Por Redacción La Hora
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La congresista estadounidense de origen guatemalteco Norma Torres, expresó luego que se conociera la decisión del Gobierno del presidente Jimmy Morales, dar por terminada las funciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), representaría un grave revés para la lucha anticorrupción en Guatemala, años de retroceso para el país y que en lugar de promover una administración transparente, decidió destruir el Estado de Derecho.
Torres además, recordó que desde el Congreso de Estados Unidos, continuará su apoyo a la población de Guatemala y que en febrero próximo se conocerá un listado de políticos corruptos, a quienes se les aplicarían sanciones como resultado de una ley promovida por la legisladora y aprobada por el presidente Donald Trump.
La congresista de origen guatemalteco, reiteró que continuará apoyando al pueblo de Guatemala en su lucha por la justicia, y que desde su posición hará lo posible para garantizar la responsabilidad de funcionarios corruptos que considera han vendido a Guatemala.
“En un mes, como resultado de la legislación que patrociné el año pasado, el Departamento de Estado debe informar al Congreso sobre los altos políticos centroamericanos involucrados en la corrupción y el narcotráfico. Ese informe, que debe ir seguido de sanciones en virtud de la Ley Global de Responsabilidad de los Derechos Humanos de Magnitsky, se necesita ahora más que nunca”, afirmó.
En un comunicado Torres dijo que con esta decisión del Gobierno, “criminales poderosos y políticos corruptos se saldrían con la suya de delitos graves” y que la jueves y fiscales honestos que confiaron en la asistencia y apoyo a la comisión se enfrentarían a una presión política en casos de alto perfil”.
MORALES RETRASO AÑOS AL PAÍS
Para Torres, lo que ocurre en el país, es que desafortunadamente, el sector de justicia aún carece de recursos, personal e independencia política para operar de manera efectiva sin asistencia internacional.
«La presidencia de Jimmy Morales ha retrasado al país años, si no décadas. Cuando asumió el cargo en 2016, Morales tuvo una oportunidad histórica para dar a los guatemaltecos el gobierno transparente y efectivo que merecen. En cambio, cuando se enfrentó con la perspectiva de una investigación criminal por parte de la CICIG y el ministerio público, decidió destruir el Estado de Derecho para protegerse a sí mismo”, destacó.
Asimismo, considera que se ha involucrado en un patrón de comportamiento, que al final socava el sistema de justicia y lleva al país al borde de la crisis constitucional, ya que el fin de semana se negó la entrada a un investigador de la Comisión, con lo que se desafió un fallo de la Corte de Constitucionalidad.
«Morales unió fuerzas con miembros del Congreso de Guatemala, muchos de los cuales también están bajo investigación. El Congreso de Guatemala ha promulgado leyes para permitir que los delincuentes violentos salgan de la cárcel mediante el pago de multas, y actualmente está tratando de eliminar a los magistrados clave de la Corte Constitucional”, dijo.
ELECCIONES SON UNA OPORTUNIDAD PARA GUATEMALA
Torres también responsabilizó al presidente Donald Trump de lo ocurrido este día, y rememoró que durante años, EE.UU., apoyó a la CICIG y alentó la lucha anticorrupción de manera bipartidista, no obstante ahora abandonaron a Guatemala cuando más se les necesitaba y afirmó que lo que ocurra a partir de ahora dependerá de la sociedad guatemalteca.
“Las próximas elecciones son una oportunidad importante para restaurar el estado de derecho mediante la elección de políticos honestos, valientes y comprometidos a brindar prosperidad y seguridad a todos los guatemaltecos”, aseguró.
SOBRE LA LEY
La congresista, es miembro del Comité de Asuntos Exteriores y del Comité de Normas y en diciembre, presentó una ley con carácter de rendición de cuentas para Guatemala, que exigiría que Trump imponga sanciones a las personas que han socavado el Estado de Derecho en Guatemala.
Las sanciones promovidas, incluirían el bloqueo de activos así como la denegación de visas, además el año pasado, Torres introdujo la ley H.R. 5501, el Acta del Fin de la Corrupción en el Triángulo del Norte que requeriría que el Secretario de Estado envíe al Congreso una lista de funcionarios corruptos en Honduras, El Salvador y Guatemala; mismo que fue adoptado como la Sección 1287 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2019, y que fue promulgada por Trump como ley el 13 de agosto de 2018.
Mientras la resolución bipartidista que presentó con el representante John R. Moolenaar (R-MI), para reafirmar el compromiso del Congreso de los Estados Unidos de combatir la corrupción en Centroamérica fue aprobada por unanimidad por la Cámara de Representantes en 2017.
La resolución establece que los esfuerzos para combatir la corrupción deben permanecer en el centro de la política de los Estados Unidos en América Central, que la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la CICIG son contribuciones importantes a estos esfuerzos, y que los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador deben cooperar con MACCIH y CICIG y los Procuradores Generales de la región.
