Tras declararse culpable de lavado de dinero proveniente del narcotráfico en Estados Unidos y ser deportado en 2022 para enfrentar la justicia guatemalteca por dos casos de presunta corrupción, ahora, Manuel Baldizón, excandidato a la Presidencia, mueve las piezas del tablero de ajedrez para cerrar uno de los procesos por el que podría enfrentar un juicio en el denominado caso Transurbano.
Baldizón permaneció 18 meses en una cárcel estadounidense por usar dicho dinero para financiar su campaña política cuando intentó ser presidente de Guatemala con el desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (Lider).
El empresario incursionó en la política en 2003, cuando alcanzó un escaño en el Congreso por el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y en los años próximos habría cometido actos de presunta corrupción.
El ajedrez de Manuel Baldizón para quitarse el caso Transurbanohttps://t.co/2nIdaKKqPD pic.twitter.com/DNR0914fo9
— Diario La Hora (@lahoragt) November 4, 2023
LAS MOVIDAS DEL TABLERO
A la fecha, las piezas en el tablero de ajedrez dan tregua a Baldizón y el caso Transurbano se encuentra en jaque, es decir a una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) para que la persecución penal, por esta carpeta, contra el excandidato finalice.
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Luego de su deportación e ingreso al edificio de Torre de Tribunales, dos jueces de Turno le leyeron los motivos de su detención por los casos Odebrecht y Transurbano y se le señaló la posible comisión de los delitos de cohecho activo, lavado de dinero, asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y financiamiento electoral no registrado.
Para el 19 de octubre, el Juzgado Segundo Penal A, entonces dirigido por la juez Virginia Amparo de León, tras varias audiencias celebradas a puerta cerrada y sin presencia de la Prensa, benefició a Baldizón procesándolo solo por uno de los cuatro delitos de los cuales el Ministerio Público (MP) le imputó en el caso Transurbano y además le otorgó arresto domiciliario a cambio de una fianza de Q1 millón.
LA FALTA DE MÉRITO
Baldizón obtuvo falta de mérito por los delitos de asociación ilícita, financiamiento no registrado y lavado de dinero, y fue procesado por el delito de financiamiento electoral ilícito, mismo por el cual en 2018 la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que no podía ser aplicado a Sandra Torres, expresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
La investigación señalaba que Lider obtuvo 6.5 millones de dólares en las campañas electorales de 2011 y 2015, provenientes del subsidio estatal al sistema de transporte Transurbano.
En los primeros días de enero del presente año, el Juzgado de Mayor Riesgo D procesó al expresidenciable por tres delitos en el caso Odebrecht, las audiencias también fueron a puerta cerrada y esta vez la fianza fue de Q800 mil. De esa cuenta, Baldizón abandonó el cuartel militar Mariscal Zavala, en donde guardó prisión poco más de tres meses.
VIEJOS ALIADOS DAN ESPALDARAZO
En abril, la Sala Tercera de Apelaciones dio un espaldarazo a Baldizón, al ratificar la decisión de la jueza De León, quien dictó falta de mérito por tres procesos y sostuvo que solo debía ser investigado por el delito de financiamiento electoral ilícito, pese a que la FECI de Rafael Curruchiche presentó una apelación.
La Sala Tercera ha sido cuestionada por sus resoluciones que han favorecido a varios actores políticos como a Baldizón. Alguno de los beneficiados han sido el exalcalde Álvaro Arzú, fallecido en 2018, la magistrada Blanca Stalling, el ruso Igor Bitkov o el hermano e hijo del expresidente Jimmy Morales.
Los magistrados de dicha Sala, al igual que los de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y demás Cortes del Organismo Judicial (OJ), según el caso Comisiones Paralelas II, fueron electos bajo la influencia directa de Baldizón y del exministro de Comunicaciones del extinto Partido Patriota (PP), Alejandro Sinibaldi.
PROCESO ESTÁ EN JAQUE
Sin embargo, Baldizón busca el beneficio total en el caso Transurbano y de esa cuenta presentó una acción de inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad para que el único delito que se le imputó le sea eliminado. El proceso se encuentra en jaque y será la CC quien defina la situación legal del exfuncionario.
El expediente de Baldizón en la CC es el 5115-2023 y busca que se revierta la decisión de la jueza De León de abrir una investigación en su contra bajo el argumento que el delito que hoy se le imputa no existía cuando según la FECI cometió el ilícito y de esa cuenta se contraviene la Constitución en cuanto a la irretroactividad de la ley.
La problemática legal se originó en febrero de 2018, cuando la CC exhortó al Congreso de la República a reformar el Artículo 407 «N» del Código Procesal Penal y para noviembre del mismo año el Legislativo pasó a dividirlo en dos delitos y eso trajo la creación de otro delito, el «O».
De esa cuenta, el inciso «N» contempla como «financiamiento electoral ilícito» todo dinero obtenido para el uso de una campaña política de forma ilegal y el «O» el dinero que no estuviera registrado, pero de forma lícita como «financiamiento electoral no registrado».
Por lo tanto, la defensa de Baldizón argumentó en el incidente planteado que los hechos que se le imputan presuntamente ocurrieron en la campaña política de 2011 y 2015, mientras que el delito por el que se le señala fue modificado en el 2018 por el Congreso.
De acuerdo con el sitio web de consultas de la CC, la magistrada Dina Ochoa Escribá junto a los integrantes de la IV magistratura deberán analizar y formular el proyecto para que el pleno de magistrados de la máxima corte entren a conocer el incidente que planteó Baldizón.
Ochoa llegó a la CC por la alianza oficialista del Congreso, quienes la designaron como magistrada titular junto a Luis Alfonso Rosales Marroquín como suplente. Los votos de los partidos políticos aliados a VAMOS, que llevó a la presidencia a Alejandro Giammattei, les dieron la victoria a los dos.
Ahora, la CC resolverá si la persecución penal contra Manuel Baldizón por el delito de financiamiento electoral ilícito debe continuar o cesar. En 2021 falló a favor de Sandra Torres y le eliminó el delito, igual que con el exvicepresidenciable Héctor Cifuentes, quien compitió con Zury Ríos en las elecciones generales de 2023.
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QUISO SER CANDIDATO PERO REGISTRO DE CIUDADANOS RECHAZÓ SU INSCRIPCIÓN
En junio pasado, los magistrados de la CSJ en sesión ordinaria, decidieron ordenar al TSE dejar en suspenso en definitiva la inscripción de Baldizón como candidato al Congreso de la República con el partido CAMBIO, meses antes el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó su inscripción cuando busco ser candidato a diputado.
