David Napoleón Barrientos Girón
Mucho se habla de institucionalidad y los expertos en el tema coinciden en que cuanto menos distorsiones sucedan en las funciones de aparato gubernamental más institucionalidad existirá y por consiguiente el Estado se fortalecerá.
Aunque la institucionalidad aplica a toda sociedad o Estado en esta oportunidad, me referiré a la institucionalidad militar de los Estados que cuentan con Fuerza Armada como tal.
Durante muchos años de servicio militar me fui convenciendo que en Guatemala los soldados hacíamos funciones que no nos competían como la seguridad pública de manera permanente, sobre todo por señalamientos de la comunidad internacional, lo cual será siempre motivo de discusión.
Por la academia visité París en 2015 y mi sorpresa fue grande al ver a los soldados parisinos cuidando la torre Eiffel amparados en el Plan Vigipirate y Operación Sentinelle, y aunque es la excepción en Europa la presencia militar permanente en las calles es una realidad, que puede ser observada por los millones de turistas que visitan París.
La amenaza terrorista provocó la implementación de una operación militar que incluía a miles de soldados en las calles, especialmente en los lugares de presencia turística, comprensible explicación y justificación, plan aún en ejecución y si no me equivoco con incremento de efectivos militares. Suficiente argumento para reflexionar respecto a la institucionalidad militar.
Las Fuerzas Armadas se organizan, equipan y entrenan para cumplir con su función constitucional, por lo que es imperativo revisar en nuestro caso la misma y llevar al debate político el tema para reformar el apartado constitucional y definir la función.
Las funciones de las Fuerzas Armadas alrededor del globo terrestre incluyen: seguridad nacional, soberanía, integridad territorial, orden institucional, independencia del Estado, paz interna y la indiscutible tarea de defensa civil o cooperación en emergencias, entre otros, que dicho sea de paso son asignaciones casi de árbitros internos.
Sin embargo, lo observado en muchas partes del mundo especialmente en Latinoamérica es la utilización de la Fuerza Armada para funciones que no les corresponde, teniendo un efecto de distorsión institucional que afecta, expone y desgasta la institucionalidad de las mismas Fuerzas Armadas y de otras instituciones en las cuales hay invasión funcional y lo peor, con el aplauso de funcionarios.
No cabe la menor duda que lo más fácil para algunos responsables de la conducción política de los estados y sus círculos es utilizar a las Fuerzas Armadas para la solución de inconvenientes o problemas nacionales en vez de responder por la vía de la institucionalidad que implica la responsabilidad de las instituciones de cumplir con su funciones administrativas y operativas que implica la administración pública y para lo cual profesionales se han preparado, pero escasamente han sido tomados en cuenta porque la meritocracia no cuenta, por el contrario la iniciativa privada sí lo ha aprovechado.
Un tema presente en el análisis de institucionalidad es el de fortalecer a la policía en vez de involucrar a las Fuerzas Armadas para tareas permanentes de seguridad pública, incluso ciudadana.
La impotencia de las policías en términos generales ha sido generada por la invasión de funciones de las Fuerzas Armadas, los mismos cuadros de policía en ocasiones recurren felizmente a la solución militar.
Necesitamos fuerzas de policía serias, comprometidas, profesionales y transparentes en quien confiar la seguridad de los ciudadanos, pero esto solo se logrará cuando nuestra fuerza policial sustente su institucionalidad en la academia y legislación adecuada. Mejor policía no significa cantidad de agentes ni cantidad de armas o patrullas, ni siquiera el incremento presupuestario, es cualitativa la mejora que se necesita.
Con esto no quiero quitar el mérito a las Fuerzas Armadas quienes han respondido al llamado a cooperar, incluso a sustituir funciones de otras instituciones y no pongo en duda que el Ministerio de la Defensa se esforzará por cumplir cada tarea que se le asigne, lo cual no deja de ser una disfuncionalidad de institucionalidad. La cualidad de respuesta y fortaleza debe guardarse para situaciones de crisis, emergencia o catástrofe (protección civil), donde los ciudadanos sepan que existe una institución sólida y que es muestra de transparencia, eficiencia e institucionalidad. La participación permanente en otras funciones expone a la fuerza a desgastes y contaminaciones que pueden lamentarse cuando se requiera una participación excepcional, ya hay suficientes tareas en las que se involucra el ejército, finalmente los veremos en la seguridad de hospitales sin el entrenamiento y equipo para desenvolverse en conglomerados sociales como lo es un hospital nacional, pero termina siendo una cómoda decisión disfuncional.
La institucionalidad es un requisito indispensable para un Estado de derecho, las reglas claras en los órganos del poder público dan sustento a una sociedad que se encamina al progreso, la anarquía nos conduce a un Estado fallido.
