Las acciones desesperadas de la jefa del Ministerio Público (MP) y el gobierno de Alejandro Giammattei por impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, hace que organismos internacionales mantengan en alerta para asegurar el respeto a la democracia.
Desde la Organización de los Estados Americanos (OEA) después de la primera vuelta electoral se denunció la judicialización del ente investigador contra el partido Semilla, y este jueves el secretario general de ese entidad, Luis Almagro, mostró que se mantiene al tanto de la situación política y legal, lo que genera incertidumbre tanto en el ámbito local, como internacional.
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«La incertidumbre y desconfianza institucional que han acompañado a Guatemala desde los resultados de las elecciones generales de 2023 deben cesar. La responsabilidad democrática de todas las instituciones es imprescindible para aislar y neutralizar las acciones de boicot y conspiración del Ministerio Público contra la democracia y para desconocer el pronunciamiento del pueblo», publicó Almagro.
Almagro señala que captura de Barrientos “constituye un repudiable uso de la autoridad”
Este día, el Ministerio Público mostró su oposición a que el gobierno de Semilla asuma el poder, y capturó al exministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, así como solicitó detener a los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que perdieron inmunidad en noviembre pasado.
Almagro resaltó que las acciones del MP violentan lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, que Arévalo y Herrera deben asumir este domingo como presidente y vicepresidenta constitucional del país. Y desde la secretaría general de la OEA condenó enérgicamente cualquier acción que atente contra lo resuelto por el Tribunal Constitucional, en preservación del orden democrático en Guatemala.
MUESTRAN RECHAZO
La incertidumbre que ha mantenido la fiscal general desde agosto ha provocado que distintos sectores condenen la criminalización del exministro de Gobernación por no reprimir las manifestaciones pacíficas en octubre pasado.
La Convergencia por los Derechos Humanos calificó de arbitraria y represiva la detención de Barrientos por defender los derechos humanos de quienes son incómodos a sus intereses.
«Repudiamos la persecución penal contra Napoleón Barrientos, quien en cumplimiento a los principios internacionales sobre el manejo de manifestaciones, se negó a reprimir las manifestaciones pacíficas que exigían la renuncia de la fiscal Consuelo Porras», agregó el colectivo por los derechos humanos.
A la vez, hacen un llamado a la ciudadanía a estar en alerta y respaldar con su presencia las movilizaciones para defender el Estado de derecho, garantizar la transición gubernamental e impedir el golpe de Estado. Y por último, acompañar a los pueblos originarios, que desde el 2 de octubre, realizan acciones pacíficas en defensa de la democracia.
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