En esta imagen del 14 junio del 2018, la Fiscal General María Consuelo Porras Argueta, se reunió con representantes de la Junta Directiva de la Cámara del Agro de Guatemala, esto como parte de su acercamiento con diversos sectores. Foto: MP

Por Redacción La Hora
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El Ministerio Público (MP) presentó solicitudes de retiro de antejuicio en contra de seis magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), una acción que se dio en concordancia con los pronunciamientos en contra de dicha instancia, mismos que fueron emitidos por cámaras empresariales.

Las acciones en contra de los magistrados de la CC se dan por la resolución al amparo que el mismo MP presentó y por el “auto amparo” que también tuvo relación con la resolución del amparo en favor del MP, que inicialmente había solicitado que se repitiera todo el proceso de elección de cortes.

La peticiones de levantamiento de inmunidad fueron planteadas por la Fiscalía de Delitos Administrativos en contra de Gloria Porras, Bonerge Mejía, Neftaly Aldana, José Francisco de Mata, María Cristina Fernández y José Par Usen.

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Dichas acciones para quitarle la inmunidad a los magistrados constitucionales fueron dadas a conocer por el Ministerio Público (MP) alrededor de las 18:30 horas de ayer, no obstante, hora antes, sectores empresariales ya se habían manifestado en contra de la CC.

Entre quienes arremetieron hacia la Corte se encuentra la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua) y la Cámara del Agro (Camagro), la cual ha sido presidida presidida por Nils Leporowski.

Leporowski es el máximo directivo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), entidad que ha tomado posicionamientos en contra de los fallos de la máxima Corte del país.

ALEGATOS

La CIG señaló que los magistrados de la CC son “responsables de sus resoluciones y cualquier acto que contravenga dicho artículo -69 de la Ley de Amparos-, atenta contra el estado de derecho”, agregando que dichos togados, según la Constitución, deben ejercer la imparcialidad.

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“Esto dentro de sus fallos o decisiones judiciales, impidiéndoles juzgarse a sí mismos, así como beneficiarse de sus propias resoluciones”, añadió la Cámara de Industria, la cual mencionó que “las órdenes que obedecen a disposiciones ilegales no deben acatarse”.

Por su parte, la Camagro expresó que los magistrados tienen impedimento por la Ley de Amparo “para ser juez y parte, y por ende no pueden conocer y resolver a su favor asuntos propios”; la institución comentó que tres magistrados de ese ente otorgaron a su favor un “autoamparo definitivo”.

En tanto que Asazgua dijo que “están sumamente preocupados”, por lo que exigió a la Corte “apegarse a la Constitución y leyes de Guatemala, y cumplir con lo establecido en las mismas, respetando el estado de derecho”.

DENUNCIA

Según el MP el requerimiento para que se le quite el antejuicio a lo seis togados mencionados, es por la posible comisión de siete delitos, entre ellos el de violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución, incumplimiento de deberes y asociación ilícita.

Esto por denuncias interpuestas por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, quien se ha caracterizado por interponer querellas en contra de operadores de justicia. Él fue denunciado por Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

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De igual manera, la solicitud para el levantamiento de la inmunidad en contra de los funcionarios se hizo, agregó el MP, en atención a la expuesto por Rina Paola Samayoa Mencos, quien ha trabajado como mandataria judicial del Congreso de la República.

Asimismo, se sustentó en una denuncia de José Roberto Hernández Guzmán, quien accionó en contra de los magistrados de la CC por una resolución en torno a la elección de magistrados de las Cortes del Organismo Judicial (OJ), a las que es aspirante al integrar la nómina para las Salas de Apelaciones.

Entre los hechos en los que se basó la Fiscalía para hacer la petición, es por emitir “una resolución sobre un asunto en el cual eran inminentemente parte del mismo”.

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