La Asociación de Periodista de Guatemala (APG) en su informe anual sobre la libertad de expresión y violencia contra la prensa asegura la existencia de un “terrorismo judicial que acecha a la prensa” y cualquier voz disidente al Gobierno del presidente, Alejandro Giammattei.
Lo anterior “mediante el acoso judicial, criminalización, campañas de descrédito, obstaculización de acceso a fuentes informativas y la utilización de un discurso oficial confrontativo”, consignan en el documento.
GIAMMATTEI EN CONTRA DE VOCES CRÍTICAS
Señala que el gobierno de Alejandro Giammattei “finaliza el año bajo una política en contra de las voces críticas al régimen” en las que sobresalen periodistas, medios de comunicación, operadores de justicia, activistas, defensores de derechos humanos y, en menor medida, políticos de oposición.
Dicha posición, “no solo pretende silenciar y desacreditar las publicaciones, investigaciones, noticias y críticas en su administración, sino también evidencia la cooptación del aparato de justicia y otras instituciones públicas”, refiere la APG.
“Existe alarma en el gremio y organizaciones de derechos humanos, locales e internacionales, sobre estas acciones que evidenciaron los límites que está dispuesto a cruzar el Poder Ejecutivo para vulnerar la libertad de expresión, los derechos humanos y castigar a los periodistas independientes que no se alinean a sus intereses gubernamentales.
PORRAS Y CURRUCHICHE PERSECUTORES DESDE EL MP
En el análisis de la situación sobre la libertad de expresión también aparecen la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta y Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
“Ahora convertida en una oficina encargada de promover impunidad y cazar a las personas que el gobierno marca como sus enemigos”, explica el informe sobre el Ministerio Público (MP) y la persecución de detractores del Gobierno.
La misión de la Sociedad Interamericana de Prensa se refirió a la situación de la libertad de prensa en Guatemala. Aquí lo que indicaron: #PorSiNoLoVio https://t.co/mskynSiOXM
— Diario La Hora (@lahoragt) December 11, 2022
A la APG, le preocupa que el proceso en contra del presidente de elPeriódico José Rubén Zamora Marroquín, actualmente en prisión preventiva, pueda convertirse en “la antesala de un recrudecimiento del acoso judicial y la criminalización de comunicadores, cuyos extremos sean ver más detenciones”.
FUTURO INCIERTO Y PREOCUPANTE
Dado este escenario, la APG considera que en un futuro “podrían registrarse más casos de desplazamiento forzado y exilio de periodistas, por la persecución penal en su contra, o nuevos actos de censura judicial para limitar las publicaciones de medios y comunicadores”.
Asimismo, les genera preocupación que en un futuro el Estado “pretenda normalizar la realización de juicios secretos en contra de los enemigos del régimen” y se bloquee cualquier publicidad de las acciones del sistema de justicia.
APG asegura que un "terrorismo" judicial acecha a la prensa" desde el gobierno de Giammattei
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— Diario La Hora (@lahoragt) December 12, 2022
GOBIERNO UTILIZA NARRATIVA ESTIGMATIZANTE
De acuerdo al informe de la APG, el Gobierno Central utiliza con frecuencia el discurso estigmatizante como arma para arremeter en contra de periodistas independientes y acosar públicamente a los sectores que señalan la corrupción.
La divulgación de esta narrativa sobre enemigos internos o la imposición de una “agenda globalista” en contra de los supuestos valores democráticos del régimen, podría utilizarse por el Estado, poderes políticos y sectores afines para arreciar la cacería de periodistas críticos, explica la Asociación en el informe.
DENUNCIAS DE PERIODISTAS INCREMENTARON
El Observatorio de los Periodistas de la APG de enero de 2020 a octubre de 2022 registró 389 acciones contra la prensa, “convirtiendo a este mandato gubernamental en el periodo con mayores limitaciones, ataques y criminalización hacia los periodistas”, señala.
“La intolerancia a la libertad de expresión y su autoritarismo son un legado que caracterizará a Giammattei incluso cuando abandone la vida pública y política”, refieren.
En este mismo periodo, la Fiscalía de Delitos en Contra de Periodistas del MP recibió 53 denuncias en 11 departamentos, archivó 34 expedientes y desestimó otros 84.
Sectores y analistas explicaron las implicaciones que podría tener esta medida. ⬇️#PorSiNoLoVio https://t.co/ys420lljKx
— Diario La Hora (@lahoragt) December 11, 2022
CASO LA HORA
Asimismo, dentro del informe señalan intentos de censura contra La Hora por medio de denuncias “sin fundamento presentadas en el MP para impedir que periodistas cubran audiencias judiciales, para evitar que los medios conozcan y divulguen las acciones de las partes procesales y, probablemente, arbitrariedades dentro del proceso”.
Óscar Clemente Marroquín y Pedro Pablo Marroquín, presidente y director general de La Hora, fueron denunciados el año pasado por Alejandra Carillo, directora del Instituto de la Víctima, debido a publicaciones por supuestos actos de corrupción durante su gestión.
La funcionaria alegó “violencia contra la mujer en su manifestación psicológica” y logró que una sala de femicidio le otorgara medidas de protección, con las cuales censuró al medio para que no publicara nada sobre ella y su papel como empleada pública, detalló la APG.
Las medidas se otorgaron a mediados de diciembre de 2021 y se renovaron el 15 de junio de 2022.
