Debido a las acciones del Ministerio Público (MP), dirigido por la Fiscal General María Consuelo Porras Argueta contra los resultados de las Elecciones Generales 2023, se cumplieron 18 días consecutivos de manifestaciones pacíficas y bloqueos que retienen a personas a nivel nacional, para exigir la renuncia de la funcionaria junto al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curuchiche, la fiscal regional Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana.
La población exige la renuncia de los funcionarios a quienes han señalado de atentar en contra la democracia en el país, pese a diálogos que se han entablado con el presidente Alejandro Giammattei y las autoridades indígenas, estas no han llegado a ningún acuerdo, pues mantiene la consiga desde hace 17 días: La renuncia de Porras.
¿Si Porras acciona para alterar resultados electorales, procede su destitución?: esto dicen expertoshttps://t.co/FDE7iONTU8 pic.twitter.com/uS1OpH24LM
— Diario La Hora (@lahoragt) October 20, 2023
En tanto, el Presidente asegura que no tiene facultad para pedirle su renuncia y la Corte de Constitucionalidad (CC) no suspendió el artículo que facultaría al Presidente a remover al Fiscal General.
El 7 de octubre, la máxima Corte resolvió una acción de amparo que un grupo de abogados y ciudadanos presentó a favor de la defensa del orden constitucional, debido a la incertidumbre ante la alternabilidad del poder.
Solicitó a gobernantes y gobernados que ejecuten sus facultades y ejerzan sus derechos con el fin de que ocurra la transición de mando prevista en la Constitución.
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El 16 de octubre, Porras, solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC) la destitución de David Napoleón Barrientos del Ministerio de Gobernación (Mingob), por considerar que incumplió con lo ordenado por dicha instancia en un amparo otorgado a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), y porque no se habían efectuado acciones para retirar a los manifestantes que impiden el paso del personal de la Fiscalía a su sede central, ubicada en el Barrio Gerona, en la zona 1 capitalina.
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Horas más tarde, Barrientos, presentó su dimisión al cargo al presidente Alejandro Giammattei, luego que Porras, solicitara a la CC su destitución, ya que busca que las protestas en su contra sean dispersadas.
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El 18 de octubre, tras su renuncia, la CC ordenó al MP investigar al exministro, Barrientos, por supuestamente, haber incumplido con resoluciones de esta instancia.
“Por el incumplimiento del Ministro de Gobernación que fungía en la fecha en que se emitieron las sentencias y el auto de debida ejecución, se certifica lo conducente al Ministerio Público para lo que haya lugar”, cita parte de la resolución, según lo documentó La Hora.
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La Hora consultó a diferentes analistas respecto a que sucedería si Porras continúa con acciones que atentan contra la Democracia y esto contestaron:
ORTIZ: SE PODRÍA ALEGAR DESOBEDIENCIA
El abogado, Edgar Ortiz, señaló que el amparo que se otorgó al grupo de abogados y ciudadanos defiende los resultados: “Hay que avaluar, caso por caso, pero el amparo que nos otorgaron a nosotros si defiende los resultados electorales”, explica.
“Si hubiese una interferencia con los resultados, creo que se puede declarar desobediencia”, resalta el abogado.
Insiste que, el análisis debe ser caso por caso, “por eso digo que hay que evaluar, hechos concretos, en el momento que hubiera un hipotético caso, habría que evaluar si el caso, efectivamente, busca invalidar los resultados, eso es lo que hay que avaluar, en caso concreto”, detalló.
Recalca que: “si se intenta interferir con los resultados electorales o invalidar el proceso electoral, se podría argumentar desobediencia”.
SAGASTUME: PODRÍAN DESTITUIRLA PERO NO LO VAN A HACER
Marco Antonio Sagastume expresidente del CANG, comentó a La Hora que con las acciones durante los últimos días, la población le está exigiendo su renuncia y que podría ser destituida por diferentes sectores, sin embargo, considera que esto no se podría dar debido a la corrupción.
“Ya se lo estamos pidiendo, se lo está pidiendo la población, ya es demasiado, somos demasiado los que le estamos pidiendo su renuncia, porque ella ha tentado contra los resultados del proceso Electoral, no es por defender a ningún partido, ni ningún candidato, tienen que respetar la voluntad popular”, enfatizó a La Hora.
“Tiene que respetar, pero no quieren, y el que está a la cabeza de todo esto, yo no creo que sea Consuelo. Yo creo que es el señor Presidente de la República, ese es mi pensamiento”, señaló.
“Ya todo lo que les quiero decir, proponer es que apoyemos a los pueblos originarios que por primera vez en la historia de Guatemala se han unido, Guatemala ya va a ser diferente, se unieron y ahora lo que tenemos que hacer es apoyar esa unidad, yo por eso ya me estoy preparando para irme a Gerona a apoyarlos”
¿Correspondería la destitución de Porras si sigue atentado contra los resultados?, se le cuestionó y afirmó:
“Fíjese que eso por diferentes lados lo podrían hacer, lo podría hacer el Congreso, pero están todos, mire la maquinaria gubernamental, no solo lo Ejecutivo, sino lo judicial que es una vergüenza y legislativo, contamos con la corrupción por el soborno”, enfatizó.
“Lo que debemos hacer, es apoyar a los pueblos que están defendiendo nuestro derecho electoral, nada más, mire en todo el apoyo, lo que sí no puedo apoyar, es afectar la libre locomoción, eso no lo puedo aceptar”, detalló.
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FERNÁNDEZ: SE DEBERÍA PROMOVER UN ANTEJUICIO Y LLEVA TIEMPO
Luis Fernández Molina, abogado y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), explicó que las acciones no buscan que el MP deje de investigar que es su deber; sin embargo, considera que las acciones deben regirse en el marco legal. Considera que si la Fiscal General incurre en un incumplimiento, se le debe promover un antejuicio para su destitución.
“Mire, aquí hay un malentendido, o una mala aplicación. El perseguir, investigar delitos, si le toca a la Fiscal General, el problema es que para perseguir delitos debe adecuarse a los procedimientos legales y entre ellos, si está persiguiendo el delito de falsificación de firmas, debe utilizar el Código Penal donde habla de sanciones a los culpables de falsificación material con fines electorales y darle al partido Semilla, que es el objeto de su persecución el tratamiento que le corresponde”, indica.
“O sea, el hecho de que hayan hecho algunos pagos supuestamente a cambios de afiliaciones, eso no hay, nadie mira ahí lavado de dinero, entonces a eso me refiero en el uso incorrecto de figuras jurídicas en escenarios que no corresponden”, señala.
“Y la suspensión del partido, el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, hablan de suspensión provisional y mientras dure, para detener los efectos de los crímenes que está cometiendo la entidad que está persiguiendo, o sea, en el caso de Semilla sería la suspensión para evitar que Semilla siga cometiendo el delito, ¿cuál delito?, falsificación de firmas”, informó.
“En otras palabras, suspensión para evitar que Semilla siga falsificando firmas de afiliados o sea, eso nos lleva a un escenario hasta absurdo y ridículo en el que no aplica la Ley contra la Delincuencia, porque un partido político, se organiza para participar en elecciones y punto que pueden conducir delitos, perfecto persíganlos, pero un partido político no se constituye para cometer feliz es una gran, gran diferencia que es lo que no encaja en el planteamiento del Ministerio Público, entonces que sigue investigando y aquí el error ha sido creer, pensar que se pide que el Ministerio Público no investigue, por favor investigue lo que quiera, pero que lo haga conforme los procedimientos legales”, enfatizó.
Se le preguntó sobre, sí, ¿Considera que atentan contra el amparo provisional para garantizar el cambio de mando?
“Sí, creo que incumple, porque, ella sí hay algún indicio de delito, pues que lo plantee, con base en eso pedir algo más, en el caso de validez de elecciones, lo cual para mí es extemporáneo por el TSE, calificó y entregó credenciales a los alcaldes, a los diputados y sobre todo a la vicepresidente y presidente electo, o sea que a ella no le corresponde determinar la validez de los resultados de la elección, eso es función exclusiva del TSE”, declaró.
¿En este caso digamos si ella continúa con este tipo de acciones, a su criterio la FG debería ser destituida?, se le consultó y respondió lo siguiente:
“No por el hecho, automáticamente, se le detendría en ese caso que promover un antejuicio y determinar la culpabilidad y cuando se dicte sentencias, removerla. Estamos hablando de dos, tres años, en plazo, o sea que es la incompatibilidad de nuestras leyes, que son muy muy poco definidas, muy poco congruentes, muy poco articuladas”.
“O sea, sí, se puede ir, pero conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, se le tiene que promover causa, levantar el antejuicio. O sea, no es inmediato, tomaría tiempo”, puntualiza.
ORELLANA: POR LA PAZ SOCIAL DEBERÍA PRESENTAR SU RENUNCIA
El expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Ovidio Orellana detalló que: “el hecho de presentarse un amparo o una inconstitucionalidad no conlleva automáticamente un efecto suspensivo que le impida al MP poder continuar con la investigación, según lo que la Corte de Constitucionalidad ha establecido, donde le dijo que podían seguir investigando, ello, les permite seguir realizando un trabajo de investigación”, resaltó.
Explica que, “si las acciones legales por parte del Ministerio Público continúan y son atendidas o respaldadas por un juez, se debe seguir buscando impugnar lo resuelto. Sobre dejar el cargo o que se genere el inicio de un proceso de destitución, con lo ya visto, no creo que se produzca ni una ni otra, a menos, que las manifestaciones pacíficas logren ese propósito a través de una contundente muestra del poder que radica en el pueblo”.
El expresidente del CANG, dijo que a su opinión, “por la paz social y porque su sola permanencia en el cargo hace que continúen acciones y manifestaciones realizadas, en mi opinión ella debiere sopesar los hechos y presentar su renuncia, de lo contrario, existe la posibilidad de que está fricción continúe por largo tiempo con probables consecuencias indeseables y donde todos los guatemaltecos, por esos hechos, nos veamos afectados en todo sentido, hasta en lo psicológico”, explicó a La Hora.
