En la fotografía el contralor, Frank Bode. Foto: La Hora/Prensa Libre
POR INVESTIGACIÓN LA HORA

Debido a la contratación que realizó la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) de servicios de remolcaje con la entidad Arrendadora Continental, Sociedad Anónima (S.A.) por Q170,922,576.38, La Hora intentó conocer el criterio de la Contraloría General de Cuentas (CGC) en torno a si esta se podría considerar una concesión, a lo que respondió que se encuentran revisando dicho evento de licitación.

De acuerdo con el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Guatecompras, la Empornac adjudicó la licitación para la “contratación de servicios especializados de remolcaje para atraques, desatraques y movimientos internos de embarcaciones en la Empornac” con Arrendadora Continental, S.A., cuyo representante legal es José Guillermo Castellanos Molina.

El servicio es por diez años, los cuales podrán ser prorrogables, y podría llegar hasta 20 años, según se describe en las bases de licitación.

 

Además, Empornac explicó que su tarifa por remolcaje es de US$2,087.40, del cual el 13.76% le corresponde a la portuaria y el resto a la entidad contratada, lo cual le sumaría Q170,922,576.38.

“Es el cálculo que se hace de 1,080 maniobras anuales por el monto de los US$2,087.40, se les va pagar por maniobras, no precisamente se les pagará los Q170 millones”, detalló la Empornac.

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ASEGURAN QUE ES UN SERVICIO TERCERIZADO, NO UNA CONCESIÓN

El asesor de gerencia de la Empornac, Rodrigo de la Peña, aseguró que la adjudicación no se trata de un arrendamiento, ni es privatización, ni es concesión, sino es una tercerización de los servicios.

“Si nosotros permitiéramos que la Arrendadora Continental S.A. se arreglara con las navieras por las maniobras de remolcaje, eso sería una concesión, pero mientras nosotros somos los que cobramos la tarifa y pactamos con ellos un monto determinado y todos los requisitos que están en las bases de licitación, no hay ninguna concesión. De hecho, ellos están tercerizando un servicio, y el servicio nos lo prestan a nosotros”, puntualizó.

Asimismo, el represente legal de Arrendadora Continental S.A., José Guillermo Castellanos Molina, dijo que legalmente no existe una concesión, porque Empornac “siempre va ser la autoridad portuaria, la entidad autónoma y descentralizada que va controlar toda esa operación. Lo único que está haciendo la portuaria es tercerizar un servicio”, explicó.

“No existe bajo ningún punto de vista concesión, porque Empornac tiene siempre el control de toda la operación y nosotros nos regimos bajo la sombrilla de Empornac”, enfatizó.

 

CONTRALORÍA: “SE ESTÁ REALIZANDO UNA REVISIÓN”

Por esa contratación, esta Redacción buscó conocer el criterio de la Controlaría, sin embargo, no se logró comunicación con el contralor, Frank Bode.

Se le llamó a Bode al número telefónico que consignó en su hoja de vida que presentó en su momento para postularse al cargo, pero este sonaba apagado, también se le escribió por WhatsApp, pero el mensaje no se registró de recibido.

Por tal razón se contactó a la asesora de despacho, Mónica Monge, para conocer la postura de la Contraloría.

Esta Redacción buscó conocer el criterio de la Controlaría Foto: La Hora

A través de Monge la Subcontraloría de Calidad del Gasto Público respondió: “Se inició auditoría concurrente con el nombramiento de la comisión de auditoría de fecha 21 diciembre de 2022 emitido por la Dirección de Atención a Denuncias de la Subcontraloría de Calidad del Gasto Público, para practicar examen especial de auditoría concurrente con seguridad limitada”.

“Con base en las características de la Auditoría Concurrente, las cuales son preventivas y correctivas, se está realizando la revisión de la información publicada en los sistemas de compras y contrataciones y de la documentación solicitada a la gerencia general”, agregó.

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AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA DETECTA DEFICIENCIAS

La auditoría a la que se refiere la Subcontraloría de Calidad del Gasto Público se detalla en documentos publicados en Guatecompras, los cuales detallan que la Contraloría realizó un examen especial de auditoría concurrente con seguridad limitada a este proceso de adjudicación e identificó dos deficiencias.

La primera se refiere a que la convocatoria publicada en el Diario de Centro América (DCA) se hizo fuera de tiempo, y la segunda fue por deficiencias en publicaciones de eventos.

“(…) Por lo que la incongruencia entre las fechas restringe y afecta la libre competencia en el presente proceso”, dice parte de la auditoría de la CGC.

Al respecto, el Departamento de Compras de Empornac reconoció que hubo incumplimiento en el plazo de publicación en el DCA, pero justifica que la Ley de Contrataciones del Estado indica que entre la publicación en Guatecompras y el día fijado para la presentación y recepción de ofertas deben transcurrir por lo menos 40 días calendario.

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