Marco Trejo
La Libertad de Emisión del Pensamiento es un derecho fundamental que no se negocia, es algo que se respeta porque es importante para tener contrapesos en una Democracia y sobre todo porque permite que exista, en una sociedad, un fortalecimiento al Estado de Derecho.
En varios gobiernos se ha intentado limitar la libertad de Emisión del Pensamiento, pero las personas que ostentan el poder se les olvida que es un derecho constitucional y que la ley que la rige, es una de las cinco, que estipula puntualmente la Constitución Política de la República, que es nuestra máxima carta jurídica.
El artículo 35 de la Constitución Política de la República nos dice: “es libre la emisión del pensamiento por cualquiera medio de difusión, sin censura ni licencia previa”, algo que no tiene vuelta de hoja y que debe ser respetado por la autoridad desde cualquier punto de vista.
“Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna y al intentar hacerlo se violan los derechos de los comunicadores y/o medios de comunicación”, reza la Carta Magna por lo que ese contubernio existente entre el Ministerio Público y algunos jueces, para desatar una persecución contra periodistas y columnistas de prensa se le debe poner un alto.
Los periodistas no somos enemigos de la democracia, al contrario, nuestra función es educar, orientar, informar, entretener y sobre todo descubrir los actos anómalos que cometen los funcionarios públicos, quienes están obligados a cumplir las leyes de este país y sobre todo a ser personas probas y honestas en el ejercicio de sus funciones. Algo que les incomoda porque, como suele decirse, somos la piedra en el zapato.
Es de resaltar que en el artículo 35, de la mencionada Ley Constitucional, se menciona que “no constituyen delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales, en el ejercicio de sus cargos, aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación”. O sea que aun dejando sus puestos tienen la obligación de rendir cuentas.
Y por esa razón es que los gobernantes tienen que ser transparentes en su actuar público, pero la mayoría, quienes prueban las mieles del poder, se “marean” y creen que son dueños del Estado, pero eso no es así porque son garantes del cumplimiento de las normas que nos rigen como sociedad.
En todo este embrollo hay una línea muy delgada, que es la Libertad de Prensa, donde los periodistas también tenemos responsabilidades y obligaciones, por lo que tenemos que estar claros que para cumplir nuestra función tenemos que ser profesionales y éticos.
Los periodistas tenemos que entender que somos una parte importante del engranaje nacional y en nuestras manos tenemos, la responsabilidad de informar profesionalmente, lo que sucede en el acontecer nacional, sin sesgos y sin intereses políticos, los periodistas debemos ser imparciales en nuestra labor, porque nuestra función es trasladar información de calidad a una sociedad que necesita estar informada.
Por esa razón es que los periodistas tenemos que ser independientes y no dejarnos llevar por los intereses oscuros de los “politiqueros”, quienes abundan en los gobiernos, esos personajes nefastos que únicamente tratan de ver por sus intereses y se olvidan que ostentan el poder para buscar el desarrollo del país, algo que los tiene en deuda con los guatemaltecos.
Es por estas razones que la prensa debe estar atenta a este tipo de hechos, como los sucedidos en los últimos días, en donde una fiscal y un juez intentan acallar nuestras voces, pero lo que dan es lástima porque dan pasos en falso y no conocen el procedimiento para determinar si un periodista ha faltado a la ética en el ejercicio de su trabajo.
Lo que sí es importante que sepan todos los funcionarios de gobierno, es que ellos no son superiores a la Constitución Política de la República y que, al dar un paso, como el que dieron, han cometido el delito de prevaricato.
