Carlos Rolando Yax Medrano
“Yo creo que los soldados cuidan más a la población que los procuradores” dijo el diputado Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, Álvaro Arzú Escobar.
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República tiene como fin promover el estudio y actualización de la legislación sobre derechos humanos en el país para la defensa, divulgación, promoción y vigencia de los derechos fundamentales inherentes a la persona, su dignidad, integridad física y psíquica y el mejoramiento de la calidad de vida, así como el logro del bien común y la convivencia pacífica en Guatemala. En otras palabras, se encarga de velar porque las leyes sean congruentes con los derechos humanos, porque la fórmula política de nuestra Constitución es la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social y el Estado como responsable de garantizar que así sea.
Una de las funciones más importantes de la comisión es proponer al Pleno del Congreso de la República, una terna de candidatos para el cargo de Procurador de los Derechos Humanos cada cinco años. El Procurador de los Derechos Humanos es el servidor público que se encarga de proteger los derechos de la ciudadanía frente a las actuaciones del Estado. Esa no es una función neutral. Por el contrario, la defensa de las personas y de sus derechos supone una actividad crítica frente a la administración estatal, en la que ejerce un control sobre el funcionamiento del gobierno y se vincula con la parte de la sociedad más desprotegida.
La figura que conocemos como “Procurador de Derechos Humanos” fue consagrada constitucionalmente por primera vez en Suecia en el año de 1809. Guatemala fue el primer país en América Latina en adoptarla en el año de 1985. Una característica fundamental en la labor de esa nueva figura es la contribución en la lucha contra la impunidad y el respeto al régimen de legalidad. Para lograrlo investiga y publica comportamientos administrativos considerados defectuosos, recomienda a los funcionarios la modificación de un comportamiento administrativo lesivo para la ciudadanía y critica y censura la gestión administrativa para buscar su perfeccionamiento.
La impunidad y la corrupción son fenómenos que representan una constante violación al Estado de Derecho, a los derechos humanos y a las mismísimas personas, que son el motivo por el que existe el Estado de Guatemala. El Procurador de los Derechos Humanos, a través de su labor, critica y censura la impunidad y la corrupción de los gobernantes, así como recomienda a los gobernantes que ya no sean impunes ni corruptos. Por esa razón, el Procurador de los Derechos Humanos tiene una relevancia trascendental en la transición del autoritarismo a la democracia y es esencial en un sistema democrático. Eso mismo hace al Procurador de los Derechos Humanos alguien incómodo para los gobernantes.
Las palabras de Álvaro Arzú Escobar no van dirigidas a Jordán Rodas. Él y los suyos están en contra de la figura del Procurador de los Derechos Humanos. Para él, la política de fusiles y frijoles marca la época dorada en la historia política de Guatemala. A él no le interesan la democracia, los derechos humanos ni las personas. Es paradójico que así sea el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, pero es el reflejo del Congreso de la República porque por ellos fue electo.
Las armas nunca van a cuidar más a la población que los derechos. Por lo tanto, los soldados nunca van a cuidar más a la población que los procuradores.
