Un operativo en un local de lavado de autos dentro de una gasolinera en Brasil terminó destapando una de las redes de sobornos y lavado de dinero más complejas de Latinoamérica. En 2014, la histórica Operación Lava Jato dejó al descubierto la corrupción sistemática de la constructora Norberto Odebrecht en toda la región, un esquema que no tardó en salpicar a Guatemala.
Cuatro años después, en enero de 2018, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron el impacto del caso en el país. Las investigaciones señalaron directamente a los dos candidatos que perfilaban como los favoritos para la presidencia en 2015: Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón.
Ambos políticos fueron acusados de haber articulado estructuras paralelas para captar, procesar y lavar fondos de la constructora brasileña para financiar sus campañas. A cambio, los financistas recibían la promesa de licitaciones públicas de infraestructura, entre ellas la inconclusa carretera CA-2 Occidente que les fue concedida, pero nunca finalizada.
Los dos has recibido resoluciones del sistema de justicia en Guatemala que los han liberado en este caso de enfrentar algún proceso judicial.
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SINIBALDI EL PRIMERO
De acuerdo con lo revelado en aquel momento, Odebrecht llegó a Guatemala en 2011, estableciendo sus primeros contactos con el entonces ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, a quien se le acusó de recibir sobornos a cambio de realizar desembolsos a contratistas y beneficiar la constructora brasileña.
Durante su gestión, se agilizó la concesión para que Odebrecht llevara a cabo la construcción de la carretera CA-2 Occidente, conectando Escuintla con Ocós, San Marcos, en un proceso que, de acuerdo con la auditoría realizada por la Contraloría General de Cuentas (CGC), se sobrevaloró, además de realizar la concesión bajo supuestas prácticas ilícitas.
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En la investigación, se señaló que presuntamente se crearon una serie de empresas de cartón, apoyadas por un grupo de abogados que instalaron las mismas con la única finalidad de ocultar el dinero de los sobornos que supuestamente, habrían sido captados por una persona que sirvió como intermediario, Carlos Batres Gil.
El MP señaló que Batres Gil recibió USD$4 millones 900 mil, producto del pago de esos sobornos.
LA ESTRUCTURA BALDIZÓN
Por otro lado, tres años después de las acciones con Sinibaldi, Odebrecht le apostó a otro futuro candidato, de modo que, si uno de estos no llegaba a la presidencia para seguir obteniendo favores, mantenía su estructura con cualquiera de los que se perfilaba como posibles punteros, siendo este, Manuel Baldizón.
El MP señaló que a partir de junio de 2014, la constructora realizó una serie de transferencias a empresas vinculadas a Baldizón, las mismas que, al igual que Sinibaldi, habrían sido creadas por abogados allegados al excandidato con la finalidad de ocultar el origen de estos aportes.
La investigación, así como la declaración de los colaboradores eficaces, determinaron que fue el propio Sinibaldi quien presentó a los personeros de Odebrecht a Baldizón, de modo que se habría gestado la entrega de USD$3 millones para la campaña de este.
Supuestamente, el excandidato del desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (Lider), habría recibido un total de USD$1 millón 360 mil, del total que supuestamente se había pactado.
LAS CAPTURAS
Derivado de las investigaciones presentadas en 2018 a la fecha, más de 15 personas han sido detenidas por su vinculación al caso, entre las que destacan:
-Alejandro Sinibaldi
-Manuel Baldizón
-Juan Ignacio Florido
-Juan Manuel Molina
-Jorge Eduardo Antillón Klüsmann
-Diego Chacón Yurrita
-Carlos Batres Gil
-Pablo Yanez Guerra
-Judith Celina Vargas
De estos, los principales señalados por el MP de ese entonces fueron librados de los cargos.
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ABELINA CRUZ, LA SALVADORA
Después de la persecución penal iniciada contra la jueza Ericka Aifan, que propició su salida del país y renuncia al cargo, distintos jueces ocuparon el cargo en el Juzgado de Mayor Riesgo D, donde se ventila el caso, hasta que finalmente, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó a Abelina Cruz como la titular.
Tras su llegada, el caso que había permanecido varado por acciones legales y el cambio de jueces, finalmente comenzó a avanzar, fijando las fechas para las respectivas audiencias de etapa intermedia.
El primero en resolver su situación, fue Sinibaldi, quien tras varias acciones logró el cierre de los casos en su contra, pero al llegar frente a Cruz para resolver su situación por el caso Odebrecht, este encontró su salvación, pues tras analizar la investigación, Cruz aseguró que los medios de prueba presentados por el MP, no concordaban con la acusación, y al detectar supuestas incongruencias, ordenó el cierre del caso a favor del exministro.
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Meses después, bajo la misma argumentación, Cruz ordenó el cierre del caso a favor de Baldizón, pues a su criterio, igual que Sinibaldi, la acusación no era congruente con los medios de prueba presentados, por lo que también lo libró de los cargos en su contra.
A diferencia de Sinibaldi y Baldizón, la situación de Carlos Batres Gil fue diferente, pero igual de beneficiosa para el sindicado. En este caso, Aifán ordenó que fuera enviado a juicio por su implicación, esta decisión fue impugnada hasta que la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la decisión, por lo que Cruz, ahora a cargo del juzgado, debía dar cumplimiento a la orden, realizar la audiencia de ofrecimiento de prueba y trasladar el expediente al tribunal correspondiente.
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Sin embargo, esto no sucedió así; Cruz aseguró que, al no ser ella juez que ordenó el juicio, no podía emitir una resolución de esa naturaleza, por lo que decretó una actividad procesal defectuosa y repitió la audiencia de etapa intermedia.
En este nuevo análisis, la jueza volvió a utilizar el criterio dado a Baldizón y Sinibaldi, y dictó sobreseimiento a favor de Batres Gil, por lo que también lo libró de cargo. Aunado a esto, también ordenó la devolución de Q4 millones que habían sido embargados, que se creía habían sido obtenidos a través de los sobornos.
Los demás implicados no corrieron la misma suerte, pues sus expedientes ya habían sido enviado a los tribunales correspondientes para que enfrentaran el juicio respectivo.
CONDENADOS Y LIBERADO
En los juicios realizados por los Tribunales de Mayor Riesgo A y B, del resto de implicados solamente uno logró salir librado del caso. Pablo Yanez Guerra, hermano del exdiputado Mario Yanez Guerra, del desaparecido partido Lider, procesado en otro caso.
En este caso, el MP lo acusaba de ser el responsable de canalizar sobornos y cambiar los cheques de los mismos provenientes de Odebrecht, pero el Tribunal de Mayor Riesgo B presidido por María Eugenia Castellanos, determinó que las pruebas no fueron suficientes para probar la culpabilidad de este, por lo que lo absolvió de los cargos.
Mientras que los abogados ligados a Baldizón, Diego Chacón Yurrita y Jorge Antillón Klüssmann, fueron condenados. Chacón a nueve años de prisión por los delitos de falsedad ideológica y asociación ilícita, mientras que Antillón a 14 años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita, además de una multa de USD$346 mil.
En el caso de los abogados vinculados a Sinibaldi, Juan Ignacio Florido y Juan Manuel Molina, también fueron condenados, Florido a seis años de prisión por el delito de lavado de dinero y una multa de USD$9 millones 30 mil, mientras que Molina recibió una condena de 14 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita además de una multa de USD$1 millón 200 mil.
Finalmente, en el juicio más reciente, contra Judith Celina Vargas, cuñada de Baldizón, el Tribunal de Mayor Riesgo A cambió los delitos de hurto agravado y falsedad ideológica y la condenó a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita.
ACEPTACIÓN DE CARGOS
Durante el proceso, el MP también procesó a cerca de 10 personas más, siendo estos un grupo de abogados que habría apoyado a Baldizón a lo largo de la intervención de Odebrecht en el país, de los cuales la mayoría de estos optó por someterse a un procedimiento de aceptación de cargos.
Derivado de los beneficios que da la Ley de Aceptación de Cargos, muchas de las penas impuestas por Abelina Cruz rondan entre los tres y seis años de prisión, por delitos como falsedad ideológica, conspiración para el lavado de dinero y asociación ilícita.
