POR EDER JUÁREZ
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Tras la iniciativa presentada por la congresista Norma Torres, para que el Congreso de los Estados Unidos sancione a personas en Guatemala que han minado el Estado de Derecho, el Gobierno de Guatemala ve con buenos ojos el planteamiento, informó el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito. Mientras que el analista político Renzo Rosal, ve como afortunada la propuesta.

«El Gobierno de Guatemala ve con buenos ojos cualquier iniciativa que promueva la lucha contra la corrupción en el país. Como ha sido uno de los ejes prioritarios del presidente Morales, la transparencia y la lucha contra la corrupción debe continuar de manera frontal”, dijo Brito.

El funcionario agregó que ante “la iniciativa de la congresista Torres, como también anteriores iniciativas planteadas, el Estado de Guatemala será el más beneficiado con la publicación de este listado, ya que beneficiará al Sistema de Justicia para cruzar información que ayude a la persecución penal de los señalados”.

La iniciativa de la Congresista incluiría sanciones financieras, el bloqueo de activos y denegación de visas. “Este proyecto de ley impondrá sanciones financieras y de viaje a las personas que han socavado el Sistema de Justicia de Guatemala. También se asegurará que cualquier equipo de defensa en el futuro transferido a Guatemala pueda ser reclamado por el Gobierno de los Estados Unidos si se usa incorrectamente. El Congreso debe garantizar que haya consecuencias para quienes han pisoteado el Estado de Derecho en Guatemala, y debemos apoyar a los guatemaltecos que están trabajando para construir un futuro más brillante para la próxima generación”, manifestó ayer Torres.

MEDIDA AFORTUNADA

Por su parte, el analista independiente Renzo Rosal dijo que Norma Torres está interesada en estas iniciativas contra los responsables de actos de corrupción en el país y ve su intención por tratar que el Gobierno de Estados Unidos apruebe un proyecto orientado exclusivamente a guatemaltecos.

Según Rosal la congresista busca incluir medidas adicionales a la Ley Magnitsky y otros mecanismos que tienen un mandato más global y abierto, es decir que además de estos haya otros que tengan nombre y apellido y que sean solo para guatemaltecos. «Es una medida muy afortunada y necesaria, tomando en cuenta el momento que vive Guatemala».

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