La corrupción suele medirse en millones de quetzales desviados, contratos amañados o funcionarios procesados. Pero detrás de cada expediente hay hospitales que nunca abren, vacunas que no llegan a tiempo, escuelas sin maestros o comunidades obligadas a recorrer kilómetros para acceder a un servicio público. Ese es el cambio de enfoque que la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) busca instalar en Guatemala: entender que el verdadero impacto de la corrupción no está únicamente en el dinero perdido, sino en los derechos que deja sin garantizar.
La idea atravesó el conversatorio «Corrupción, derechos humanos y reparación: desafíos para Guatemala», organizado por la CNC junto con la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), en el que participaron el director ejecutivo de la comisión, Julio Flores; la profesora emérita de la Universidad de California Naomi Roht-Arriaza, especialista en derechos humanos y autora del libro La lucha contra la gran corrupción; y Yonni Aguilar, del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH).
Para Flores, ese cambio de paradigma obliga a desplazar el foco desde los expedientes judiciales hacia las personas afectadas por los actos de corrupción. «La corrupción tiene rostro», resumió durante el diálogo. En su opinión, el combate tradicional se ha concentrado en identificar redes criminales, recuperar recursos y perseguir responsabilidades penales, pero rara vez se detiene en las consecuencias que esos hechos tienen sobre la vida cotidiana de la población.
El funcionario ilustró esa idea con algunos de los casos documentados por la Comisión. Recordó el proceso de adquisición de las vacunas Sputnik durante la pandemia, cuando, según explicó, mientras el país permanecía confinado y las personas fallecían esperando la inmunización, parte del retraso obedecía a desacuerdos sobre el pago de sobornos, sobreprecios e incluso la recepción de vacunas que terminarían vencidas. Detrás de ese caso, sostuvo, no hubo únicamente un posible delito contra la administración pública, sino vidas afectadas por decisiones corruptas.
La misma lógica, añadió, puede observarse en San Pedro Necta, Huehuetenango, donde durante 15 años se asignaron recursos para la construcción de un hospital que nunca se terminó pese a que ya se había pagado alrededor del 90 % de la obra. Los habitantes de uno de los municipios con mayores índices de pobreza del país continuaron desplazándose hacia otras localidades para recibir atención médica mientras el proyecto permanecía inconcluso. «Siempre hay una víctima que tiene un rostro y una familia», insistió Flores.
El director de la CNC citó también la contratación de unos 20 mil docentes mediante un proceso centralizado y electrónico impulsado por el actual Ministerio de Educación, que, según explicó, eliminó un mecanismo discrecional que operaba en las direcciones departamentales. A su juicio, combatir la corrupción en ese ámbito no solo supone impedir negocios irregulares, sino garantizar el derecho de miles de estudiantes a recibir educación.
MÁS ALLÁ DE LAS CONDENAS
La reflexión de Flores estuvo acompañada por una conclusión: perseguir penalmente a los responsables sigue siendo indispensable, pero no basta para modificar las causas estructurales que permiten la corrupción.
A partir de la experiencia de los últimos años, la Comisión sostiene que Guatemala necesita fortalecer su arquitectura institucional con nuevas herramientas legales y administrativas.
Entre ellas mencionó una ley para proteger a denunciantes, una normativa sobre beneficiarios finales de empresas, una nueva ley de contrataciones públicas y la creación de una Secretaría de Integridad Pública. También destacó la implementación de más de 200 canales de denuncia dentro del Organismo Ejecutivo, que, además de derivar en unas 450 denuncias, han permitido identificar patrones recurrentes para prevenir nuevos hechos de corrupción.
Flores defendió además que el combate a la corrupción no puede descansar únicamente sobre una institución. Requiere, dijo, que el Ministerio Público investigue de forma objetiva, que los tribunales deduzcan responsabilidades, que la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación ejerzan controles efectivos y que exista coordinación entre todas las entidades encargadas de fiscalizar el uso de los recursos públicos.
DE LA PÉRDIDA ECONÓMICA A LA VULNERACIÓN DE DERECHOS
La tesis de la CNC encontró respaldo en Naomi Roht-Arriaza, quien defendió que la gran corrupción debe entenderse también como una violación de derechos humanos. Desde esa perspectiva, explicó, cuando un Estado permite de manera sistemática estructuras de corrupción que afectan el acceso a la salud, la educación o la justicia, también puede generar responsabilidad internacional por incumplir su obligación de proteger esos derechos.
La académica sostuvo que ningún país ha derrotado por completo la gran corrupción, aunque sí existen experiencias útiles para reducirla. Citó los casos de Europa del Este, donde la persecución penal se complementó con mecanismos para identificar y desmantelar las redes incrustadas en el Estado, reforzar la contratación pública y ampliar el uso de la extinción de dominio para impedir que las organizaciones criminales conserven el patrimonio obtenido ilícitamente.
Pero, sobre todo, advirtió sobre un riesgo menos visible: la normalización social de la corrupción. Asumir que «siempre ha sido así», señaló, termina por desmovilizar a la ciudadanía y debilitar cualquier intento de transformación institucional.
LA SOCIEDAD COMO VÍCTIMA
Desde la sociedad civil, Yonni Aguilar planteó que la gran corrupción no solo desvía recursos públicos, sino que amplía las desigualdades y priva a la población de oportunidades.
A su juicio, el debate debe abandonar la pregunta sobre cuánto dinero se perdió para centrarse en qué derechos dejaron de garantizarse y quiénes fueron los principales afectados. Las mayores consecuencias, afirmó, recaen sobre quienes dependen exclusivamente de los servicios públicos, mientras que la corrupción comienza mucho antes de que desaparezcan los fondos: inicia cuando se manipulan las reglas de contratación, se capturan las instituciones o se diseñan procesos para beneficiar intereses particulares.
Aguilar también alertó sobre la criminalización de periodistas, operadores de justicia y organizaciones sociales vinculadas al combate contra la corrupción, así como sobre la necesidad de fortalecer el acceso a la información pública para facilitar la auditoría social y la rendición de cuentas.
UNA POLÍTICA DE ESTADO
En la parte final del conversatorio, Flores sostuvo que el desafío de Guatemala consiste en convertir la lucha contra la corrupción en una política permanente y no en un esfuerzo limitado a un gobierno.
Entre las propuestas que impulsa la Comisión mencionó la creación de una agencia anticorrupción de carácter permanente, la incorporación de una política pública de reparación para las víctimas de la corrupción, la formación especializada de jueces y fiscales bajo este enfoque y la inclusión de contenidos sobre ética y transparencia en el currículo nacional. También expresó preocupación por el aumento de la tolerancia social hacia la corrupción entre los jóvenes, una tendencia que, según dijo, refleja un estudio reciente y que considera un llamado de atención para el Estado.
Más que erradicar por completo la corrupción —un objetivo que consideró irrealista—, Flores defendió la necesidad de construir controles permanentes que limiten el abuso del poder y fortalezcan una cultura de integridad. El éxito, concluyó, no debería medirse únicamente por el número de capturas o condenas, sino por la capacidad del Estado para restituir derechos y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
