Por Ana Lucía González, Grecia Ortiz y Jeanelly Vásquez
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El presidente Alejandro Giammattei “dio la instrucción” que el Ministerio de Economía contratara a la firma de abogados Greenberg Traurig, LLP con el afán que esta represente al Estado de Guatemala en un arbitraje internacional.
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Cuesta millones obsesión de Giammattei con Lista Engel👉 [https://t.co/2mjlje3BBl] pic.twitter.com/fzYOgP8p59— Diario La Hora (@lahoragt) June 2, 2022
El bufete que llevaba cinco casos previo al pedido del Presidente cobró en el 2021 US$1 millón 411 mil por todos los casos. La oferta de Greenberg fechada 5 de marzo del presente año implica honorarios entre US$2 millones y US$2.5 millones por un solo caso, según consta en el documento “Propuesta para Representar a la República de Guatemala en el Arbitraje ICSID Caso No. ARB/21/56”, del cual La Hora obtuvo una copia.
El Gobierno ahora pagará por un solo caso más de los que pagaba por llevar cinco.
QUERÍA UN ABOGADO
Giammattei quería a un abogado: Daniel Pulecio-Boek, quien se promociona por tener experiencia en casos de personas vinculadas a la Lista Engel del Departamento de Estado.
Hace unas semanas el Presidente se burló de la Lista Engel y en defensa de Consuelo Porras, Fiscal General del Ministerio Público (MP) dijo que haría la lista del “Zopilote”. Porras fue incluida desde septiembre pasado en la nómina de sancionados en la Lista Engel.
CONTRATACIÓN PEDIDA POR GIAMMATTEI
El Mineco ya tenía contratado un bufete de abogados para abordar cinco casos y el mismo fue designado luego de un proceso de licitación, pero el presidente Giammattei dio instrucciones para decantarse por la firma Greenberb Traurig con un propuesta planteada por el referido abogado.
Pulecio-Boek, es un abogado que ha representado a varios funcionarios gubernamentales y empresarios de alto nivel relacionados con el Informe de Actores Corruptos y Antidemocráticos de la sección 353 del Departamento de Estado de Estados Unidos (conocida como lista Engel) publicado en julio de 2019, tal como indica la página digital de esta firma.
Esta es una instrucción directa del Presidente y espera lo antes posible la contratación de Greenberg, dijo Janio Rosales, en ese entonces Secretaria Privado de la Presidencia y ahora Ministro de Economía.
Rosales estaba enterado que el bufete que llevaba los cinco casos estaba cobrando menos de lo que ahora pretenden pagar, pero Rosales fue tajante: La instrucción del Presidente es clara, deben contratar a Greenberg, sentenció.
El ahora Ministro de Economía quería que las autoridades llamaran a Pulecio para cerrar la contratación.
¿QUÉ LITIGIO ASUMEN POR AL MENOS $2 MILLONES?
El litigio millonario que asumiría la firma es uno de los cuatro procesos en curso ante el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), de los cuales tres son por arbitraje, actualmente bajo reserva, según la Procuraduría General de la Nación (PGN).
La propuesta de 129 páginas de Greenberg Traurig corresponde al arbitraje ICSID, Caso No. ARB/21/56, Energía y Renovación Holding, S.A. vs. República de Guatemala. Esta demanda la presentó en noviembre de 2021 la compañía panameña Energía y Renovación Holding en contra del Estado de Guatemala ante el Tribunal del CIADI por la paralización de las actividades de la empresa.
Lo anterior debido a las protestas de comunidades indígenas de la zona y ataques de grupos militares armados que se oponen a la construcción de dos centrales generadoras hidroeléctricas en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
Según una publicación de Prensa Libre, estos son los casos abiertos:
LISTA ENGEL: UNA BURLA QUE SÍ LES IMPORTA
El 11 de mayo de 2022 el presidente Giammattei se burló de la Lista Engel, diciendo que crearía la “lista del zopilote” donde incluiría a los “enemigos de Guatemala (…) porque sí, si lo ponen a uno en una lista que no vale nada, por lo menos el zopilote vale algo”. No obstante, la petición exclusiva del Presidente de contratar la propuesta de Daniel Pulecio-Boek evidencia el interés del Gobierno de Guatemala en pagar con dinero público a un abogado que se dice especialista en la lista del Departamento de Estado, que se actualizará en los próximos meses.
La posibilidad de que esta sanción alcance al mandatario es nula explicó una fuente en Washington que pidió no ser citada, “pero considerando los antecedentes en otros países, las inclusiones sí pueden llegar a su círculo cercano, como ocurrió con Vladimir Putin de Rusia.“.
Las sanciones a las máximas autoridades de los países han sido dictadas al concluir sus mandatos. Son los casos de los expresidentes hondureños Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, quienes fueron incluidos en la lista de actores antidemocráticos luego de terminar sus cargos como presidentes.
El subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian A. Nichols quien habló de las designaciones de la Lista Engel, y dijo que esto respondía a acciones recientes que socavaron la democracia.
“La lista 353 demuestra que promoveremos la rendición de cuentas por acciones corruptas y antidemocráticas. No obstante, seguimos comprometidos en impulsar nuestros intereses mutuos c/Centroamérica: crecimiento económico inclusivo y combate al narcotráfico y crimen organizado”, mencionó.
PROPUESTA MILLONARIA
En su propuesta, la firma presentó dos opciones: un procedimiento con bifurcación, equivalente a USD$2.5 millones -alrededor de Q19.1 millones-; y uno sin bifurcación por USD$2 millones -aproximadamente Q15.3 millones-, aunque en la introducción la entidad subrayó: “Además, ofrecemos un descuento significativo”, destacando que los honorarios para este tipo de servicios generalmente exceden los USD$4 millones (unos Q30.4 millones) si los casos duran más de cuatro años.
Cualquiera de las dos opciones incluye los posibles gastos administrativos como transporte, fotocopias, investigación legal, traducciones, entre otros. Los únicos gastos no incluidos en la propuesta son los gastos administrativos propios del CIADI y de los árbitros, honorarios, así como viáticos de los expertos.
UNA FIRMA QUE LE APORTÓ A MARCO RUBIO
El bufete contratado aporta a varios políticos de Estados Unidos. Uno de ellos es el
congresista republicano Marco Rubio, senador por el Estado de Florida, quien recibió aportes para su campaña por parte de Greenberg Traurig, según la organización fiscalizadora Open Secrets.
La firma se posiciona como uno de los 20 mayores contribuyentes del senador de 2009 a 2022, con un monto total de US$99,447. Sin embargo, no se precisan las condiciones o propósito de este pago.
LA CARTA DE RUBIO ALEGANDO INJERENCIA
El 29 de abril, Rubio y el senador Michael Lee señalaron la supuesta influencia de funcionarios estadounidenses en el proceso de elección de la fiscal general en Guatemala.
Más atrás, en 2017, se tienen antecedentes de la posible vinculación de esta firma durante el gobierno de Jimmy Morales, con un contrato de US$80 mil mensuales, extremo que fue negado por la Presidencia en ese momento, según un reportaje de Soy502. Esto le habría servido para concretar una reunión entre el mandatario guatemalteco y su homólogo estadounidense Donald Trump.
REPRESENTACIÓN EN GUATEMALA
La firma también cuenta con representación en Guatemala por medio del abogado Juan Manuel Aquino Matus.
Graduado de la Universidad Rafael Landívar, su bufete fue creado en 2021, con cuatro empleados.
Según Guatecompras, en enero de 2021, el abogado Aquino Matus obtuvo un contrato en el Ministerio de Comunicaciones por servicios profesionales con un valor de Q26,645.16 y dos contratos anulados en ese mismo año. Y dos contratos anulados ese mismo año por Q56 mil y Q30 mil, respectivamente.
Esto durante el periodo del ministro Josué Edmundo Lemus, diputado electo por Quiché y contratista del Estado.
LA FIRMA QUE DEFIENDE A ERICK ARCHILA
El documento también destaca la experiencia de Pulecio-Boek, con la “representación” del propietario de uno “de los conglomerados de medios de comunicación de Guatemala”, que también fungió como ministro de gabinete.
La referencia apunta al exministro de Energía y Minas, Erick Archila-Dehesa quien es requerido por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), por un caso de cobros ilícitos vinculados a licencias emitidas por la cartera que dirigió durante el gobierno del Partido Patriota.
El sitio electrónico The Legal 500 confirma al empresario Archila-Dehesa como uno de los clientes de la firma.
¿QUÉ DICEN MALOUF Y ROSALES?
La Hora contactó al ex ministro de Economía Antonio Malouf para consultar al respecto, pero solo se limitó a decir “estoy de viaje y los contacto a mi regreso. Muchas gracias y buenas noches”.
En horas de la mañana se recibió un mensaje del exministro Malouf en el que manifestaba: «Estoy de viaje en reuniones y no puedo dar declaraciones al respecto porque yo NO firmé ese contrato».
Con el actual ministro de la cartera, Janio Rosales, no se ha logrado comunicación y al tener alguna respuesta se publicará.
*Nota modificada a las 08:41 para agregar un breve comentario del exministro de Economía, Antonio Malouf
