Los ataques desde el Ministerio Público (MP) a distintas autoridades por los resultados electorales de 2023 centraron la atención tanto de organizaciones civiles y organismos internacionales en el país. En ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Elizabeth Palencia.
Entre los funcionarios que han denunciado alguna amenaza o atentado están la magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), Leyla Lemus, el magistrado suplente de esa Corte, Rony Eulalio López. Además, durante las elecciones, los magistrados del ente electoral Blanca Alfaro y Gabriel Aguilera
Además, el binomio presidencial electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, goza de esas medidas por la CIDH.
«Tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. La solicitante sería objeto de amenazas, seguimientos y vigilancias, como intimidación, estigmatización y acoso, por medio de plataformas virtuales, incluso incitando violencia en contra de su vida e integridad«, se lee en el comunicado de la Comisión.
Dicho organismo analizó el contexto político en el país, y consideró que los riesgos persisten y ante la falta de medidas de protección suficientes se otorgan las medidas cautelares para la funcionaria y sus representantes.
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CAPTURA Y RESPUESTA
El Ministerio Público (MP) antes de que Alejandro Giammattei deje el cargo solicitó la detención de los cuatro magistrados del TSE que se quedaron sin inmunidad en noviembre pasado, y que abandonaron el país por el riesgo de su captura.
La magistrada Palencia habló con este Diario desde el extranjero y dio a conocer sobre la persecución y amenazas que recibió entre la primera y segunda vuelta electoral, pero había preferido no denunciarlo, ya que considera que no hay garantías.
La Comisión, aunque recibió respuesta del Estado sobre el «refuerzo» de seguridad que se le ha brindado a la funcionaria, solicitó un informe sobre las acciones adelantadas sobre la investigación de los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución,
Por último, la CIDH anunció que el otorgamiento de las medidas cautelares y la adopción por el Estado no son un prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos humanos.
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