Luego de que la Unión Europea (UE) sancionara a la Fiscal General, María Consuelo Porras; el secretario general, Ángel Pineda, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y la fiscal de esa unidad, Leonor Morales, el Ministerio Público (MP) salió en defensa de su personal y calificó las acciones como «espurias y maliciosas».
En horas de la mañana de este viernes 2 de febrero, la UE anunció la adopción de medidas en contra de cuatro funcionarios del ente investigador y el juez penal Fredy Orellana. Todos son señalados de socavar la democracia al supuestamente tratar de evitar la toma de posesión del presidente, Bernardo Arévalo, que asumió el cargo el pasado domingo 14 de enero.
RECHAZA SANCIÓN
Los funcionarios incluidos en la lista están sujetos a la congelación de activos. Además, a los ciudadanos y empresas de la UE se les prohibió poner fondos a disposición de estos, se detalló en un comunicado oficial. Por otra parte, los cinco tienen prohibición de ingresar y transitar por los países que conforman dicha región.
«El Ministerio Público rechaza categóricamente los señalamientos espurios, maliciosos y antidemocráticos propiciados por el Consejo Europeo, que denotan profundo desconocimiento del sistema jurídico guatemalteco, atentan contra el estado de Derecho y la independencia que la ley otorga al ente investigador», señaló el MP de Porras.
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De acuerdo con el ente investigador, «buscan intimidar y coaccionar a funcionarios del Ministerio Público y suponen una grave amenaza contra el régimen de legalidad y la democracia en Guatemala, con un claro interés de obstaculizar la justicia y detener investigaciones en curso para beneficiar a determinados actores».
También se indicó que se considera que: «estas acciones son inaceptables, pues el Ministerio Público es una institución autónoma, objetiva e imparcial, cuyo mandato legal es velar por el estricto cumplimiento de la ley, responde únicamente a la Constitución Política de la República de Guatemala y a las leyes vigentes del país, no a instancias internacionales».
EXCUSA SEÑALAMIENTOS
En ese sentido, el MP aseguró que «únicamente ha cumplido con su mandato constitucional de investigar las denuncias ciudadanas, pues no hacerlo, sería denegarles justicia a las víctimas».
«Por el perfil de los funcionarios arbitrariamente señalados por la Unión Europea hemos de suponer que dicho ente internacional dedica tiempo a realizar defensas oficiosas con absoluto desconocimiento del sistema de control de garantías constitucionales del Estado de Guatemala».
El ente investigador destacó una «abierta violación a la autonomía e independencia del Ministerio Público como una institución fundamental del Estado de derecho de Guatemala que como país miembro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), ratificó el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica».
Y de esa cuenta, el MP anunció que «como persona jurídica de derecho público, se reserva las acciones legales bien sea de forma unilateral o bien desde el espacio multilateral del SICA de conformidad con los principios y normas del Derecho Internacional Público que pudieran corresponder en contra de la Unión Europea».
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