POR: KATERIN CHUMIL
kchumil@lahora.com.gt
El testigo del Ministerio Público (MP), César Medina Farfán, señaló a Gustavo Alejos, exsecretario privado de Álvaro Colom, como una pieza importante de la negociación ilegal para el otorgamiento del usufructo a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), por el cual enfrentan primera declaración el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
La declaración de Medina Farfán, identificado como “el testigo A” del MP, se reprodujo esta mañana en el juzgado B de Mayor Riesgo, durante la audiencia de primera declaración contra 11 personas señaladas de avalar el oneroso usufructo a cambio de sobornos.
Medina Farfán indicó que Alejos y el operador Gregorio Valdez participaron “activamente” en la firma del contrato y conocían de las comisiones que la empresa ofrecía como soborno.Ambos permitieron el acercamiento con la empresa Grup TCB, dueña de TCQ.
El testigo tuvo conocimiento de las negociaciones de la boca de sus propios gestores: Allan Marroquín, William Schwank, Guillermo Lozano y Juan Carlos Monzón, quien ahora es colaborados eficaz del MP.
Medina Farfán, quien enfrenta proceso penal por otro caso de tráfico de influencias, dijo que esperaba ser parte de las negociaciones, pero Monzón lo amenazó para que no se involucrara más.
De acuerdo con su declaración, Marroquín, Schwank y Lozano realizaron viajes a Valencia, España; el Golfo de México y Colombia para conocer las terminales de TCB.
LLAMADAS TELEFÓNICAS
Al término de la declaración, el MP inició la reproducción de llamadas telefónicas interceptadas.
Entre las conversaciones reproducidas se encuentran varias en las que se escucha como el exinterventor de la Portuaria Quetzal, Allan Marroquín, se puso de acuerdo con el representante de TCQ, Juan José Suárez, para facilitar las gestiones que permitieran a la empresa iniciar operaciones.
El nombre del actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Vladimir Aguilar, se menciona en los audios. Los interlocutores hacen referencia a que no habrá “sorpresas” en los dictámenes u opiniones de la Procuraduría General de la Nación, dirigida por Aguilar en ese momento.
Al cierre de esta edición, las llamadas telefónicas continuaban siendo reproducidas.
El pasado 15 de abril, el MP y la CICIG revelaron que Pérez y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, ambos en prisión, facilitaron la firma del usufructo de TCQ por 25 años prorrogables de forma irregular.
Según esa versión, a cambio los exfuncionarios recibieron una comisión de 30 millones de dólares.
Pérez y Baldetti, quienes renunciaron a sus cargos en mayo y setiembre de 2015 respectivamente, se encuentran en prisión preventiva acusados de encabezar una estructura de defraudación en las aduanas denominada “La Línea”.
Otto Pérez se arrepiente de extender mandato de la CICIG
POR: KATERIN CHUMIL
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El expresidente Otto Pérez Molina dijo que se arrepiente haber extendido el periodo de mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Antes de ingresar a la audiencia de primera declaración del Caso TCQ, en el juzgado B de Mayor Riesgo, el exfuncionario afirmó que la Comisión “está armando un circo” y que no se ha enfocado en su papel de fortalecer las instituciones.
Desde finales de 2014, Pérez había mantenido una posición contra la renovación del mandato del ente internacional; sin embargo el expresidente tuvo que ceder a la presión nacional e internacional y sobre todo, luego de que la CICIG develara el caso conocido como “La Línea”, según un informe de la Open Society Justicie Initiative recién publicado.
Pérez Molina es sindicado junto a la exvicepresidenta Roxana Baldetti de ser los cabecillas de la estructura que llevó a cabo el contrato anómalo con la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), caso por el que será imputado de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.
Imputan a señalados en Caso “Negociantes de la Salud”
POR: KATERIN CHUMIL
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El Ministerio Público (MP) presentó la acusación formal en contra de los 13 implicados en el Caso conocido como “Negociantes de la Salud”.
En el Juzgado Sexto del Ramo Penal fueron recibidos los diversos medios de prueba para demostrar la culpabilidad de los 13 sindicados y la solicitud para que sean enviados a juicio.
De acuerdo con las investigaciones, los sindicados pertenecían a una red dedicada a la adjudicación anómala de contratos para la compra de medicamentos y servicios médicos en el IGSS.
De acuerdo con los investigadores, Gustavo Alejos Cámbara, Juan Pablo Muralles Morán y Alejandro Enrique Toledo Paz eran los operadores principales de la estructura, y a su vez, proveedores de medicamentos.
