En Guatemala se cumplen este miércoles 11 de octubre, 10 días consecutivos del paro nacional convocado por organizaciones indígenas, el cual ha sido acompañado de manifestaciones ciudadanas y bloqueos de carreteras, estas últimas en las principales rutas del país. Con estas medidas se exige la renuncia de la Fiscal General, María Consuelo Porras, señalada de supuestamente haber efectuado acciones contra la democracia, tras los comicios de este año. Además, la renuncia de Rafael Curruchiche y Fredy Orellana.
Hasta el momento, todas las entidades y personas involucradas mantienen sus posturas, y analistas ven que la situación podría subir de nivel.
La crisis política que azota al país se encuentra en un punto muerto, en donde nadie cede a las acciones de otros, y el panorama no da tregua. Porras dice que no renunciará, como lo exigen miles de manifestantes en todo el territorio nacional; los bloqueos permanecen y están desesperando a las personas, se están causando impactos económicos y el presidente, Alejandro Giammattei, responsabiliza de lo sucedido al presidente electo, Bernardo Arévalo.
Arévalo por su parte responsabiliza a Porras y enfatiza que Giammattei la nombró.
BANDOS MANTIENEN POSTURA
La protesta inició el pasado lunes 2 de octubre, dirigida por autoridades indígenas ancestrales entre las cuales destacan los 48 Cantones de Totonicapán y la Alcaldía Indígena de Sololá. Con el paso de los días, grupos de estudiantes universitarios, sociales, sindicatos y gremiales se sumaron, y también reclamaron la renuncia de Porras; así como la de los fiscales Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalia Especial contra la Impunidad (FECI), y Cinthia Monterroso; y del juez Fredy Orellana.
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Este diario consultó al Ministerio Público (MP) si Porras considera presentar su renuncia, ante las exigencias de miles de ciudadanos expresadas en los últimos días.
La respuesta dada por el Departamento de Información y Prensa de la Fiscalía señala que: «la Fiscal General no va a renunciar a su cargo. Su actuar al frente de la institución siempre se ha desarrollado en estricto cumplimiento de la ley».
Por su parte, Giammattei señaló a Arévalo y a Karin Herrera, vicepresidenta electa, como supuestos responsables de los bloqueos en carreteras, hechos calificados tanto por él como por Porras, como «ilegales».
El presidente electo aseguró que el gobierno debe reconocer que que las acciones del MP en contra del proceso electoral dañan la democracia guatemalteca.
Los 48 Cantones de Totonicapán mantienen su postura de continuar con el paro nacional, e indicaron que no piensan retroceder en estas acciones. Se intentó comunicación con Luis Pacheco, presidente de la organización ancestral, pero no se obtuvo respuesta.
En ese sentido, La Hora consultó a la Presidencia si Giammattei contempla reunirse con los dirigentes de los 48 Cantones, para dialogar sobre las manifestaciones y bloqueos que se mantienen en el país. Al cierre de la edición de esta pieza periodística no se tuvo ninguna postura oficial.
Mientras que las personas que se mantienen en los bloqueos indicaron que no se retirarán de esos sitios hasta que la jefa del MP renuncie. Esa situación generó el malestar de conductores, quienes ven perjudicado su traslado para el desarrollo de sus actividades cotidianas.
Crisis llega a un punto muerto: nadie da muestras de ceder
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— Diario La Hora (@lahoragt) October 11, 2023
HECHOS DE VIOLENCIA
Videos publicados en las redes sociales e imágenes captadas por los medios de comunicación dan muestra de que en algunos bloqueos la situación se ha vuelto tensa, e incluso se han documentado enfrentamientos verbales y físicos.
SITUACIÓN PODRÍA ESCALAR
Analistas consultados por La Hora con relación a la crisis que enfrenta el país, indicaron que las autoridades deben estar atentas, debido a que la situación podría escalar.
Para el analista político Secil de León pareciera que el panorama que se vive en el país no acabará pronto. «Yo creo que esto va para largo y que aún puede escalar, ese es un gran riesgo. Uno de los principios del ejercicio del poder es que no se cede con sonrisas y flores, se arrebata; y estamos viendo una lucha política», dijo.
De León consideró que el problema se centra en los presidentes, el saliente y el electo. «Vemos a dos luchando por el poder: uno por el poder que tiene y no quiere perder; y otro por el poder que no ha adquirido, y pues se está defendiendo», señaló.
Pablo Rangel, profesor universitario y doctor en Ciencias Sociales, señaló que pueden existir alternativas para los bloqueos, como una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC); sin embargo, indicó que la población sostiene que se busca la renuncia de Porras y demás funcionarios señalados de actuar en contra de la democracia.
El rechazo ciudadano incrementó hace unas semanas cuando, a finales de septiembre, el MP secuestró las actas electorales 4 y 8 originales, que contienen la sumatoria de los resultados de la primera vuelta electoral celebrada en junio y la pureza de los comicios.
Para eso se efectúo un allanamiento que inició el 29 de septiembre y duró 19 horas. Terminó en un forcejeo entre fiscales y magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los primeros querían llevarse las actas y los segundos impedir esa acción.
«Ya no les importa lo que diga la CC. Han perdido legitimidad estos funcionarios, más con su última acción al secuestrar las actas electorales. Pensaron que solo quienes votaron por Semilla eran quienes iban a reaccionar, pero fue un insulto alto, calado, a toda la población guatemalteca», aseguró.
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Para María del Carmen Aceña, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), una salida inmediata sería que el MP diera a conocer la investigación por la cual secuestraron las actas electorales. «Esa acción fue la que indignó a la población», aseguró.
«Yo creo que una salida rápida es que la FECI esclarezca ese caso. Le aseguro que no tienen evidencia y ahí sería un acto de humildad de ellos, de darse cuenta de que el sistema electoral funciona y que no vamos a tolerar que digan que hubo fraude», sostuvo.
INVESTIGACIÓN EN RESERVA
De acuerdo con lo manifestado por el jefe de la FECI, se buscaban indicios de la posible comisión de delitos relacionados con el proceso electoral, derivado de más de un 1 mil denuncias que fueron recibidas por el MP con las cuales se habrían puesto en entredicho los resultados electorales.
Sin embargo, ese extremo se desconoce, debido a que la fiscalía solicitó a Orellana que declarara bajo reserva total el expediente, por lo cual ninguna persona puede dar información relacionada con el caso.
