La jueza de Ejecución Penal separada de su cargo, Coralia Carmina Contreras se entregó a la justicia este lunes 6 de febrero, en horas de la mañana. Ella fue separada de su cargo mientras el Ministerio Público (MP) hacía una investigación en su contra, y también estuvo prófuga durante 11 meses.
El 15 de marzo de 2022, el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal giró una orden de captura en contra de la juzgadora por la posible comisión de los delitos de cooperación para la evasión y falsedad ideológica por su presunta implicación en el caso Fugas del Sistema Penitenciario.
Ovidio Orellana, abogado defensor de Contreras, indicó que el juez séptimo Sergio Mena decidió revocar la orden de aprehensión que había sido girada en contra de su clienta al considerar que se había presentado ante la justicia de manera voluntaria.
Además, fijó una audiencia de primera declaración para el próximo 29 de marzo.
SE FUGÓ DE ALLANAMIENTOS EN 2022
El mismo día que se ordenó su captura, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) se disponía a desarrollar tres allanamientos en inmuebles ubicados en Mixco.
Contreras no fue localizada por las autoridades en esa ocasión, según los reportes oficiales del órgano encargado de la persecución penal.
El juez Sergio Mena del Juzgado Séptimo le revocó la orden de captura luego de presentarse y programó la próxima audiencia para el 29 de marzo.
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— Diario La Hora (@lahoragt) February 6, 2023
EL CASO
En enero de 2021, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió retirarle la inmunidad a la juzgadora. Después de casi un mes, el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) la suspendió del cargo.
Las pesquisas de la Fiscalía establecieron que la jueza habría firmado órdenes de libertad falsas mientras laboraba como jueza de Ejecución Penal. Ella es investigada dentro del caso Fugas del Sistema Penitenciario.
El ente investigador la vincula a la posible fuga de siete reos entre 2016 y 2017, quienes permanecían en prisión por delitos relacionados a lavado de dinero y narcoactividad.
Entre los fugados figura el narcotraficante Ramón Antonio Yáñez, quien cumplía una condena de 28 años de cárcel al ser declarado como responsable de dirigir una estructura que trasegaba químicos utilizados como precursores para la elaboración de droga sintética.
Actualmente permanece prófugo. Supuestamente, la jueza habría facilitado la evasión de Yáñez.
JUEZ QUE REVOCÓ ORDEN DE CAPTURA ESTUVO A CARGO DEL CASO DE LAPARRA
El juez Mena, quien revocó la orden de captura de Contreras, estuvo a cargo del caso de Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango. A Laparra no se le otorgó arresto domiciliario y las audiencias se celebraron a puerta cerrada.
Además, las abogadas de Laparra reclamaron en reiteradas ocasiones que el juez permitía que la Fundación contra el Terrorismo (FCT) y a Lesther Castellanos Rodas, ambos querellantes adhesivos en el proceso, que les faltara el respeto y mostró parcialidad hacia los denunciantes.
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