La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió otorgar medidas cautelares a favor de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidenta electos de Guatemala, para que se resguarde su vida e integridad personal, dado que su equipo habría tenido información “preocupante sobre un plan para asesinarlo con participación de agentes estatales e individuos particulares”.
“Alegaron que, al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad, habrían advertido sobre la existencia de un plan denominado “Colosio”, haciendo referencia al asesinato del candidato del PRI mexicano en el año 1994, que se implementaría para acabar con la vida del propuesto beneficiario”, dice la resolución de la Comisión, con sede en Washington.
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En la resolución emitida por la CIDH, considera que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad comprendidos en el artículo 25 de su reglamento.
La CIDH solicita a Guatemala:
- Adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Cesar Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar a la luz de las valoraciones de la presente resolución.
- Concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes.
- Informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Los guatemaltecos eligieron el domingo pasado a Arévalo y Herrera en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para los próximos cuatro años, lo que supuso la derrota de la ex primera dama Sandra Torres en su tercera participación como aspirante a presidenta.
Arévalo fue la sorpresa de la primera ronda electoral realizada el 25 de junio, donde logró un segundo lugar que lo colocó en el balotaje. Fue entonces que el Ministerio Público aceleró acciones judiciales contra los miembros del partido Movimiento Semilla con el fin de evitar que este pudiera participar en una segunda ronda electoral que terminó ganando.
Recibieron protección de resoluciones de las cortes que frenaron las maniobras judiciales en tanto dura el proceso electoral.
La fiscalía insiste en continuar con sus acciones contra los miembros del partido y los candidatos electos. También ha extendido sus acciones contra quienes dirigieron el proceso electoral y busca saber quiénes contaron los votos en las elecciones y quiénes fueron los digitadores que tuvieron a su cargo digitalizar las actas que contenían el recuento de los votos.
En su informe previo a otorgar las medidas, el Estado de Guatemala dijo que no “advertía ninguna situación de gravedad” contra los políticos beneficiados con las medidas.
