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Por medio de una misiva, el secretario general del Ministerio Público (MP) Ángel Pineda Ávila, aceptó la invitación enviada por el presidente Alejandro Giammattei para sostener una reunión con las Autoridades Indígenas junto con el acompañamiento de la Misión de Mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA), sin embargo, pidió a cambio un acceso permanente al edificio central del ente investigador ubicado en el Barrio Gerona de la zona 1 capitalina.
De acuerdo con el documento, el Presidente pidió la reunión para este viernes 13 de octubre a las 13:00 horas, pero Pineda Ávila resaltó que la carta fue recibida en el despacho de la Fiscal General sobre “la hora de la reunión propuesta”, por lo que fue materialmente imposible atenderla.
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A su vez, indicó que la Fiscal General y los demás funcionarios a quienes se les ha solicitado su renuncia se han visto amenazados tanto en redes sociales como en sus residencias por manifestantes, por lo que se debe de contar con garantías de seguridad para atender la reunión, las cuales “hasta el momento no están dadas”, según Pineda Ávila.
Al mismo tiempo, propuso que el diálogo se realice un día durante la próxima semana en las instalaciones centrales del MP, pero las Autoridades Indígenas deberán garantizar el acceso y egreso de funcionarios y demás trabajadores del ente investigador.
El acceso deberá ser también en las sedes que se encuentran “tomadas”, ya que “limitar” derechos de los guatemaltecos “excede la posibilidad de ejercer su derecho de manifestación de forma pacífica”.
MP INSISTE EN TENER ACCESO A GERONA
De la misma forma, el pasado jueves Pineda Ávila envió una misiva al titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), David Napoleón Barrientos, para que la Policía Nacional Civil (PNC) disuelva la manifestación que se encuentra frente al edificio central desde el pasado 2 de octubre.
Dicha manifestación, empezó luego que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a cargo de Rafael Curruchiche, allanara la sede central del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en donde secuestró las Actas No. 4 y No. 8 que guardan la pureza y dan certeza jurídica al proceso electoral.
A ello se suman otros allanamientos por parte de la FECI, la Fiscalía de Asuntos Administrativos y la Fiscalía de Delitos Electorales, así como múltiples solicitudes de información en torno al proceso electoral y la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales (TREP).
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Además, el ente investigador requirió el retiro de inmunidad de los magistrados de la entidad electoral, por lo que distintas organizaciones indígenas, campesinas, sindicales y universitarias han salido a las calles ha realizar bloqueos.
Como principal solicitud se encuentra la renuncia de la Fiscal General, el jefe de la FECI, así como la del titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, quien autorizó el allanamiento en el TSE.