Walter Juárez Estrada
Guatemala, en la administración de Alejandro Giammattei, ha sido marginada por la población honrada. Con frecuencia, instituciones internacionales de prestigio ponen en evidencia la credibilidad del sector justicia y de todos los Organismos del Estado, donde el jefe del Ejecutivo tiene el control. La situación que vive el país, es producto de los grandes focos de corrupción y ahora ser honrado es un crimen, que se castiga con cárcel y procesos que se sustancian en los tribunales que se le han puesto en línea al mandatario. Lo que nos está pasando no se habla visto ni en los gobiernos militares que han llegado a ejercer el poder por golpes de Estado.
La reelección por 5 años de María Consuelo Porras Argueta, como Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, tiene una razón: recibe órdenes del presidente para encausar a jueces, fiscales y periodistas. Descabezó la Fiscalía Especial Contra la Corrupción que con objetividad y profesionalismo dirigía Juan Francisco Sandoval Alfaro, que fue removido sin aparente causa el 23 de julio del año pasado y se refugió en los Estados Unidos a igual que otros colegas para salvar su vida.
La remoción de Sandoval, tiene una razón: había descubierto situaciones ilegales del mandatario y estaba por promover antejuicio contra el gobernante a raíz del descubrimiento de una alfombra con dólares que le había recibido de ciudadanos rusos para explotar minerales en Izabal. Porras designó como sustituto del togado a José Rafael Curruchiche Cucul, quien obedece sin rechazo las consignas que le da la jefe del ente investigador. Producto de la corrupción que apadrina la jefe del MP. Es el procesar a jueces, fiscales y periodistas. La exjuez Erika Aifán, se vio obligada a renunciar e irse al extranjero, al no obedecer las órdenes espurias de los corruptos y de los narcos. Ahora está en curso el antejuicio contra el probo juez Miguel Ángel Gálvez, que ha demostrado que es inocente de las imputaciones que le hace una entidad que es coordinada por la jefe del Ministerio Público y ha demostrado que la persecución en su contra es espuria y política.
Producto de lo que aquí señalamos el proceso abierto contra el exfiscal Carlos Videz, refugiado en el extranjero a quien se le imputan hechos increíbles: se le acusa por el fiscal Curruchiche del «delito de abuso de autoridad», al haber solicitado la captura a nivel internacional de Julio Ligorría Carballido, a quien se le abrió proceso aquí y en España donde se refugió por varios ilícitos, pero por la corrupción en el Organismo Judicial y la complicidad del MP se sobreseyó el proceso, a pesar que las pruebas eran claras y no había lugar a duda.
Contra el exfiscal Videz se ha pedido orden de captura internacional por ese ilícito y cumplir con su deber. El citado togado con otros fiscales descubrió los 122 millones de quetzales en una casa de Antigua Guatemala, rentada por el exministro de Comunicaciones José Luis Benito Ruiz, que podrían haber sido repartidos a Giammattei y al expresidente Morales. El exfuncionario del Micivi, guarda prisión y no ha solventado su situación jurídica. Las cosas absurdas que están pasando en Guatemala son producto de la cooptación de todos, apadrinan las acciones ilícitas, son enemigos y deben ser procesados. Es urgente que el pueblo no siga tolerando esas arbitrariedades. Quedarse callado y no actuar es complicidad y no sabemos que puede pasar en el proceso electoral. Las autoridades electorales están cooptadas y eso es grave y no podemos de ninguna manera tolerarlo y actuar les guste o no a los corruptos.
