Raúl Molina
El “sainete” de la designación de las y los integrantes de la Corte de (In) Constitucionalidad (CC) confirma mi convicción de que dicho superpoder debe ser eliminado de la Constitución. Para influir en las decisiones de este cuerpo, los “poderosos”, tanto lícitos como ilícitos, se han movido con sus subterfugios para ubicar a sus “peones” que les garanticen decisiones de la CC acordes con sus intereses. El editorial de Prensa Libre tituló ayer “La CC: muy cerca de derrumbarse” y señala: “Hasta el momento, la escogencia de las entidades participantes ha provocado señalamientos y preocupaciones respecto del futuro de la CC. El martes, el Consejo Superior Universitario escogió a Francisco de Mata Vela, quien ha sido señalado por plagio y además tenía la oposición de catedráticos y de estudiantes de esa casa de estudios. Algo parecido ocurre con la elección en el Colegio de Abogados, donde el ganador también provoca preocupación porque sus nexos están claramente marcados por grupos que tradicionalmente han buscado injerir en este tipo de decisiones”. Tampoco ha sido aplaudida la designación de la CSJ, y, luego, le corresponde tomar decisiones al Congreso, verdadero mercado político, y al Ejecutivo, en donde Jimmy es presionado por “asesores” militares. La sola forma de designación, en esta Guatemala corrupta, es una señal inequívoca de que la CC responderá a los “poderosos”. La CC sirve hoy para cosas poco importantes, como el recurso de inconstitucionalidad que el CACIF ha planteado contra la Ley de Tarjetas de Crédito, mientras se abstiene de intervenir en asuntos realmente sustanciales, como los recursos nacionales.
Una CC con sentido abordaría dudas de constitucionalidad de las leyes, tratados y actos de funcionarios, en vez de arbitrar sobre el Congreso, el sistema judicial y el poder ejecutivo cuando el CACIF o la Embajada llaman para dar sus consejos. Para esa hipotética CC, no podemos aceptar un proceso de designación arbitrario y manipulable; tendrían que ser 10 magistrados electos por la ciudadanía. Preferimos que el Estado nuevo y reformado vigile la constitucionalidad futura sin la existencia de un Súper Poder, que en 30 años de fallos judiciales, con “fallas garrafales” ha favorecido a los “de siempre”. El Congreso no emitirá leyes que contengan errores de inconstitucionalidad, garantizando que no se viola ningún artículo constitucional, y sólo en casos extremos podrá ser cuestionada la norma ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Igual se hará con los actos del poder ejecutivo, con penas graves para quienes caigan en inconstitucionalidad. Con esto desaparecerán interpretaciones antojadizas de la inapelable CC, como el principio de “igualdad”, empleado repetidamente para violar la Constitución. Se usó para violar la autonomía universitaria y para permitirles a Ríos Montt y a su hija sus candidaturas a la presidencia, mientras que es inexistente para el voto en el extranjero. Por cruzar la frontera, se nos ha negado la ciudadanía que la Constitución garantiza a todas y todos y, ahora, después del flamante fallo de la CC de 2016 sobre la Ley Electoral, se nos cercena el derecho a elegir y ser electo.
