El Consejo de la Unión Europea (UE) adoptó sanciones en contra de la cúpula del Ministerio Público (MP), entre ellos, la Fiscal General, María Consuelo Porras; el secretario general de la Fiscalía, Ángel Pineda; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; la fiscal de esa unidad, Leonor Morales Lazo y el juez séptimo penal A, Fredy Orellana, según se dio a conocer este viernes 2 de febrero.
Se trata de una serie de medidas restrictivas en contra de cinco funcionarios que «socavaron la democracia, el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala», luego de la arremetida del ente investigador en contra de los resultados electorales de 2023, que dieron la victoria al presidente, Bernardo Arévalo. Todos fueron acusados de intentar dar un Golpe de Estado que impidiera la investidura del mandatario.
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SANCIONES SIN PRECEDENTES
Los funcionarios incluidos en la lista están sujetos a la congelación de activos, y a los ciudadanos y empresas de la UE se les prohíbe poner fondos a disposición de estos, se detalló en un comunicado oficial.
Además, las personas también están sujetas a una restricción de viaje, que les impide entrar o transitar por territorios de la UE.
«La decisión de hoy sigue a la adopción, el 12 de enero de 2024, de un marco específico para medidas restrictivas en apoyo de la democracia y una transferencia pacífica y ordenada del poder en Guatemala», se explicó, y se refirió que «el marco se adoptó antes de la toma de posesión del presidente democráticamente elegido Bernardo Arévalo el 14 de enero de 2024, a la que asistió el Alto Representante Josep Borrell».
El Alto Representante agregó en el comunicado: «Cuando viajé a la Ciudad de Guatemala, lo hice sabiendo que la presencia de numerosos invitados internacionales no solo enviaría un fuerte mensaje de apoyo a la democracia en Guatemala, sino también una fuerte señal a los obstruccionistas de que eludir los procesos democráticos no sería tolerado por el gobierno».
«La UE está dispuesta a adoptar nuevas medidas para exigir responsabilidades a los responsables», destacó Borrell.
ATAQUE A LA DEMOCRACIA
El pasado 8 de diciembre, el MP declaró como “nulo de pleno derecho” el proceso electoral recién realizado en el país, el cual dejó como ganador de la silla presidencial a Arévalo, quien fue impulsado por el suspendido de forma temporal partido político Movimiento Semilla, esto por supuestas anomalías en las actas electorales con las cuales la agrupación buscó su inscripción ante el Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Surpremo Electoral (TSE).
Las acciones fueron calificadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros países, como el último intento de entorpecer el cambio de mando, establecido para el 14 de enero por la Constitución Política de la República de Guatemala. Además, condenaron los hechos.
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Meses antes de que asumiera Arévalo como presidente, denunció de forma pública a Porras como la supuesta autora intelectual de un intento del rompimiento constitucional confabulado con la ayuda de Curruchiche, al frente de la FECI, y fiscales de esa unidad. También señaló al juez Orellana de prestarse a suspender a Semilla con el fin de impedir que pasara a la segunda vuelta electoral.
Estados Unidos ya sancionó a los personajes antes mencionados. Además, de 108 diputados del Congreso de la República de la Novena Legislatura (2020-2024), quienes retiraron la inmunidad a los magistrados del TSE, y aplicó la revocatoria de visa a ellos, así como al expresidente Alejandro Giammattei.
En tanto, su pareja, Miguel Martínez, fue sancionado con la Ley Global Magnistky, con la cual se le impusieron medidas financieras, que incluyen el congelamiento de sus bienes y activos en EE. UU., y le prohíbe a sus ciudadanos entablar relaciones comerciales con el exdirector del extinto Centro de Gobierno.
