Uno de los pilares del régimen de impunidad en el país ha sido siempre el sector justicia, en el que históricamente las Fiscalías y los Tribunales han operado para garantizar que a ciertas personas no se les pueda nunca aplicar la sanción legal que les corresponde por la comisión de hechos delictivos. Por fortuna en los últimos cuatro años el Ministerio Público se zafó de esa rosca para cumplir con su deber de presentar acusaciones contra cualquier persona sospechosa de haber incurrido en delito, aunque sean delincuentes de pulcrísimo cuello blanco, pero otra cosa es la que ocurre en los Tribunales del país.
Por ello es que era fundamental la reforma constitucional planteada para el sector justicia, puesto que era indispensable remover la vieja estructura que se diseñó, precisamente, para garantizar esa impunidad que ha operado tan eficientemente a lo largo de la historia del país, prácticamente desde la misma Independencia hasta nuestros días, con una constante de permisividad para cierto tipo de delincuentes e indiferencia hacia cierto tipo de delitos.
Nunca se le puso atención a las deficiencias que provocan fallas serias en el concepto del “debido proceso” porque las personas juzgadas eran parte de lo que llaman el “lumpen social”. Durante décadas fuimos indiferentes ante los constantes atrasos en el proceso penal y ante la prolongación indefinida de causas que simplemente quedaban estancadas aunque los sindicados estuvieran en prisión preventiva. Porque en esos dorados tiempos a nadie importaba jamás que los jueces dictaran auto de prisión preventiva contra los sindicados por cualquier delito porque, al fin de cuentas, los afectados eran de ese conglomerado que en el país no ha tenido nunca voz.
Todo cambió cuando los sindicados y los enviados a prisión preventiva fueron gente de alguna élite y ahora resulta que hay infinidad de ciudadanos que hablan como expertos de términos como “el debido proceso, la prisión preventiva y la presunción de inocencia”, sin tener noción siquiera de lo que significa cada uno de ellos, pero es notable que desde el Presidente hasta la Canciller, pasando por voceros de la élite y los de los reclusos, todos cacarean su preocupación por un vicio que es ancestral.
Y curiosamente son los mismos que se opusieron e hicieron intensa labor de zapa para evitar la reforma constitucional al sector justicia que pretendía, precisamente, aplicar correctivos. Lo que no dicen es que un sistema de justicia cooptado tiene muchos defectos, pero tiene la gran virtud, para ellos, de ser garantía absoluta del imperio de la impunidad en el país que tanto les conviene.
