A pocas semanas de la campaña electoral, las bancadas que conforman la coalición Valor-Unionista presentaron ante Dirección Legislativa una iniciativa de ley para el “Ejercicio de la Legítima Defensa”, la cual permitiría a los ciudadanos ejercer el uso de la fuerza extrema para defender un bien, su vida o la de otras personas.
La iniciativa plantea que los guatemaltecos puedan defenderse de una amenaza inminente en su vivienda o en algún medio de transporte privado en el que se conduzca, cuando se susciten hechos de agresión y violencia por un tercero.
Para ello, la propuesta de ley contempla reformar el Código Penal y el Código Procesal Penal, amparados en el artículo 45 de la Constitución Política de la República que establece garantizar el derecho a la legitimidad de la resistencia para la defensa de los derechos humanos.
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ARZÚ ESCOBAR: BUSCA PROTEGER LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Según el diputado Álvaro Arzú Escobar del partido Unionista con estas reformas, la persona que repele un ataque en legítima defensa puede ser puesta en libertad inmediatamente, independiente de las acciones que emprenda el Ministerio Público (MP) para determinar si la defensa fue o no legítima.
“Lo que buscamos es que el ciudadano se pueda proteger dentro de su propiedad privada, si bien la Constitución y el Código Penal prevén la legítima defensa, lo que sucede es que cuando una persona dentro de su propiedad privada es atacada y repele dicha invasión es puesta a disposición de los tribunales y en la gran mayoría de los casos se le dicta prisión preventiva por lo que la persona es revictimizada”, aseguró Arzú Escobar.
Asimismo, indicó que la iniciativa busca proteger la presunción de inocencia de todos los habitantes del país, haciendo valer su derecho a defender su propiedad, su vida y la de las demás personas.
LO QUE SE CONOCE DE LA INICIATIVA
Arzú Escobar explicó que la iniciativa está conformada por cuatro artículos para que “desde una forma muy clara y enfática se permita a las personas defenderse de una forma legítima”.
La propuesta de ley busca reformar el artículo 24 del Código Penal y agregar el 264 Ter en el Código Procesal Penal.
“En el momento en el que un delincuente entra sin el permiso del dueño se le está violando su integridad y cuando un guatemalteco no puede sentirse seguro ni en su propio hogar que es donde más seguro debería de estar, definitivamente, es porque ha fracasado de alguna manera el proyecto de seguridad ciudadana que el Estado debe de proveer a los ciudadanos”, afirmó.
