Alianza de Mujeres denunció el retroceso que vive Guatemala. Foto: LA HORA

Esta mañana, la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia en Guatemala denunciaron públicamente que el país se enfrenta a un retroceso de derechos humanos, por distintas situaciones, entre ellas, el manejo de la pandemia del Covid-19, la falta de acceso a servicios de educación y salud, así como la no aprobación de leyes a favor de este sector.

“El Gobierno no ha tomado medidas de prevención ni atención a esta situación. (…) No ha podido garantizar el acceso a las vacunas para toda la población, especialmente para la población indígena y rural”, expresó por medio de un comunicado. Además, dijo que no se cuenta con una estrategia “clara” de comunicación en idiomas nacionales.

Añadieron que el acceso y permanencia de niñas y mujeres en todos los niveles educativos continúa viéndose afectado y agravado por el confinamiento, medidas de restricción a la movilidad y por falta de recursos económicos y tecnológicos.


POLÍTICA Y LEGISLACIÓN

Por otro lado, señaló que, hasta el momento, el Organismo Ejecutivo no ha nombrado a la máxima autoridad para la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), dejándola “sin presencia” en más de 14 departamentos.

Mientras que del Congreso de la República destacó que la agenda legislativa a favor de las mujeres no ha avanzado. La Alianza mencionó que solo la Ley de Desarrollo Económico ha pasado de primera lectura.

A la vez, destacan que las siguientes iniciativas de ley no han sido parte de las discusiones plenarias:

• Ministerio de la Mujer
• Ratificación del Convenio 189 sobre Trabajo Doméstico
• Ley Marco de Reparación Digna y Transformadora para Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual
• Inclusión de los Principios de Paridad, Alternancia y Representación de Pueblos Indígenas en los listados de candidaturas.

Asimismo, resaltó que el Legislativo no ha electo a magistradas y magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, “vedando el acceso a la justicia a la población”. Por lo que exige que cumpla con el proceso de acuerdo con la Constitución Política de la República, y que avancen con la aprobación de propuestas legislativas.


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