David Napoleón Barrientos. Foto: Ministerio de Gobernación

Durante 15 días, guatemaltecos de distintas regiones del país han salido a las calles a realizar marchas, manifestaciones y bloqueos en rechazo a las acciones que el Ministerio Público (MP) en contra del proceso electoral, por lo cual, como único punto solicitan la renuncia de la Fiscal General y Jefa del ente investigador, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y al titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana.

Pese que los manifestantes han dejado en claro el repudio a su gestión al frente del MP, la Fiscal General ha intentado que el Ministerio de Gobernación (Mingob) a través de la Policía Nacional Civil (PNC) disuelva las manifestaciones en su contra y ahora busca la destitución del titular de dicha cartera, David Napoleón Barrientos.

MP

PIDE A LA CC DESTITUIR A BARRIENTOS

Este lunes 16 de octubre, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC) la destitución de Barrientos, por desobediencia e incumplimiento del amparo provisional otorgado al Procurador de los Derechos Humanos (PDH), así como a la debida ejecución que requirió esta misma Fiscalía, para que se tomaran acciones para preservar el orden público y la coexistencia del derecho a manifestación junto otros derechos.

Según explicó, desde el pasado 2 de octubre un grupo de personas mediante bloqueos y acciones «fuera de la ley» vedaron el acceso al edificio central del MP, ubicado en el barrio Gerona, de la zona 1 capitalina.

«Con medidas que atentan contra los derechos humanos de las niñas, niños y adultos víctimas de delito y el desarrollo de las investigaciones», afirmó el ente investigador.

De esta cuenta, el MP requiere que las autoridades responsables tomen las medidas correspondientes para garantizar la locomoción en el país, así como permitir el acceso y egreso del personal al Edificio Gerona, así como a todas las sedes del MP a nivel nacional posibilitar la «averiguación de la verdad».

INSISTE EN TENER GERONA

El pasado 8 de octubre, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales requirió a la alta Corte, la debida ejecución de un amparo otorgado al PDH, José Alejandro Córdova, en contra del presidente Alejandro Giammattei, el titular de la cartera de Interior, el director general de la PNC, Edwin Ardiano, y la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Tres días más tarde, el 11 de octubre, el Tribunal Constitucional le dio la razón a Porras, por lo que advirtió que no todas las manifestaciones habían sido pacíficas, y se habían abusado de otros derechos, por lo cual, ordenó liberar los diferentes bloqueos, además, pidió al MP investigar las manifestaciones que no se llevaron de manera pacífica.

Por ello, la PNC decidió iniciar un proceso de diálogo con los manifestantes, con lo cual logró que se habilitaran diferentes rutas que habían estado bloqueadas desde el pasado 2 de octubre.

Pese a ello, Porras presionó a Barrientos para «recuperar» el Edificio Gerona, por lo que el 12 de octubre el secretario general del MP, Ángel Pineda Ávila, envió una misiva al titular del Interior para que «de manera inmediata» cumpliera con lo ordenado por la CC.

NO HABLA DE RENUNCIAR, PERO PIDE GERONA

Asimismo, el secretario general del MP respondió a una carta enviada por el Presidente, luego de la reunión de la Comisión de Mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA), con Autoridades Ancestrales Indígenas, en la que solicitaban una reunión con Porras.

Pineda Ávila afirmó que la Fiscal y los demás funcionarios judiciales a quienes requieren su destitución, han sido «amenazados» por manifestantes en redes sociales, así como en sus residencias, por lo que no contaban con seguridad para atender la reunión.

Sin embargo, afirmó que la Fiscal General podía reunirse durante la próxima semana en las instalaciones centrales del MP, pero en cambio solicitó acceso y egreso «permanente» al Edificio Gerona.

SOLICITAN RENUNCIA

Autoridades Indígenas y ciudadanía, se han sumado a las diferentes expresiones para solicitar la renuncia de la Fiscal General, Rafael Curruchiche, así como el juez Orellana, tras las acciones en contra del proceso electoral.

Estas acciones iniciaron con el proceso en contra del Movimiento Semilla, y siguieron con una serie de solicitudes de información, allanamientos y requerimientos para el levantamiento de la inmunidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Sin embargo, el punto de inflexión ocurrió el pasado 29 y 30 de septiembre, cuando la FECI realizó un allanamiento en la sede del TSE en donde secuestró las Actas No. 4 y No. 8 que guardan la pureza del proceso electoral.

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