En Cadena Nacional, el presidente Alejandro Giammattei aseguró que no puede solicitar la renuncia de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras. Sin embargo, en 2020 solicitó la cesantía del exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) Neftaly Aldana, tal como lo recordó su hijo Miguel Aldana.
El mandatario expuso que en cumplimiento con el compromiso con las autoridades indígenas, envió oficios al Organismo Judicial (OJ), el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad (CC) para que «escuchen lo que tienen que decirles».
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Sin embargo, explicó que como Presidente no puede remover de forma directa a la Fiscal General, tal como “quedó demostrado” en la reunión de la Comisión de Mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) con las autoridades indígenas.
«Esto significa que el marco regulatorio actual hace inviable al Presidente de la República el cumplimiento en ese sentido que se ha mencionado, que este no cuenta con las facultades directas para proceder con la remoción», subrayó.
Según Giammattei, las funciones constitucionales asignadas al Presidente, en su calidad de Jefe de Estado y autoridad superior del Organismo Ejecutivo, deben desarrollarse en estricto apego al principio de legalidad.
Hijo de ex magistrado: Giammattei pidió la cesantía de mi padre
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— Diario La Hora (@lahoragt) October 14, 2023
ESTO ARGUMENTÓ
En ese sentido, el gobernante explicó que, “en el ejercicio de mis funciones como Presidente de la República me ha sido delegada, por mandato del pueblo conforme al artículo 182 de la Constitución (…) y se debe enmarcar su actuación a los límites que el ordenamiento jurídico le fije en ese sentido».
Por ello, argumentó que el artículo 152 constitucional es «claro» en cuanto a que el ejercicio del poder público está sujeto a las limitaciones señaladas en la misma norma y leyes.
En esta línea también resaltó que el artículo 14 de la Ley Orgánica del MP fue reformado en 2016, el cual citó: “Remoción, el Presidente de la República podrá remover al Fiscal General de la República por causa justificada, debidamente establecida, se entenderá por causa justificada la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada».
De esta cuenta, aseguró que la reforma no fue aprobado por su administración, sino que la normativa fue modificada cuando la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) estaba establecida en el país, y fue con el fin de “proteger” a la entonces jefa del ente investigador, Thelma Aldana.
«Hoy quieren que yo ejecute como era antes y no se puede”, agregó y continuó señalando que, “simple y sencillamente no lo puedo hacer, yo al pedirlo o al tratarlo de hacer, estaría cometiendo un delito que se llama, extralimitarme en mis funciones, y un abuso de autoridad».
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EN 2020 PIDIÓ CESE DE FUNCIONES DE MAGISTRADO
Sin embargo, en octubre de 2020, tres magistrados del Tribunal Constitucional afirmaron que no podía continuar con las reuniones del pleno hasta que se declarara la cesantía del magistrado Aldana, por lo que la CSJ debía establecer un sustituto.
Hijo de ex magistrado: Giammattei pidió la cesantía de mi padre
“Estamos viviendo una crisis constitucional y la tenemos que superar. ¿Cuál es la mejor manera de superar esa crisis? Sencillo, tienen que declarar la cesantía del magistrado Neftaly Aldana”, aseguró el gobernante en dicha oportunidad.
CRISIS DEMOCRÁTICA
Desde el pasado 2 de octubre, el país vive una ola de protestas y bloqueos, luego que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a cargo de Rafael Curruchiche, por orden del Juez Séptimo Penal, allanara las oficinas centrales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en donde secuestró las actas que dan pureza al proceso electoral.
Por ello, los manifestantes solicitan la renuncia de la Fiscal General, el jefe de la FECI, así como la del Juez Orellana, para que los bloqueos y protestas cesen.
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