La toma de posesión de Julio Héctor Estrada como diputado por el partido político CABAL fue impugnada ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en donde se planteó una acción de amparo, según se supo este martes 16 de enero en horas de la tarde.
De acuerdo con los detalles, el ciudadano Macrino de Jesús Zúñiga presentó dicha acción legal con el argumento de que el congresista no cuenta con finiquito reciente, por lo cual consideró que el también exministro de Finanzas no podía integrar el Organismo Legislativo.
Estrada tomó posesión de su cargo, junto a otros 159 diputados, el pasado domingo 14 de enero, tras una jornada que fue marcada por problemas, gritos, encerronas e intentos para socavar la democracia.
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ANTECEDENTES
El diputado de la bancada CABAL asumió a su cargo luego de una lucha de más de 8 horas en el hemiciclo. Ese día se integró una Comisión de Acreditaciones con diputados cuestionados, que determinó no darle posesión de la curul.
Por medio del acuerdo 1-2024, que fue el último emitido por la Novena Legislatura, se aprobó lo manifestado por la referida mesa de trabajo legislativo.
Pero el mismo quedó sin efecto luego de que se instaló la Décima Legislatura y de la elección de la Junta Directiva (JD) para el período 2024-2025, la cual emitió el acuerdo 2-2024 que establece:
Reconocer a la bancada Semilla. Los diputados de este bloque fueron declarados independientes por la directiva encabezada por Shirley Rivera.
Reconocer a los diputados Adim Maldonado e Inés Castillo como miembros del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quienes fueron expulsados por la agrupación política y declarados independientes por la anterior JD.
Reintegrar a Estrada a su curul. La Directiva anterior había llamado a su sustituto, tras aprobar que no tenía finiquito.
DENUNCIA
A menos de 48 horas de asumir como diputado de la Décima Legislatura, se presentó una denuncia en contra de Estrada.
Según informó el pasado viernes 12 de enero, en horas de la mañana no existía ningún señalamiento en su contra, pero por la tarde ya había uno, pero no había detalles.
Posteriormente se estableció que la denuncia en su contra se refería a un fideicomiso de apoyo financiero para los productores del sector cafetalero de Guatemala, por un monto de Q9 millones 729 mil 332.79.
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