Las declaraciones del secretario general del Ministerio Público (MP) y dos empleados de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que atentan contra la democracia volvieron a encender las alertas a sectores, que rechazan el Golpe de Estado que impulsa el ente investigador.
La Convergencia por los Derechos Humanos, conformada por ocho organizaciones civiles, resaltó que la fiscal general no cesa usar el sistema legal para burlar la voluntad popular, con argumentos espurios e ilegales.
“El Ministerio Público, bajo la dirección de Consuelo Porras, se transformó en el instrumento político y legal para perpetuar la cooptación del Estado y continuar saqueándolo para beneficiar a grupos ligados a estructuras de corrupción e impunidad. Mientras se da el Golpe de Estado, el MP conjuntamente con algunos jueces corruptos, han dado marcha atrás a importantes casos de corrupción e impunidad, dejando en libertad a mafiosos criminales que han realizado latrocinio en el Estado”, agregó la Convergencia.
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A la vez, el colectivo recordó que el ente investigador ha censurado la libertad de expresión, hace una persecución penal a operadores de justicia, criminaliza a opositores y encarcela a mujeres, por lo que las acciones que presentó este viernes son una muestra para burlar los resultados de las urnas electorales, que atentan contra la democracia.
FUERA DE COMPETENCIA
Desde que el MP secuestró las cajas electorales y ha denunciado a magistrados del TSE, distintas agrupaciones civiles han señalado las competencias del ente investigador en temas electorales.
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La Convergencia resaltó que no le corresponde al MP fiscalizar el proceso electoral, como tampoco anunciar la anulación de las elecciones generales, por eso llama a la ciudadanía a expresar su defensa por la democracia y la voluntad popular para que los involucrados en el Golpe de Estado caigan.
“Es urgente la alianza entre organizaciones sociales, colectivos, movimiento y comunidades para acuerpar la resistencia que por más de 50 días han mantenido los pueblos frente al edificio del Ministerio Público”, concluyó la Convergencia por los Derechos Humanos.
