El Ministerio Público (MP) suma más de 20 días de atraso en la devolución de las actas electorales 4 y 8 originales, las cuales secuestró el pasado 30 de septiembre de la sede central del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la zona 1 capitalina. Atribuye la situación a la «toma» del edificio de Gerona, en donde funcionan sus oficinas principales.
Ese día, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) puso fin a un allanamiento de más de 19 horas en el TSE, y secuestró los referidos documentos, los cuales contienen la sumatoria de los resultados de los comicios del pasado 25 de junio, con los que se estableció que Bernardo Arévalo y Sandra Torres se enfrentarían en la segunda vuelta de la elección presidencial, así como de otros procesos para elegir diputados y alcaldes.
La investigación está bajo reserva y se sabe poco de qué busca la FECI dirigida por Rafael Curruchiche. Sin embargo, diputados del partido oficial VAMOS han anunciado en las últimas semanas que el MP develará un nuevo caso que pondría en entredicho el resultado de los comicios.
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SECUESTRO DE ACTAS
En horas de la mañana del 30 de septiembre último, los magistrados del TSE intentaron impedir el secuestro de las actas electorales a manos de fiscales del MP. Sus esfuerzos se vieron infructuosos y el ente investigador sustrajo los documentos del órgano electoral.
De acuerdo con Curruchiche, se investigan hechos que constan en más de 1 mil denuncias relacionadas con los resultados de los comicios, situación que podría vulnerar la decisión de quienes acudieron a las urnas en las elecciones generales 2023.
El MP, tras secuestrar las actas, dijo a los magistrados que estas serían devueltas a las instalaciones del TSE en un plazo de tres días, es decir el martes 3 de octubre pasado. Sin embargo, a la fecha los documentos permanecen en poder del organismo encargado de la persecución penal, específicamente en Gerona.
MP EXCUSA MANIFESTACIONES
La Hora consultó con el MP a qué se debe el atraso de la devolución de las actas 4 y 8 de la primera vuelta electoral, que se celebró el 25 de junio. Se indicó que la situación se debe a las manifestaciones que se efectuaron frente a su sede central, en donde se desarrolló un plantón por más de 20 días.
Ante el cuestionamiento de cuándo se devolverán los documentos, la Fiscalía refirió que no puede dar un tiempo estimado, ya que «depende de lo que dure el procedimiento» de investigación.
En ese sentido, subrayó que la FECI no pudo avanzar con las diligencias «tomando en cuenta que se perdieron aproximadamente 17 días por la toma del edificio». Sin embargo, los manifestantes solo rodearon las instalaciones del ente investigador, como lo indicó Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán en una conferencia de prensa.
El pasado 29 de septiembre, Curruchiche señaló que el caso estaba bajo reserva, por lo cual no se podían hacer públicos los detalles de la investigación. Sin embargo, las diligencias son desarrolladas dentro del expediente del caso que se sigue en contra del partido político Movimiento Semilla.
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MANIFESTACIONES
La respuesta de la sociedad civil ante el secuestro de las actas electorales comenzó el lunes 2 de octubre último, con plantones de los pueblos indígenas en la provincia y en la sede central del MP. Los 48 Cantones de Totonicapán, en conjunto de alcaldías indígenas, hicieron el llamado.
Con el paso de los días, se activaron grupos de estudiantes universitarios, profesionales, organizaciones sociales, comerciantes y vecinos en todo el país, para defender la democracia. La renuncia de la Fiscal General, María Consuelo Porras, y otros funcionarios del MP y del Organismo Judicial (OJ) es lo que mantiene en pie a la ciudadanía.
Porras junto a Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana son señalados de supuestamente efectuar acciones que vulneran la democracia del país y de las elecciones recién pasadas.
