Víctor Manuel Cruz Rivera, juez décimo de Primera Instancia Penal de Guatemala, es un funcionario del Organismo Judicial (OJ) que ha estado a cargo de varios casos que han generado reacciones en el país.
Víctor Manuel Cruz Rivera, juez décimo de Primera Instancia Penal de Guatemala, es un funcionario del Organismo Judicial (OJ) que ha estado a cargo de varios casos que han generado reacciones en el país. Foto: La Hora / Archivo

POR INVESTIGACIÓN LA HORA
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Víctor Manuel Cruz Rivera, juez décimo de Primera Instancia Penal de Guatemala, es un funcionario del Organismo Judicial (OJ) que ha estado a cargo de varios casos que han generado reacciones en el país, entre estos sobresale el cierre del proceso en contra de Blanca Stalling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); el caso Cambray; y el de supuesta corrupción en el Centro Universitario de Occidente (CUNOC), entre otros.

En 2019, fue incluido por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la “Lista Engel”, señalado por supuestamente “entorpecer investigaciones” de casos de corrupción y “demorar indebidamente los procesos judiciales”.

Cruz Rivera está a cargo de uno de los pocos casos de corrupción que se han dado a conocer durante la gestión de María Consuelo Porras como fiscal general dentro del gobierno de Alejandro Giammattei: el desfalco por casi Q68 millones en el recién construido Hospital de Chimaltenango.

El hospital es uno de los siete que ofreció Giammattei, bajo la dirección del ex ministro de Salud Hugo Monroy.

La obra fue financiada por la República de China-Taiwán, que invirtió US$22 millones. En el caso está señalado uno de los exviceministros a quienes algunos diputados han señalado como protegido de Miguel Martínez, hombre de confianza del mandatario guatemalteco y ex jefe del extinto Centro de Gobierno.

El exfuncionario, señalado por supuestos hechos irregulares, de manera reciente obtuvo de Cruz Rivera una medida sustitutiva, después de ordenar que se profundice en la investigación en su contra.

¿QUÉ CASOS CONOCIÓ EL JUEZ?

Cruz Rivera tiene varios años de trabajar en el OJ, en donde se desempeña como juez. Pero alcanzó notoriedad en mayo de 2019, cuando emitió una orden de captura de carácter internacional en contra de la exfiscal general, Thelma Aldana.

En ese caso el juzgador decretó la aprehensión de Aldana por los delitos de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria, y también la señaló en estado de rebeldía. La organización de Policía Internacional (Interpol, en inglés) rechazó lo indicado por el juez.

 

Por este caso, la Fiscalía contra la Corrupción abrió un expediente de investigación en contra de Cruz Rivera, pero a la fecha se desconocen los resultados.

Asimismo se conoció que el juez recibió protección por parte del Ministerio de Gobernación (Mingob), y según una investigación de elPeriódico un auto blindado que provenía de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS).

En ese momento, el entonces juez Mynor Moto, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (AJMOJ), a la cual está asociado Cruz Rivera, aseguró que dicha protección se le dio por la mediatización del caso de Aldana y por el alto riesgo que podía correr su vida.

Moto fue señalado en los casos Libramiento de Chimaltenango y Comisiones Paralelas 2020, por los cuales se ordenó su detención; sin embargo, de manera reciente ambas fueron anuladas.

El caso Comisiones Paralelas está a cargo del juez Jimi Bremer, que comparte despacho con Cruz Rivera. Este también estableció cerrar el proceso en favor de Moto.

SEÑALADO EN LA LISTA ENGEL

En julio de 2022, el Departamento de Estado de EE. UU. incluyó a Cruz Rivera en la “Lista Engel”, en cumplimiento de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte.

Esto constituye una sanción administrativa del gobierno estadounidense en contra del juzgador, quien es señalado porque supuestamente “entorpeció las investigaciones por hechos de corrupción al demorar indebidamente los procesos judiciales”.

OTORGA ARRESTO DOMICILIARIO A IMPLICADOS EN CASO HOSPITAL DE CHIMALTENANGO

El 16 de marzo último, el MP dirigido por Porras dio a conocer un caso de corrupción que involucra a la administración del gobierno de Giammattei. Específicamente se incluyó a un funcionario del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), quien fue señalado por un posible desfalco millonario por el equipamiento del Hospital de Chimaltenango.

 

Este caso se conoce en la judicatura que dirige Cruz Rivera y está señalado el exviceministro de Hospitales, Gerardo David Hernández García, además del director del Hospital de Chimaltenango Gerardo Arturo Fuentes Rubio, y la representante legal de la empresa Voltar Intermedia S. A., Luisa Fernanda Villagrán Méndez, quienes estaban detenidos en prisión provisional; sin embargo el 24 de marzo pasado fueron ligados a proceso y beneficiados con arresto domiciliario, previo pago de una caución económica de Q200 mil, según informó el MP.

Hernández García es señalado por diputados del Grupo Parlamentario de Oposición (GPO) como protegido del exjefe del extinto Centro de Gobierno, tal como se menciona en la nota: “Diputados señalan a Martínez como protector del viceministro Hernández”.

¿CÓMO SE HABRÍA DADO EL DESFALCO?

Según el ente investigador, el desfalco se habría realizado por medio de 772 concursos de compras que se le otorgaron a la empresa Voltar Intermedia S.A., los cuales suman Q67 millones 909 mil 441. Las adquisiciones se realizaron los días 21, 22 y 23 de diciembre de 2022.

En la investigación de La Hora: “Un excentro de gobierno participó en el proceso de creación del hospital de Chimaltenango” se señala que en la construcción de este centro asistencial habría participado un ex integrante del Centro de Gobierno, Pablo Ramírez Leal, tal como se pudo verificar en sus informes de trabajo que se encuentran en el portal Guatecompras.

MAGISTRADA, EXRECTOR, EXJUEZ, LOS CASOS CONOCIDOS POR CRUZ RIVERA

El 29 de junio del año pasado, en una audiencia celebrada en horas de la noche el juzgador declaró el sobreseimiento del caso en el cual Stalling estaba señalada.

Según el MP, la magistrada habría cometido tráfico de influencias y resistencia con agravación específica, el primer delito por haber tratado de intervenir en la decisión de un juez, y el segundo por tratar de evitar que la Policía Nacional Civil (PNC) la capturara.

Con su resolución, Cruz Rivera cerró el proceso penal en contra de Stalling. La magistrada también fue incluida en la “Lista Engel” en 2021, por el gobierno de EE. UU.

La magistrada fue separada de su cargo en la CSJ, mientras resolvía su situación jurídica. Pero con el fallo del juez, se le permitió volver y recibió una indemnización de Q5.7 millones, consistente en salarios y prestaciones no percibidos cuando dejó su puesto en la Vocalía VII.

El juez dictó falta de mérito en favor del ex rector de la Universidad de San Carlos (Usac), Estuardo Gálvez, quien también figura en la “Lista Engel” desde 2022, así como el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esa casa de estudios superiores, Henry Arriaga, señalados de impulsar proyectos anómalos para la construcción de un edificio en donde funcionarían clínicas, laboratorios y aulas en el Centro Universitario de Occidente (CUNOC) por al menos Q64 millones.

 

En marzo de 2020, Cruz Rivera archivó de manera provisional el proceso penal que se seguía en contra de Víctor Alvarizaes y Antonio Coro, ambos ex alcaldes de Santa Catarina Pinula, señalados en el caso Cambray. Así ordenó al MP continuar investigando a los exjefes ediles.

En enero de 2021, el juez resolvió no enviar a juicio a Alvarizaes y a Coro, y dejarlos en libertad. La Fiscalía los acusaba por homicidio culposo en el referido caso.

Sin embargo, en diciembre de 2022, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó que Coro y Alvarizaes debían enfrentar juicio. El primero fue inscrito como candidato a la alcaldía de la capital por el partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

OTROS CASOS

En el caso conocido como IGSS-Ambulancias, el juez Cruz Rivera, en febrero de 2019, determinó dar medidas sustitutivas a los ex integrantes de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) a Julia Amparo Lotán, Julio Suárez, Max Quirin, Óscar Armando García, Álvaro Dubón y Estela Cuellar.

Ese mismo año, en el caso Subordinación de Poderes el juez anuló elementos de la investigación que fueron presentados por el MP para fortalecer los señalamientos en contra de los sindicados.

La decisión de Cruz Rivera benefició a los implicados. En este proceso las autoridades indagaban sobre la posibilidad de que diputados al Congreso de la República recibieran sobornos a cambio de la aprobación de determinadas leyes.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que en ese momento era dirigida por Juan Francisco Sandoval, presentó una solicitud de antejuicio en contra del juez por presuntamente haber cometido el delito de prevaricato.

Sin embargo, la CSJ rechazó la petición de la FECI y en 2021 la CC confirmó esa decisión.

¿QUÉ PASÓ CON LAS INVESTIGACIONES EN EL MP?

Para la elaboración de esta nota, se consultó al equipo de comunicación del MP sobre los casos que se investigan en contra del juez Cruz Rivera, específicamente por el caso Subordinación de Poderes, así como por el posible soborno que habría recibido por haber librado la orden de aprehensión contra la exfiscal Aldana, como lo dieron a conocer la FECI y la Fiscalía Contra la Corrupción, respectivamente.

Al cierre de esta nota, el equipo de comunicación del ente investigador no brindó alguna respuesta y señaló que realizaría las consultas respectivas del caso.

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