POR KIMBERLY LÓPEZ
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El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, se manifestó a favor de incluir el sistema de justicia indígena, en el marco de las reformas que se discuten para fortalecer al sector justicia. Estas declaraciones se dan luego de que la Cámara de Comercio se pronunciara en contra de esta opción.
Según De León, esta propuesta supone el involucramiento de diversos actores en la sociedad, así como una forma efectiva de desahogar al sistema de justicia “que está a punto del colapso”.
“En muchos lugares, autoridades indígenas resuelven controversias”, explicó el magistrado de conciencia, al referirse a los beneficios que ha traído esta metodología de justicia en las comunidades del país en las que se ha implementado.
En esta línea, hizo mención de que en lugares en donde se aplica este sistema, los resultados son positivos e hizo referencia al caso del departamento de Totonicapán, que destaca a nivel nacional por sus índices bajos de violencia.
A decir del Procurador, la propuesta es que este derecho de justicia sea reconocido por la Constitución Política.
No obstante, destacó que habría que evaluar aspectos de competencia para determinar hasta dónde llegaría este derecho y cuáles serían los límites.
EMPRESARIOS SE OPONEN
Recientemente la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) le expresó al presidente Jimmy Morales su rechazo hacia esta propuesta, bajo el argumento de que existen 23 comunidades indígenas distintas en costumbres y tradiciones, que hacen variar el sistema de justicia.
A esto, el Procurador respondió que es “respetable” la diferencia de opiniones, pero hizo énfasis en la importancia de dialogar al respecto, pues existe “temor” a este tema por falta de conocimiento.
Mario Itzep, analista del Observatorio Indígena, aseguró que ha sido el sector empresarial el que ha dividido al país con este tipo de negativas.
Itzep explicó que la justicia indígena es un sistema efectivo que consiste en la asignación de sanciones que además de castigar actos indebidos, supone un aporte y una muestra de desarrollo para la comunidad. Por ejemplo, la construcción de algún salón o un espacio para la localidad.
A las personas que cometen un delito se les pide retribuir con trabajo o colaboración a la comunidad para pagar su falta, explica el analista.
Agrega que en esta metodología, “la forma de resolver los problemas es la construcción del desarrollo, hay sanciones sociales, económicas y culturales”.
Asimismo, indica que esto ha funcionado desde tiempo atrás y que lo que ahora se busca es solamente el reconocimiento constitucional.
