El Juez de Mayor Riesgo "B", Miguel Ángel Gálvez enfrenta varios procesos y organizaciones sociales han destacado que esto se debe a los casos de impacto que conoce. Foto La Hora/AFP

El juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez ha denunciado que a raíz de su resolución en el caso “Diario Militar” se han incrementado las amenazas y mensajes de intimidación en su contra. Además, las acciones legales, que a la fecha enfrenta cuatro solicitudes para retiro de antejuicios, el más reciente que fue presentado por un hombre sindicado en el caso de una estructura criminal.

Jerzi Natael Velásquez Alvarado, sindicado en el caso “Cancerbero” y señalado de ser parte de una estructura criminal liderada por Haroldo Mendoza Matta, presentó por medio de su abogada una solicitud de retiro de inmunidad contra el juez Gálvez.

Lo señala supuestamente de haber incurrido en prevaricato y abuso de autoridad por emitir dos resoluciones en un mismo caso.

 

“Se presentó una querella porque se resolvió dos autos de procesamiento en un mismo proceso penal, lo cual es arbitrario”, explicó la defensa. Se intentó obtener más información del proceso; sin embargo, la abogada dijo que no podía dar más detalles al respecto.

Velásquez Alvarado fue ligado en noviembre de 2014 a proceso penal por la entonces jueza de Mayor Riesgo “A”, Carol Patricia Flores, sindicado de varios delitos entre estos asociación ilícita, asesinato, allanamiento con agravación específica, robo agravado, conspiración para el robo agravado y secuestro.

ACCIONA FUNDACIÓN CONTRA EL TERRORISMO

El juez Gálvez en su momento comentó sobre las publicaciones de miembros de la Fundación contra el Terrorismo (FCT) y cuentas de netcenter en redes sociales, sobre todo en Twitter, según indicó, se intensificaron luego de su resolución contra militares retirados en el caso Diario Militar.

 

En ese contexto, el presidente de la FCT, Ricardo Méndez Ruiz, designado por Estados Unidos en la Lista Engel, publicó una serie de Tuiter para advertir sobre acciones penales contra Gálvez.

Méndez Ruiz ha sido asociado como aliado de la jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras y en algunos casos, las acciones del ente investigador han coincidido con criterios emitidos por sus publicaciones.

PROCESOS ANTERIORES

Entre el 2019 a la fecha se han planteado cuatro solicitudes de retiro de inmunidad contra Gálvez, por parte de sindicados en procesos penales a su cargo o de particulares. Estos aducen estar en desacuerdo con sus resoluciones, con lo cual se une a otros operadores de justicia que han sido cuestionados por sus fallos.

Hasta el momento ninguna acción legal ha prosperado; sin embargo, destaca la presentada por la FCT, que fue anunciada con anticipación a través de las redes sociales. Se trata de la petición presentada con fecha 11 de mayo, según publicación de un Tuit de Méndez Ruiz, que incluye copia de la acción.

Sin embargo, según registros del Organismo Judicial (OJ) se recibió el 25 de mayo. Dicho expediente fue remitido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y se encuentra en trámite.

Además, el 17 de mayo publicó otro tuit con el mensaje: “Muerte civil para Miguel Ángel Gálvez. No más activistas disfrazados de jueces y fiscales”. Lo anterior, acompañado de dos fotos con el rostro del juez, una rasurado y otra con barba blanca.

MÉNDEZ RUIZ Y LA FISCAL GENERAL

El 28 de julio de 2021, La Hora publicó la nota titulada “Méndez Ruiz, nominado por EE. UU., dictaba acciones de Consuelo Porras”, en donde se informó que Méndez Ruiz, por medio de sus redes sociales twitteó información relacionada a un documento proporcionado a Asuntos Internos del Ministerio Público (MP) por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

En ese informe se indicaba que la Fiscal General tuvo conocimiento del caso Financiamiento UNE, en el cual es señalada Sandra Torres, desde octubre de 2018; sin embargo, se había accionado hasta febrero de 2019. El mismo día que Méndez Ruiz lo hizo público, la jefa del MP se reunió con el fiscal Andrei González, quien en ese momento estaba asignado al caso, para cuestionarlo.

PRIMERO FUE OTTO GÓMEZ

Además, en junio de 2021 ingresó al OJ una denuncia del abogado Otto Gómez, quien accionó contra cuatro jueces de mayor riesgo, entre estos Gálvez, quienes en su momento llegaron al MP a solicitarle a Porras que las denuncias espurias contra ellos fueran desestimadas.

Los otros togados eran Pablo Xitumul de Paz, actualmente separado del cargo por un proceso penal en su contra; Erika Aifán, quien permanece exiliada en Estados Unidos y Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo “A”.

En marzo de 2020, Erik Fernando Melgar Padilla, implicado en el caso “Manipulación de Justicia” presentó una denuncia contra el juez Gálvez.

 

El otro caso ocurrió en octubre de 2019, cuando Jonathan Harry Chévez implicado en el caso “Cooptación del Estado”, hizo lo propio; sin embargo, esas tres peticiones fueron rechazadas “in límine”, por el pleno de la CSJ.

ESTADO ACTUAL

El pasado 20 de mayo, Juan Luis Pantaleón, jefe de Información y Prensa del MP confirmó que la querella de la FCT por la posible comisión de prevaricato contra Gálvez fue presentada ante un juzgado; posteriormente se remitió a la Oficina de Atención Permanente (OAP). Finalmente se le asignó a la Fiscalía de Delitos Administrativos.

Ahora corresponde que la Fiscalía inicie a reunir los indicios que considere pertinentes para determinar si procede o no otra petición de retiro de inmunidad contra el juzgador ante la CSJ.

EL ORIGEN DE LA NUEVA ACCIÓN

Además, el titular del Juzgado de Mayor Riesgo denunció que ha sido objeto de mensajes intimidatorios por parte de miembros de la FCT, desde que el pasado 6 de mayo resolviera enviar a juicio a nueve militares retirados implicados en el caso Diario Militar. Estos, según la acusación del MP habrían cometido supuestos delitos de lesa humanidad entre 1983 y 1985 contra 183 personas, en el marco del Conflicto Armado Interno.

SOLICITA PROTECCIÓN

Luego de denunciar las intimidaciones en su contra, el juzgador presentó una solicitud a la CSJ para brindarle seguridad,

«En relación con el memorial fue conocido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y se instruyó a la Dirección de Seguridad Institucional del OJ realizar un análisis de riesgo de manera urgente del esquema de seguridad”, afirmó Fredy Calderón, vocero del OJ.

Añadió que se ofició al Ministerio de Gobernación para que se cumpla con las medidas de protección, considerando que el juzgador cuenta con estas, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

OTROS OPERADORES SEÑALADOS POR LA FCT

El presidente de la FTC también ha accionado en contra de otros jueces entre estos casos destaca que en febrero de 2018, presentó una solicitud de retiro de inmunidad contra el Juez Cuarto Penal, Pedro Laynez. En junio de 2018, contra la entonces Jueza Sexto Penal, Silvia de León, ahora a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo “C”. En enero de 2019, contra el entonces presidente del Tribunal de Mayor Riesgo “C”, Pablo Xitumul.

En marzo de 2022, también accionó contra la entonces Jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, quien renunció al cargo ese mismo mes.

La mayoría de acciones legales han sido rechazadas por la CSJ, la única que sigue en trámite es el requerimiento contra Aifán.

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