POR SAIRA RAMOS
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Además de la demanda de nulidad al contrato de Terminales de Contenedores Quetzal (TCQ), la Procuraduría General de la Nación (PGN) iniciará un proceso para obtener una indemnización por los daños y perjuicios que ha ocasionado esa firma al Estado de Guatemala, los cuales deberán ser tasados por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).
La denuncia que trabajará la PGN en las siguientes tres semanas por instrucción verbal del presidente Jimmy Morales incluirá el pago por el daño que causó la firma de la construcción de una terminal marítima de 348 mil metros cuadrados en un usufructo por 25 años, dijo la procuradora María Eugenia Villagrán.
Villagrán que participó en una citación convocada por diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), explicó que la petición se hará porque el contrato de TCQ le ha causado daños y perjuicios en la credibilidad a Guatemala, además porque el monto de la renta que se fijó no es acorde con los montos del mercado.
“Hay un diferencial que conlleva una pérdida económica para el Estado”, dijo la Procuradora, que agregó que el monto que solicitará la PGN en la demanda que se presentará en un Tribunal de lo Contencioso y Administrativo se establecerá con el Ministerio de Finanzas Públicas.
El contrato de TCQ, estableció que para concesionar los 348 mil metros cuadrados, el Estado debería de recibir 0.20 centavos de dólar por cada metro cuadrado, sin embargo, el pago que realmente debió hacerse era de aproximadamente US$20 por metro cuadrado, lo que significó una subvaluación, según ha determinado la PGN.
En esa misma demanda, la Procuraduría también pedirá un embargo con carácter de intervención a la caja financiera de TCQ, lo cual consiste en que el juez que conozca la denuncia nombre a un interventor para que se haga cargo de la caja de la terminal marítima a fin de garantizar que lo obtenido por ese contrato no pueda ser desviado.
“El interventor –nombrado por el juez de lo Contencioso Administrativo- podrá asumir ingresos, pagar cuentas y depositar el remanente, pero no podrá suspender la operación –de TCQ-“, dijo Villagrán.
PARTICIPACIÓN DE BANCOS
En la citación, Villagrán respondió a los cuestionamientos de diputados por la participación que tuvieron bancos nacionales, así como el Banco Mundial en la facilitación de créditos para concretarse el contrato TCQ, diciendo:
“Entiendo que ellos concedieron créditos junto con una filial del BM –está ultima tiene el 85 por ciento de las acciones de TCQ– (…) El año pasado ellos pidieron una reunión porque el criterio que estaba sustentando era muy diferente a los que había emitido antes la PGN y la Secretaría General de la Presidencia”.
No obstante, según el Banco Mundial, la participación de IFC (vinculada al BM) tiene el 15% de las acciones de TCQ.
EXPROCURADOR VE INCONSISTENCIAS
POR KIMBERLY LÓPEZ
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Vladimir Aguilar, exprocurador general de la nación y actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se pronunció sobre los señalamiento de la procuradora María Eugenia Villagrán, por omisión de denuncia frente al contrato firmado con la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Según Aguilar estos son inconsistentes y carecen de fundamento legal pues él no conoció el expediente durante su gestión y, en todo caso, «la lesividad no es potestad de la PGN».
