adecuados y ser fiscalizados profundamente. Además, digo es contraproducente porque ante las complicaciones burocráticas lo que se causa es que empresas o personas físicas prefieren no ejercer su derecho ciudadano a apoyar al proyecto político de su elección. Adicionalmente, como se dice ocurrió la campaña pasada, ante la dificultad de obtener fondos transparente pero fácilmente, lo que ocurre es que las campañas se convierten en “campañas cash” y eso precisamente causa que el dinero corrupto e ilícito prolifere con sus consecuentes efectos nefastos en la democracia.
Ahora bien el sistema en EEUU tampoco es la panacea ya que desde el caso decidido por la Corte Suprema de Justicia Citizens United el dinero privado a través de Comités de Acción Política (los famosos PAC´s) se le han eliminados sus límites. También existen problemas de “dinero negro” a través de asociaciones opacas. Poco a poco se han reducido los límites a los aportes individuales a candidatos. Existe mucha discusión sobre la influencia del dinero en la política. Pero lo que hay que destacar es que para el ciudadano promedio es fácil poder aportar a los esfuerzos políticos.
Debemos estimular que el ciudadano se involucre en política, pero a la vez promover que los intereses corporativos hagan sus aportes transparentemente y tratar que los intereses ilícitos y el narcotráfico no se apoderen de la misma. Lo anterior no se logrará con los requisitos actuales, sino se logrará con medidas bien pensadas para eliminar el dinero en efectivo de la política y procurando que los aportes sean únicamente por medio de instituciones financieras que permitan el rastreo de fondos. La lucha contra el lavado de dinero nos puede dar lecciones sobre las medidas adoptar.
