Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
En términos generales, la corrupción se entiende como el mal uso del poder público para beneficio personal. El concepto no hace referencia directa al corruptor, pero está implícito que en la práctica se aprovechan el funcionario público, tanto como el individuo corruptor; quien suele ser una persona particular con intereses económicos en juego o bien otro funcionario con ganancias de por medio. ¿Pero si hay una ganancia para los involucrados, quiénes sufren las perdidas?
Aunque no siempre es posible identificar a los afectados directamente por la corrupción, cada vez hay más conciencia que existe un vínculo directo entre corrupción, el desarrollo y la violación sistemática de los derechos humanos. Según el Banco Mundial, la corrupción es el obstáculo más grande para el desarrollo económico y social; considerando que el soborno socaba el desarrollo, al distorsionar el imperio de la ley y debilitar las instituciones de las que depende el crecimiento económico.
Hay situaciones donde se puede apreciar claramente que la apropiación indebida de fondos públicos y el enriquecimiento ilícito afecta directamente los derechos fundamentales como la vida, la salud, la justicia, la propiedad, la seguridad, etc. Ejemplos en nuestro país sobran. Como el desfalco del IGSS, donde la salud de los usuarios se ve afectada por el robo de los funcionarios, llegando en algunos casos hasta la muerte de los enfermos que usan el servicio de la institución. En procesos judiciales, donde el juzgador resuelve de manera imparcial, beneficiando a quien le ha dado una coima, se pierde por completo el sentido de la justicia. La mala administración en el Registro de la Propiedad pone en riesgo los bienes de los ciudadanos y la certeza jurídica se debilita.
En otros casos como el de La Línea que favoreció la defraudación aduanera; el del financiamiento ilícito de partidos políticos o el de La Coperacha para comprar regalos al Presidente, resulta menos evidente. Pero el dinero que los funcionarios malversaron o recibieron de forma anómala podría haber sido utilizado para construir carreteras, mejorar la calidad y el acceso a la educación, fortalecer las instituciones de justicia y de seguridad, etc.
Resulta oportuno tomar en cuenta la opinión de Kumar quien indica que: en la medida que el problema de la corrupción se examine como un asunto de derechos humanos, se produce un enfoque novedoso e importante, que garantiza que el buen gobierno sea un objetivo de la administración pública.1
Por más que existan funcionarios que pretendan hacernos creer que la corrupción es algo “normal”, hay que rechazar esa práctica, pues es una manera perversa de gobernar. Es importante entender que en las sociedades donde ese mal se ha extendido a todas las esferas del quehacer público, son los ciudadanos los directamente afectados y ellos son quienes deben exigir más transparencia y rendición de cuentas de sus gobernantes.
Los países más prósperos invierten millones de fondos en apoyo de diversos proyectos en los países menos desarrollados. Esta es una ayuda que no sería necesaria si los gobernantes de estos países fueran honestos y competentes en la gestión pública. En Guatemala, en donde más de la mitad de la población vive en pobreza o en pobreza extrema, la corrupción atenta contra el desarrollo del país y debiera ser considerada como una grave violación a los derechos humanos.
1 C. Raj Kumar “Corruption and Human Rights in India – Comparative Perspectives on Transparency and Good Governance” Oxford University Press. New Delhi. 2011. Página 212.
