La exfiscal Samari Gómez, quien laboró en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), fue trasladada por elementos del Sistema Penitenciario (SP) a la Torre de Tribunales este lunes 12 de diciembre, para iniciar la audiencia de etapa intermedia en el caso que se sigue en su contra. Sin embargo, la diligencia se suspendió por la inasistencia de su abogado defensor.
Ella fue llevada a contratiempo y sin haber sido notificada con anterioridad del traslado. Sin embargo, la audiencia quedó suspendida. Antes de ser retornada a su celda, aseguró que se le está criminalizando otra vez.
La diligencia se desarrollaría en el Juzgado Séptimo Penal, a cargo de Fredy Orellana. Pero se frenó por solicitud de la procesada.
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MOTIVOS POR LOS QUE SE SUSPENDIÓ
La audiencia intermedia de Gómez se suspendió porque su defensa renunció. De esa cuenta pidió que se nombre un profesional del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) para que continúe con el caso.
En la diligencia también se conocería una solicitud de la exfiscal para que modifique la medida de coerción que mantiene, que es de prisión preventiva, por cualquiera de las sustitutivas que existen en la legislación vigente.
Orellana aceptó reprogramó la audiencia para el 19 de diciembre a las 9:30 horas. Ese día se conocerá la petición de la procesada y la acusación del MP.
ASEGURA SER CRIMINALIZANDO EN AUDIENCIA
Gómez dijo que considera que existe una estrategia de criminalización en su contra, en las audiencias judiciales a las cuales es citada.
“Se ha tratado de criminalizar el hecho que yo haya perdido a mi abogado, incluso están criminalizando el hecho que el abogado no se presentara a la audiencia y creo que ese es un extremo fuerte”, señaló a La Hora.
En audiencia anterior, la Fundación contra el Terrorismo (FCT) indicó que “el querer permanecer en prisión es un medio para tratar de obstaculizar una investigación del MP, es un argumento falso y hasta ridículo”, expresó Gómez sobre las argumentaciones en su contra.
Y aseguró que “como ellos mismos lo han mencionado (la FCT), la única persona que se ve afectada de seguir privada de libertad soy yo”.
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Además, dejó en claro que ella no busca obstaculizar la investigación, “todo lo contrario, nosotros hemos tratado de aportar todo lo necesario para demostrar mi inocencia”.
La exfiscal explicó que no es la primera vez en la que se les ha criminalizado. “Estamos siendo objeto de una persecución a tal punto de no poder ejercer una defensa técnica de manera correcta”.
“YO NO SABÍA QUE TENÍA AUDIENCIA”
También afirmó que desconocía que había sido citada por Orellana, hasta que los elementos del SP le indicaron que debían llevarla al edificio judicial.
“Yo no sabía que tenía que venir a la audiencia hoy. Fui notificada más o menos a las 9:30 horas que tenía audiencia, y estaba programada a esa misma hora”, explicó.
Gómez fue trasladada de la cárcel ubicada en la Brigada Militar Mariscal Zavala e ingresó a Torre de Tribunales aproximadamente a las 10:15 horas.
ABOGADO SERÁ INVESTIGADO “POR FALTAR A LA ÉTICA”
La exfiscal afirmó que el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) investigará a Armando Mendoza, quien llevaba su defensa, por una falta ética y situaciones administrativas.
“Es parte de una criminalización. Yo no puedo llegar con él y decirle que retome el caso. Como nos van a apoyar las personas, ¿Las persiguen?”, lamentó.
Además, Gómez afirmó que el proceso penal es desgastante en el tema económico y “al día de hoy no he podido obtener mi liquidación en el MP, y no pudimos llegar a un acuerdo para la continuidad de mi caso”, dijo.
EL CASO
Su implicación en el caso deriva del proceso en contra del periodista José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, a quien el MP acusa de haber intentado lavar Q300 mil con ayuda de Ronald García Navarijo, exdirectivo del Banco de los Trabajadores (Bantrab).
La Fiscalía acusa a Gómez por el delito de revelación de información confidencial, porque supuestamente ella pasaba detalles de investigaciones al exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, que a su vez la trasladaba a Zamora, con lo cual el presidente de elPeriódico realizaba los chantajes, según la Fiscalía.
Su caso es calificado, a nivel nacional e internacional, como otro intento de la administración de María Consuelo Porras de atacar la libertad de expresión en Guatemala y criminalizar a operadores de justicia.
