El juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Villarejo’, Manuel García Castellón, ha acordado prorrogar seis meses la investigación en la pieza relativa al presunto encargo de los navieros Ángel y Álvaro Pérez Maura al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que evitara la extradición del primero a Guatemala para dar tiempo a Asuntos Internos para que analice una importante cantidad de mails del Grupo CENYT –empresa del expolicía– a la que por fin tienen acceso.
Los hermanos de la diputada han sido vinculados a la supuesta organización criminal de narcotráfico “Los Huistas”. Aquí más: #LaHoraDeActualizarnos https://t.co/8jSJO18FLg
— Diario La Hora (@lahoragt) February 6, 2023
En un auto de 25 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 indica que «en este caso concurren circunstancias que llevan a considerar que el plazo de instrucción vigente resulta insuficiente para que finalice la investigación», y se apoya en un informe del Ministerio Público para echar por tierra la pretensión de la defensa del comisario, que interesaba concluir las pesquisas.
García Castellón hace un repaso de los asuntos pendientes en la causa, y destaca por ejemplo que los investigadores de la Unidad de Asuntos Internos han remitido un oficio, fechado el 18 de enero, en el que comunican que «disponen de la tecnología necesaria para acceder a los archivos en formato .pst, relativos a correos electrónicos del Grupo CENYT, con lo que van a proceder a su inmediato análisis».
El juez indica que esta comunicación de Asuntos Internos, que afecta a todas las piezas separadas del ‘caso Villarejo’, abre la puerta a estudiar «una gran cantidad de documentación e información», y que de ese análisis es probable que salgan a la luz «aspectos relevantes en esta pieza separada».
LA PERICIAL DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
Por otro lado, el magistrado indica que aún no se ha recibido la pericial de la Agencia Tributaria que es «fundamental para determinar el alcance de los delitos contra la Hacienda Pública que se investigan en este procedimiento», y avisa de que esta circunstancia ya justificaría, por sí sola, la necesidad de la prórroga.
Pero suma a esto que hasta la fecha tampoco se ha completado de modo pleno la comisión rogatoria internacional remitida a Guatemala por auto de abril de 2021. En concreto, apunta que no ha recibido la totalidad de la documentación interesada, «que es de un gran volumen, por lo que su análisis y estudio requerirá una especial atención».
Añade que también queda por llevar a cabo la declaración en calidad de investigada de la mercantil ‘Pérez y Cía.’, y advierte de que podría ocurrir que tras esa comparecencia las restantes partes interesasen la práctica de nuevas diligencias.
LA PIEZA ‘PIT’
El punto de partida de esta pieza separada del ‘caso Villarejo’, denominada ‘Pit’, se sitúa en 2016, cuando Guatemala solicitó a España la entrega de Pérez Maura, acusado de pagar sobornos de hasta 30 millones de dólares a altos funcionarios del país iberoamericano, incluidos el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, para conseguir la adjudicación de una infraestructura en Puerto Quetzal.
De acuerdo con el relato judicial, los Pérez Maura habrían acudido entonces a Villarejo para que frenara la extradición de Ángel. Por este encargo, bautizado como ‘Pit’ –de ahí el nombre de la pieza separada–, el grupo empresarial del entonces comisario, CENYT, se habría embolsado 7.4 millones de euros.
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En un principio, la investigación española se centró en ‘Pit’, pero cuando la Audiencia Nacional rechazó en 2018 la extradición de Pérez Maura a Guatemala por ser ciudadano español abrió la puerta a que fuese juzgado en España por los delitos que allí se le imputaban.
En respuesta, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 asumió en abril de 2021 la causa dirigida en el país latinoamericano contra Pérez Maura por presuntos delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho para concluir la fase de instrucción y, en su caso, proceder a juicio.
