La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requiere al Estado de Guatemala adoptar medidas provisionales a favor del juez Miguel Ángel Gálvez

Jerzi Natael Velásquez Alvarado, sindicado en el caso Cancerbero y señalado de ser parte de una estructura criminal liderada por Haroldo Mendoza Matta, presentó por medio de su abogada una solicitud de retiro de inmunidad contra el Juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez. Lo señala supuestamente de haber incurrido en prevaricato y abuso de autoridad por emitir dos resoluciones en un mismo caso.

“Se presentó una querella porque se resolvió dos autos de procesamiento en un mismo proceso penal, lo cual es arbitrario”, explicó la defensa. Se intentó obtener más información del proceso; sin embargo, la abogada dijo que no podía dar más detalles al respecto.

CASO EN JUZGADO DE MAYOR RIESGO A

Velásquez Alvarado fue ligado en noviembre de 2014 a proceso penal por la entonces jueza de Mayor Riesgo “A”, Carol Patricia Flores, sindicado de varios delitos entre estos asociación ilícita, asesinato, allanamiento con agravación específica, robo agravado, conspiración para el robo agravado y secuestro.

Sin embargo, debido a señalamientos en su contra, la juzgadora optó por no conocer más casos relacionados con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La excusa fue aceptada y esta carpeta judicial fue remitida a otra judicatura.

CASO EN JUZGADO DE MAYOR RIESGO B

Posteriormente, el caso pasó a manos del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, a cargo del Juez Gálvez, no obstante, aún hay acciones pendientes de resolver para que inicie la audiencia de etapa intermedia.

LA INVESTIGACIÓN

Durante un operativo coordinado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la extinta CICIG, fueron capturados miembros de una supuesta estructura criminal liderada por Mendoza Matta que se dedicaba a realizar patrullajes, control de entrada y salida de personas, vigilancias periféricas, y delitos como homicidios, quema de cosechas, robo y matanza de semovientes, allanamientos a domicilios, matanzas y desapariciones de personas, así como despojo de tierras en Izabal y Petén.

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