Por Grecia Ortíz
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De acuerdo con una nota publicada por The Washington Post, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentará una nueva política con la que se descalificaría para asilo a aquellas personas que provengan de países con propagación o brote de alguna enfermedad, al considerar que estos pondrían en peligro la seguridad pública de Estados Unidos.
Asimismo, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) que está involucrado en la redacción de la propuesta le dijo a ese medio que la regla de asilo aplicaría solo a aquellos que llegan de países donde circula una enfermedad transmisible mortal y altamente infecciosa, como el COVID-19 o el ébola.
Con ello, la administración Trump se prepara a presentar nuevas y amplias restricciones de inmigración que negarían el refugio humanitario a cualquier persona que provenga de un país en donde se tenga un brote de enfermedad.
La nota explica que es probable que DHS haga el anuncio de la política la próxima semana, según lo explicaron dos funcionarios nuevos de esa institución, quienes no estaban autorizados a hablar públicamente sobre los planes de autoridades.
El WAPO apunta a que la ley de inmigración estadounidense otorga a autoridades el poder de rechazar a solicitantes de asilo que tengan antecedentes de violencia o actividad delictiva, ya que podrían representar un peligro para EE.UU.
CONSIDERARÍAN RAZONES DE AMENAZA DE SALUD PÚBLICA
No obstante, el cambio de regla que propondrían le permitiría al DHS y también al Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés), que se amplíe la definición de amenazas a la seguridad para que se consideren razones de salud pública basadas en la enfermedad al determinar si existen motivos razonables para creer que un extranjero es un peligro para la seguridad estadounidense, según un aviso reglamentario.
En ese orden, los solicitantes que llegan de países con enfermedades transmisibles mortales, no serían elegibles para un proceso de asilo y una forma de protección conocida como “retención de deportación”, que protege a las personas de un proceso de deportación.
Luego de ser publicada la propuesta en el Registro Federal, este cambio propuesto por las autoridades, podría entrar en vigencia después de un período de 30 a 60 días para comentarios públicos, mencionó uno de los funcionarios de DHS a WAPO.
EE. UU. GOLPEADO POR EL COVID-19
Según el portal de información de Worldometers, hasta hoy Estados Unidos lidera a los países del mundo con más muertes por COVID-19 e infecciones confirmadas, de hecho, la nota menciona que funcionarios ya han destacado que el país va en camino a alcanzar 100 mil casos nuevos por día.
La Unión Europea ha impuesto restricciones de viaje a los viajeros estadounidenses debido a la propagación desenfrenada del virus, que incluso se ha intensificado en los últimos días.
CASOS EN AUMENTO EN MÉXICO Y GUATEMALA, NO ES LA EXCEPCIÓN
Pero a medida que han incrementado las cifras en EE. UU., también han ido en aumento en México y otras naciones de Latinoamérica, precisamente de donde son la mayoría de solicitantes de asilo en la Frontera Sur, así que el cambio de la regla vendría a descalificar a estas personas, por razones de seguridad pública, según la publicación.
Guatemala no es la excepción en cuanto al aumento de casos positivos de COVID-19, pues hasta el 1 de julio se tenía el reporte de 20 mil 072 personas positivas a la enfermedad y 834 fallecidos.
Uno de los últimos reportes de las autoridades del Ministerio de Salud, señalaba que al menos 186 migrantes que provenían de vuelos desde Estados Unidos fueron confirmados como positivos al COVID-19.
De hecho, uno de los primeros casos de retornados confirmados venía en un vuelo que llegó a Guatemala desde Mesa Arizona y del que posteriormente se dieron a conocer más casos, incluso el Gobierno de Estados Unidos trasladó a personal al país para realizar pruebas a deportados al conocerse los primeros casos.
En ese sentido, es que un funcionario de DHS, que está involucrado en el proceso de redacción de la propuesta, mencionó que la barra de asilo, solo llegaría a aplicarse a personas que lleguen de países en donde circula una enfermedad transmisible mortal y altamente infecciosa como el COVID-19 o el virus del ébola.
YA HAN IMPLEMENTADO OTRAS NORMATIVAS
El mismo funcionario refirió que migrantes que cruzan la frontera y expresan temor a sufrir daños si son deportados, el primer paso en el proceso de asilo, aún serían elegibles para protección bajo la Convención de la ONU contra la Tortura, de la cual Estados Unidos es signatario.
Sin embargo, en la práctica la administración Trump, ya ha cerrado la Frontera Sur de EE. UU., a solicitantes de asilo y otras personas que llegan en búsqueda de refugio citando la emergencia de salud pública que se originó a causa de la pandemia.
FOTO LA HORA/JOSH GALEMORE / ARIZONA DAILY STAR A TRAVÉS DE AP
De hecho, la mayoría de los detenidos a lo largo de la frontera, han sido expulsados hacia México o deportados rápidamente con procedimientos que han suspendido las reglas convencionales de migración.
La administración Trump, además ha impulsado otra serie de barreras en contra de solicitantes de asilo, una de ellas es la del Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), que Guatemala firmó el año pasado con el gobierno del expresidente Jimmy Morales, por el que se han recibido a 936 personas de nacionalidad hondureña y salvadoreña.
UTILIZA LA PANDEMIA
Otro de los puntos que aborda Sarah Pierce del Instituto de Políticas Migratorias (MPI por sus siglas en inglés), es que la administración ha estado utilizando la pandemia para lograr el avance de su agenda de migración, además apuntó a que utilizan múltiples herramientas burocráticas para aislar sus cambios del litigio.
El año pasado se registró un amplio aumento en personas que llegaban a la Frontera Sur en busca de protección, muchos de los solicitantes de asilo declararon que sentían temor a la muerte si eran deportados y fue desde entonces que Trump emitió una serie de decretos relacionados con el asilo, cambios regulatorios y otras restricciones, incluso cuando tribunales federales han considerado que varias de sus medidas ilegales.
En esa línea es que un juez federal de Washington D.C. Thimothy Kelly, revocó una de las políticas de la administración Trump, que descalificaba a migrantes que no solicitaron un proceso de protección en otros países en los que transitaron antes que en EE. UU.
Kelly mencionó que se había violado la Ley de Procedimientos Administrativos al hacer un cambio repentino sin suficiente aviso o justificación.
La regla, según explicó Aaron Reichlin-Melnick asesor político del Consejo Americano de Inmigración, esta medida tuvo un impacto directo en solicitantes de asilo de países como Guatemala, El Salvador y Honduras y en quienes entraron a EE. UU. después de julio del año pasado.
