Es el colmo que en un país como Guatemala el Presidente de la República se vea obligado a emitir una circular vinculante, es decir que obliga a los funcionarios, simplemente para indicarles que tienen que cumplir con los términos de la Ley de Acceso a la Información, norma que está en plena vigencia, pero que los funcionarios se pasan por el arco del triunfo cuando les da la gana.
Y hay que advertir que la circular tiene efectos en el Organismo Ejecutivo, pero no en los otros dos Organismos del Estado ni, por supuesto, en las municipalidades y entidades autónomas o descentralizadas que se la pasan negando información que se solicita sobre el giro de los asuntos a su cargo. El Presidente del Congreso se aferra a negar información acerca del personal que trabaja para los diputados sobre el peregrino criterio de que se pone en peligro su seguridad si se revelan los nombres y el monto de los salarios que devengan, argumento que se repite en infinidad de dependencias públicas como si los ciudadanos no tuviéramos derecho de saber qué se hace con el dinero público.
El acceso a la información no es un favor que se nos hace a los ciudadanos sino que es un deber y obligación de todos los funcionarios públicos el asegurar que podamos tener conocimiento de todos los asuntos de interés general. La ley hace salvedades en términos de aquello que pudiera ser comprometedor para la seguridad nacional o para los intereses diplomáticos, pero el resto tiene que estar disponible a cualquier ciudadano y no sólo a los periodistas que por cuestión de oficio son quienes más requieren informaciones en distintas dependencias.
La circular es un tácito reconocimiento de que en Guatemala se sigue con la práctica de no cumplir la ley, porque no debiera nunca de haber necesidad de tener que recordar a los funcionarios cuál es su obligación legal. Pero la verdad es que la resistencia es enorme porque en la medida en que se transparente la gestión, se tendría que transparentar también el manejo de los recursos y en esas condiciones la corrupción no sería tan fácil.
Simplemente el tema de las plazas fantasma, que es tan preocupante y que constituye uno de los asuntos más cotidianos de la mala práctica en tantas dependencias, se podría controlar en la medida en que se sepan los nombres de quienes cobran sueldos porque sería más fácil corroborar si son realmente trabajadores o engrosan los listados de los fantasmas que, precisamente, quiere mantener en secreto gente como el Presidente del Congreso.
