El dinero fue ubicado en una diligencia que realizó la FECI. FOTO LA HORA/MP

POR MARGARITA GIRÓN
jgiron@lahora.com.gt

El viernes, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) anunció la incautación de Q122 millones 351 mil 456. 60. Tras la acción de la Fiscalía, diversos actores se han pronunciado, sobre el destino que podría tener el dinero incautado si la Ley lo permitiera, incluso el Vicepresidente Guillermo Castillo, manifestó que dichos fondos deben destinarse para atender la desnutrición en el país.

“El dinero incautado hoy por la FECI debe destinarse en su totalidad para atender el problema de desnutrición en el país. Una normativa específica del Congreso puede aprobarlo y exigir que se maneje con transparencia. Los insto a considerarlo”, aseveró el funcionario.

En tanto, analistas Acción Ciudadana CIEN e ICEFI, consideran que los temas prioritarios en los que podría emplearse la cantidad de dinero incautado están enfocados en la educación, niñez y salud del país.

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, manifestó que debería ser un tema a discutir. Foto La Hora

AC: REFORMA ES PRÁCTIAMENTE INALCANZABLE

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, manifestó que, aunque concuerda con el Vicepresidente en que el tema debería ser sometido a una reforma inmediata, la ley de extinción de dominio tiene “muchas trampas y trabas” para que el dinero que se confisca sea utilizado de forma más efectiva y eficiente por el Estado.

“Si hubiera interés en estos temas, ameritaría una reforma a esa Ley de dominio, de manera que todo lo que tiene que ver con combate al narcotráfico y a la corrupción, se invierta en temas sensibles y prioritarios para la población, como son el hambre, el desempleo y otras áreas en donde la gente pueda ver que hay un Estado que no solo es aliado de las mafias, sino que también pueda ser un aliado de la población”, dijo.

Agregó que, es necesario ser realistas ya que esa reforma es prácticamente inalcanzable bajo esta Legislatura, ya que, a decir de Marroquín, “la agenda está más de lado de las mafias”. Algunas de las instituciones que serían beneficiadas con los recursos incautados, están comprometidas con el mal gasto de los recursos públicos y la cobertura de la impunidad.

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ICEFI: LISTA DE POSIBLES DESTINOS SI LA LEY LO PERMITIERA ES INMENSA

Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), destacó que, si la ley lo permitiera, la cantidad y diversidad de destinos legítimos es “inmensa”, como las necesidades que tiene el país. “Yo coincidiría con el Vicepresidente de la República, en una asistencia a niños y niñas que están sufriendo desnutrición crónica, sería una de las prioritaritas”, dijo.

Además, refirió que, cualquier programa de protección social podría beneficiarse, “cualquier rubro destinado a atención de niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal, podría verse cómo se puede financiar algunos de los programas”, aseveró.

Además, señaló que se han cuestionado programas como el Seguro Escolar en donde se destinado Q300 millones, cuando hay necesidades en libros de texto educativos, remozamiento de escuelas y podría designarse para el sistema educativo, más allá de los aumentos salariales.

Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales explicó dónde podrían hacerse estas inversiones. Foto La Hora

CIEN: DEBERÍAN INVERTIRSE EN TEMAS PRIORITARIOS DEL PAÍS

María del Carmen Aceña, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), precisó que, los fondos deberían invertirse en temas prioritarios para el país en donde puedan verse un resultado inmediato.

En ese sentido, una vez evaluado el marco legal y si se estableciera que el destino del dinero incautado puede redirigirse, una de las opciones es invertirlo en el tema de la educación, específicamente en programas para llevar a los niños educación virtual y agua potable para las escuelas.

“La inversión en todo caso debería hacerse lo más rápido posible para que dé tiempo de acá a enero. También podría emplearse en salud, pero es necesario determinar a qué tema en específico”, dijo.

María del Carmen Aceña, del CIEN, también se refirió a este tema. Foto La Hora

¿QUÉ DICE LA LEY?

De acuerdo con el Artículo 47, de la Ley de Extinción de dominio, sobre el Destino de los dineros extinguidos, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio distribuirá los recursos entre determinadas dependencias, dentro de las que se encuentran el Ministerio Público (MP), Organismo Judicial (OJ), Procuraduría General de la Nación (PGN), instituciones que han sido cuestionadas por su actuar en diferentes contextos de la coyuntura del país.

Según la Ley de Extinción de dominio, un veinte por ciento (20%), con destino exclusivo para cubrir los gastos de las unidades de métodos especiales de investigación creadas en virtud de la Ley Contra la Delincuencia Organizada,

Decreto Número 21-2006 del Congreso de la Republica; las fuerzas de tarea o unidades encargadas de la interceptación aérea y marítima de drogas.

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En tanto otro veinte por ciento (20%), que serán fondos privativos del Ministerio Público y deberán ser invertidos en los programas de protección de testigos, el cumplimiento de la presente Ley y la investigación y juzgamiento de los delitos de lavado de dinero u otros activos. Narcoactividad y delincuencia organizada.

Además, se incluye un dieciocho por ciento (18%). que pasará a formar parte de los fondos privativos del Ministerio de Gobernación para el entrenamiento y adquisición de equipo en apoyo directo a las unidades de investigaciones relacionadas con la presente Ley y para el Centro de Recopilación, Análisis y Diseminación de Información Criminal de la Policía Nacional Civil.

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Asimismo, un quince por ciento (15%), que pesará a formar parte de los fondos privativos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, con destino exclusivo pare cubrir los gastos de administración de bienes incautados y aquellos extinguidos hasta que proceda con su venta.

Mientras que, un veinticinco por cierto (25%) para los fondos privativos del Organismo Judicial. Y un dos por ciento (2%) para la Procuraduría General de la Nación.

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