Con información de Lourdes Arana/ lcarana@lahora.com.gt
La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró con lugar una apelación planteada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) para reactivar las pruebas recabadas durante la investigación contra la magistrada separada del cargo Blanca Stalling, quien por medio de un amparo había logrado dejar fuera del proceso declaraciones testimoniales, información de empresas telefónicas y videos de seguridad en su contra.
En primer lugar, el caso de Blanca Stalling fue designado al juez Adrián Rodríguez, quien la ligó a proceso penal por el delito de tráfico de influencias. Rodríguez basó la decisión en pruebas presentadas por la FECI del Ministerio Público (MP) donde se trató de demostrar que la magistrada retirada presionó al juez Carlos Ruano para beneficiar con una medida sustitutiva a su hijo Otto Molina Stalling, vinculado al caso IGSS-PISA-Chiquimula.
El caso IGSS-Pisa-Chiquimula alude a que los integrantes de la Junta Directiva nombraron a miembros no idóneos de la Junta de Licitación para adjudicar contratos de servicios de diálisis peritoneal. A la Junta de Licitación se le acusó de autorizar de forma irregular que la Droguería Pisa de Guatemala, S. A. continuara en el proceso de licitación pese a que la misma no cumplía con las especificaciones técnicas necesarias: recursos humanos, infraestructura básica y mobiliario.
“A los acusados del caso IGSS Chiquimula se les sindicó de integrar un grupo estructurado para cometer delitos contra la administración pública con el ánimo de obtener beneficios ilícitos en procesos de cotización y/o compra directa de servicios contratados para la remodelación para el consultorio del Seguro Social en el departamento de Chiquimula”, consignó la otrora Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
LAS PRUEBAS
La FECI presentó como prueba principal un audio grabado por el juez Ruano el día que fue citado por Stalling para pedir el favor. En esa conversación Blanca Stalling le explicó al juez que su hijo Otto llevaba un año y cuatro meses detenido por el caso IGSS-PISA-Chiquimula. La magistrada detalló que en ese tiempo no avanzó el juicio en su contra, por lo cual le solicitó a Ruano dialogar con los otros integrantes del tribunal que llevaban el caso de Otto Stalling para agilizarlo.
Asimismo, Blanca Stalling encomendó al juez que considerara beneficiar a su hijo y a otros sindicados con arresto domiciliario. Al momento de presentar la prueba Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI dijo: “la grabación es el elemento fundamental para comprobar que gozando de su alta jerarquía ejerció influencias en el juzgador”.
El Ministerio Público también presentó como prueba un mensaje que la magistrada Stalling le envió al entonces secretario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rony López, donde lo insulta diciendo “mentiroso, hipócrita y poco hombre”, argumentando que López afirmó que la magistrada le pidió que confirmara su reunión con el juez Ruano.
AMPARO DESACTIVÓ LOS MEDIOS DE PRUEBA
Blanca Stalling logró invalidar estas pruebas por medio de un amparo, no obstante, el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, aclaró que en el transcurso del proceso penal las pruebas presentadas fueron obtenidas con autorización judicial.
STALLING SIGUE CON ARRESTO DOMICILIAR
El caso tráfico de influencias por el que se le acusa a Blanca Stalling fue conocido por al menos cuatro juzgados.
Actualmente el caso es llevado por el juzgado décimo penal, presidido por Víctor Cruz, quien ha suspendido la audiencia de Stalling más de diez veces para revisar sus medidas de coerción, mientras ella continúa gozando de arresto domiciliario.
Con redacción de Jeanelly Vásquez
