Se ha dicho en innumerables tratados políticos, filosóficos y éticos, que cuando las oficinas e instituciones del Estado se convierten en botín de intereses privados, la columna vertebral del estado se rompe y en el exterior se maneja una existencia múltiple, llena de injusticias e inequidades. Se ha dicho también que, en la democracia por su misma idea, todos los ciudadanos son portadores de la vida del estado; lo que significa que son potenciales determinantes de lo que sucede y cómo sucede en él.
Dentro de nuestra debacle de Estado, el Ministerio Público no se ha salvado. Está viviendo en muchos sentidos, lo que los griegos llamaban ocholokratia, un tipo de ésta, en que sus personajes más valiosos, han sido retirados y enviado lejos. Por otro lado, el nuevo gobernante está dispuesto a terminar con un Estado centro de corrupción, principiando por la destitución de la Fiscal General de la Nación. Pero hay un inconveniente; el punto central es que la ley no permite claramente esta acción y lo más impensable, su reglamentación, no se apega en estos momentos a los hechos, que en este caso significa una mala administración; una administración apegada a la corrupción, que sostiene su posición en un mandato que tolera ese mal. Es más que evidente, que la historia social, política y moral del MP y de su administradora actual, es un reflejo de injusticias, parcialidades y abusos; en una palabra, de incumplimientos, que dañan la Democracia, la nación y el Estado y eso provoca una realidad contra la democracia, que en estos momentos se ve fortalecida por lo que la ley manda, y que da al traste con el desarrollo de la nación como una República democrática.
Constitucionalmente en una república democrática, es el pueblo, ya sea a través del legislativo o de un plebiscito, el que debe opinar ante horrenda situación, siendo esta la más alta manifestación de una democracia; la base y punto de partida para su mejor desarrollo.
La cuestión crucial en estos momentos, es eliminar lo que permite el mantenimiento de una dirección de un MP corrupto, el resto sigue por sí solo. En tal sentido, el problema no está en quién solucionará, sino en eliminar elementos mandatorios; los impedimentos que existen y hacen valer su fuerza, a favor de que no se haga nada. Los argumentos señalados hasta el momento por puristas, se debe a una ley llena de espectros de un pasado, en que pululan intereses producto de construcciones sociales e ideológicas lejanas de lo que es una democracia y que permite el mantenimiento de un sistema cargado de injusticias e inequidades y que beneficia a una región de entidades, que se benefician de tales anomalías, a costillas de los derechos de otros, la mayoría.
Ante tal estado de cosas, la voz del pueblo, elemento legal y constitucional, solo puede ser escuchada a través del Congreso o del plebiscito, pues el reto a la destitución ya ha sido lanzado por el Ejecutivo. El pueblo tiene fe en que sus representantes cargados de comprensión ante la realidad y evidencia que se tiene, no esperen más. Que el legislativo actúe modificando la ley o de lo contrario, esperaría que el ejecutivo solicite un plebiscito urgente sobre el tema. O bien actúan señores diputados, o dejen que el pueblo actúe.
