La conducta de grupos de «limpieza social», llamados así por el ministro de Gobernación Marco Villeda, que son agrupaciones que eligen ejecutar supuestos criminales al margen de la ley, es un fenómeno que las autoridades calificaron de alarmante, luego del fin de semana que dejó más de 24 víctimas mortales en ataques armados, entre ellos un agente de la PNC.
Mientras el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) aseguran que ya investigan estas estructuras y buscan a sus financistas, un analista consultado por La Hora advierte que su aparición refleja la pérdida de confianza de la población en el sistema de justicia y la incapacidad del Estado para controlar ciertos territorios.
El ministro Villeda señaló que uno de los hechos que marcó la jornada fue el ataque ocurrido en San Benito, Petén, donde cuatro personas murieron dentro de una vivienda. Según explicó, la principal línea de investigación apunta a que el crimen fue cometido por un grupo dedicado a realizar ejecuciones extrajudiciales.
«Aquí la línea de investigación nos lleva a que esto es producto de una limpieza social asociada a un grupo que se está dedicando a este tipo de actividades», afirmó el funcionario.
Villeda indicó que la estructura ya fue identificada y que las investigaciones se desarrollan en conjunto con el Ministerio Público (MP).
«Este grupo ya lo tenemos identificado, lo estamos investigando junto con el MP y esperamos que en el corto plazo podamos tener resultados y capturas importantes para desarticular a estos grupos que han tomado la justicia por propia mano, lo cual es completamente prohibido y esto se convierte prácticamente en un asesinato», remarcó.
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Las declaraciones del ministro se dieron en el contexto de un fin de semana en el que sobresalieron tres hechos de alto impacto, como la masacre de siete personas en una vivienda de Villa Canales; el asesinato de tres personas en San José Acatempa, Jutiapa; y el ataque ocurrido en San Benito, Petén.
PNC: ESTRUCTURA DE «LIMPIEZA SOCIAL» OPERA DESDE HACE VARIOS AÑOS
En una entrevista concedida a Emisoras Unidas, el director de la PNC, David Boteo, amplió detalles de la investigación y aseguró que el grupo de limpieza social en Petén opera desde hace varios años a través de una página en redes sociales desde la cual, dijo, reivindican algunos homicidios.
El jefe policial explicó que, tras el ataque en San Benito, detectaron que esa página publicó que sus integrantes eran responsables de las muertes.
«En Petén hay una página que está siendo investigada, que inclusive sacó en sus publicaciones que eran responsables de haber dado muerte a las personas porque eran robamotos y cometían delitos precisamente en el área de San Benito. Ellos le llaman limpieza social asesinando a esas cinco personas», afirmó.
Posteriormente, Boteo fue consultado específicamente sobre esa estructura y aseguró que no se trata de un fenómeno reciente.
Según él, este grupo es «sumamente fuerte» y estaría funcionando desde 2022 o 2023. «Cuando ya se sienten perseguidos por la policía o por las autoridades de justicia, cierran una página y abren otra. Pero son los mismos actores que están detrás de eso.»
El director añadió que las investigaciones ya no solo buscan identificar a quienes ejecutan los homicidios, sino también a quienes los financian.
«Se está investigando quiénes son los financistas también de estos sicarios. Hay que tomar en cuenta que estos no actúan al azar, sino que son pagados por actores que en este momento no puedo indicar quiénes son, porque están sujetos a investigación», declaró.
En redes sociales como Facebook aparecen páginas con el nombre y las características mencionadas por el director de PNC:
ATAQUE EN JUTIAPA TAMBIÉN APUNTA A JUSTICIA POR MANO PROPIA
Aunque el caso de Petén es investigado como la acción de una estructura organizada de limpieza social, Boteo también vinculó el triple asesinato ocurrido en San José Acatempa, Jutiapa, con un acto de justicia por mano propia.
Según explicó, las víctimas eran dos hombres y una mujer originarios de Barberena, Santa Rosa, quienes presuntamente estaban relacionados con el asesinato de una joven ocurrido días antes en ese mismo municipio.
«Todo apunta a que las personas tomaron la justicia por sus manos», afirmó.
Sin embargo, el director aclaró que las investigaciones posteriores permitieron ubicar indicios que vincularían a las víctimas con una estructura criminal.
FRUSTRACIÓN CIUDADANA, UN FACTOR DETRÁS DEL FENÓMENO
Durante la entrevista, Boteo fue consultado sobre qué tan delicado resulta que sectores de la población recurran a ejecutar presuntos delincuentes y el director reconoció que existe una profunda desconfianza en el sistema de justicia.
«Ante la desconfianza que a veces tienen las personas en el sistema de seguridad y justicia, que quede claro que no es contra la policía, porque muchos ciudadanos se han dado cuenta de que capturamos y a las pocas horas andan libres los delincuentes», expresó.
Asimismo, añadió que esa situación genera frustración entre la población, aunque insistió en que ello no justifica las ejecuciones.
Boteo recordó además casos como el de San Vicente Pacaya, donde pobladores intentaron obligar a los agentes a entregar a un detenido para lincharlo y, al no lograrlo, incendiaron la subestación policial y la sede del MP.
Para el director, estos episodios evidencian que la pérdida de confianza no recae únicamente sobre la policía, sino también sobre el funcionamiento del sistema judicial, ya que muchos detenidos recuperan su libertad mediante medidas sustitutivas u otros beneficios.
«LA LIMPIEZA SOCIAL REFLEJA LA INOPERANCIA DEL ESTADO»
El analista en seguridad, Mario Mérida, coincide en que estos hechos son consecuencia de la pérdida de confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.
«Es la respuesta a la inoperancia y el miedo a perder la vida, con la ventaja de que en la mayoría de los casos conocen o sospechan a las personas involucradas», explicó.
Sin embargo, considera que la solución no pasa por fortalecer grupos de vigilancia comunitaria, sino por acercar a la policía con la población desde un enfoque preventivo.
«La PNC tiene que esforzarse en el fortalecimiento de las relaciones con las comunidades, pero no para formar comités de vigilancia o patrullaje, sino centros de prevención del delito, para conocer las causas y la respuesta desde la comunidad. Es necesario un rol más dinámico del gobernador departamental», remarcó el analista.
Respecto a Petén, Mérida considera que la respuesta estatal debe contemplar las características propias del departamento, puesto que se trata del territorio más extenso del país, de baja densidad poblacional y fronteras con México y Belice, condiciones que facilitan la operación de estructuras criminales.
«Estos datos obligan a una cooperación interinstitucional, con el fin de tener una mejor evaluación que guíe la respuesta de gobierno», detalló.
Mientras las autoridades aseguran que las investigaciones avanzan para identificar y capturar tanto a los ejecutores como a los financistas de estas estructuras, los casos registrados durante el fin de semana evidencian un fenómeno que, según la propia PNC, no es nuevo y que continúa alimentándose de la desconfianza ciudadana hacia el sistema de justicia.
